México: la Procuraduría General investiga a 1937 funcionarios por presuntos hechos de corrupción
Investiga la PGR por corrupción a 1,937 funcionarios
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cerca de 2 mil funcionarios involucrados en hechos de corrupción, entre ellos los inmiscuidos en el caso Odebrecht, se indica en un informe que el ex titular de la dependencia Raúl Cervantes Andrade entregó al Senado, en el que se destaca que se avanzó en un nuevo modelo de impartición de justicia que se dará a conocer en breve.
Se resalta asimismo que durante su gestión se desarrolló un diagnóstico encaminado a modificar la arquitectura institucional y administrativa de la PGR, dado que es inadecuada e insuficiente para el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Incluso se negocia un crédito de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de transformar a la dependencia.
En ese documento, titulado Desafíos y acciones para consolidar el sistema penal acusatorio, Cervantes Andrade –quien estuvo menos de un año al frente de la dependencia– resalta que ‘‘durante los pasados 100 años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de justicia’’.
Con base en esos hallazgos, dijo, es que se trabajó en un nuevo modelo de procuración de justicia, que tuvo la asistencia técnica del BID, que autorizó 100 mil dólares en fondos no rembolsables, ‘‘para desarrollar un plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la procuraduría’’, fase que habrá de concluir el próximo mes de diciembre.
Detalló que el 17 y 18 de julio se reunió en Washington con el presidente del BID, Luis Alberto Moeno, y se trabaja para consolidar un préstamo de inversión de 80 millones de dólares para proyectos específicos en cuatro años, destinados a la transformación de la PGR.
Se busca superar carencias y que ‘‘la Procuraduría General de la República se convierta en una institución de excelencia en la procuración de justicia’’.
En cuanto al combate a la corrupción, en el documento Cervantes destaca que se investiga ‘‘un buen número’’ de casos importantes, como Odebrecht, así como todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hay mil 134 indagatorias y mil 937 funcionarios bajo investigación, se señala.
Por separado, senadores de PRD y PT exigieron que en la investigación que presentará en los próximos días la PGR en el caso Odebrecht, se incluya a todas las empresas contratistas de la firma brasileña en México y los funcionarios involucrados en el otorgamiento de contratos a las mismas.
Luis Sánchez Jiménez, coordinador del PRD, dijo que la Secretaría de la Función Pública y la ASF tienen la obligación de investigar los contratos que se han entregado en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México a empresas como Construcciones Industriales Tapia, vinculada con el caso de la petrolera brasileña Odebrecht en México, así como con el robo de hidrocarburos en Hidalgo.
Por su parte, el senador del bloque PT-Morena Benjamín Robles Montoya dijo que la renuncia de Cervantes no puede derivar en un ‘‘carpetazo’’ en el caso Odebrecht, pero sobre todo la impunidad con que operan empresas como Construcciones Tapia, que sigue recibiendo contratos de manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El más reciente, en el nuevo aeropuerto capitalino.
Cervantes Andrade admite que deja una PGR “inadecuada e insuficiente”
Antes de renunciar como tercer procurador general de la República en este sexenio, Raúl Cervantes Andrade admitió que no se pudo realizar la “nueva arquitectura institucional y administración del cambio” en esta dependencia, y dejó pendientes mil 134 investigaciones en materia de corrupción (719 averiguaciones previas y 415 carpetas de investigación) que involucran a un total de mil 937 personas.
Así lo informó Cervantes Andrade en el documento “Desafíos y Acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, enviado el 16 de octubre al Senado de la República, el mismo día que anunció ante la Junta de Coordinación Política que abandonaba el cargo.
“La arquitectura institucional de la PGR es inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema penal acusatorio”, sentenció Cervantes, porque “hay un uso muy limitado de los medios y de las salidas alternas de solución de controversias previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)”.
Y porque “también se tienen capacidades limitadas de investigación, reflejadas en el reducido éxito de asuntos en los cuales no hay detenidos; se sigue trabajando mucho con casos donde hay flagrancia”, sostuvo el exprocurador.
Financiará el BID nueva Fiscalía; plan a cuatro años
Con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la PGR se propone iniciar su transformación en Fiscalía General de la República, profesional y autónoma, en un proyecto que requerirá cuatro años.
Se trata del proyecto, por su escala, “más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, de acuerdo con el banco. Aportará 80 millones de dólares; unos mil 440 millones de pesos.
Según el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador Raúl Cervantes entregó al Senado, se busca terminar con la improvisación que ha imperado en esa institución.
También, transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia”.
Transformar PGR costará 1,440 mdp
El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará al país un crédito para financiar el proyecto.
La transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República profesional, autónoma y sin parches legislativos costará 80 millones de dólares, equivalentes a mil 440 millones de pesos, y requerirá de cuatro años de constante trabajo supervisado por expertos nacionales e internacionales.
El dinero provendrá de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que calificó esta colaboración como “el proyecto, por su escala, más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, y su ejecución comenzará en los primeros meses del próximo año.
Así lo revela el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, entregó al Senado y que ayer fue notificado al pleno de los senadores.
“Nuestro diagnóstico institucional indica que, a lo largo de los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en su encargo ha sido de menos de dos años. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la PGR ha sido más el resultado de las coyunturas legislativas nacionales y del estilo de la o del titular en turno que de un ejercicio de desarrollo organizacional sistemático y con misión de largo plazo. Por ello, desde la PGR nos hemos propuesto terminar con esa improvisación”, indica el documento.
Así, durante el año que Raúl Cervantes encabezó la Procuraduría, se trabajó para sentar las bases que permitan transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia, bajo el sistema penal acusatorio; de alto reconocimiento social por su imparcialidad, objetividad y capacidad técnica; con un servicio de carrera que ofrezca a sus empleados un desarrollo humano integral y genere orgullo institucional, y que esos factores sean auto sostenibles”.
Las bases colocadas para esta transformación se apegan a las mejores prácticas internacionales; se creó el Fideicomiso para la Ejecución de los Programas de Mejora de la Prestación del Servicio de Procuración de Justicia Bajo el Sistema Penal Acusatorio, para garantizar que el dinero invertido no se desvíe a ningún otro propósito y se garantice la transparencia, control, continuidad, estabilidad, aprovechamiento integral e imparcialidad.
Se ejecutarán Programas de Mejora, a partir de un Comité Técnico y un Consejo de Expertos Invitados “con capacidad para opinar sobre el diseño y ejecución de los Programas de Mejora, y que tiene por objeto constituirse en un mecanismo de control de calidad de los trabajos”.
Aclara que el perfil de los integrantes de este consejo es de “personas con amplio reconocimiento y reputación profesional y moral, con experiencia probada en la creación de instituciones públicas, prestadoras de servicios de alta complejidad y volumen, que se han mantenido eficientes e íntegras con el paso del tiempo o que tengan experiencia en la gestión de organizaciones de procuración de justicia bajo sistemas acusatorios”.
El documento añade que la PGR y la Secretaría de Hacienda analizaron formas de financiamiento de esta transformación y consideraron que la mejor opción es el BID, y, así, se acordó “crear un marco metodológico de ejecución de cuatro años, que permita dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico de la Arquitectura Institucional y de la estrategia de Administración del Cambio, entre otros.
“Como primer paso, el BID autorizó cien mil dólares en fondos no reembolsables, para desarrollar el plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la PGR. Esta fase concluirá en diciembre de 2017”, dice el documento; los 100 mil dólares equivalen a un millón 800 mil pesos, en función del tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.
En la segunda fase se pondrán en marcha los programas para el Plan Estratégico Institucional; de Arquitectura de la PGR y para la Estrategia de Administración del Cambio para la Transformación de la Arquitectura Institucional de la Procuraduría General.
Revela que desde julio, la PGR, el BID y la Secretaría de Hacienda “trabajan para consolidar un préstamo de inversión con Cooperación Técnica para Proyectos Específicos de cuatro años, para ejecutar los tres programas mencionados. El financiamiento solicitado es de 80 millones de dólares a ejecutarse en ese periodo”, que equivalen a mil 440 millones de pesos.
