Colombia: forenses dicen que campesinos de Tumaco fueron asesinados por disparos a larga distancia
Campesinos de Tumaco murieron por disparos de larga distancia: Medicina Legal
Culminadas las labores de necropsia e identificación de las víctimas de los hechos ocurridos el pasado jueves en Tumaco, el grupo de médicos de Medicina Legal que se desplazó hasta el municipio nariñense estableció que los disparos no fueron hechos a corta distancia.
El informe, por otra parte, señala que el análisis de los médicos, odontólogos, radiólogos y técnicos forenses que se desplazaron a la zona, permitió identificar que «los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad». (En contexto: Tumaco, el municipio más afectado por cultivos de coca en el país)
Asimismo, el Instituto confirmó la plena identidad de seis víctimas:
Aldemar Gil Guachetá, de 25 años
Diego Escobar Dorado, de 31 años
Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años
Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años
Jaimen Guanga Pai, de 45 años
Alfonso Taicús Taicús, de 32 años.
El vicepresidente, Óscar Naranjo, anunció que estará durante ocho días en Tumaco para reunirse con representantes de las comunidades, entre líderes y defensores de derechos humanos. Mientras la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría realizan un trabajo con el objeto de poder establecer autorías y responsabilidades.
Las investigaciones sobre los disturbios en Tumaco siguen avanzando. La Fiscalía informó en su último comunicado que hasta el momento van seis muertos y más de 30 personas heridas. Además, anunció que ya empezaron las investigaciones correspondientes para averiguar qué fue lo que sucedió. A estos esfuerzos se sumaron la Procuraduría, la ONU y la Defensoría del Pueblo.
El pasado 5 de octubre se presentó un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y campesinos en Tumaco. El Ejército y la Policía explicaron que el fuego lo inició grupos de disidentes de las Farc. En cambio, la versión de los campesinos dice que fueron los mismos integrantes de la Fuerza Pública quienes dispararon contra ellos.
El conflicto por invasión de tierras que ha impedido la sustitución en Tumaco
En Tumaco, Nariño, un territorio de más de 25 mil hectáreas en zona conocida como Alta Mira y Frontera, con más de 5 mil familias afrodecendientes y que están de acuerdo con la sustitución, de están viendo presionadas por grupos al margen de la ley que buscan que se mantengan los cultivos de coca.
Sumado a esto, al territorio llegaron desde hace algunos años personas de otros departamentos como Cauca, Putumayo y Caquetá, quienes invadieron el terreno y empezaron a sembrar coca en zonas que se consideraban de reserva ambiental.
Al término de un encuentro con líderes de estas comunidades que fueron desplazados por amenazas, el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, explicó que a ese territorio, “son unas 5 mil personas, dicen ellos, que han ocupado la mitad del territorio colectivo”.
Allí no ha sido posible iniciar el programa de sustitución porque se requiere que haya propiedad de la tierra.
“Quienes están cultivando la coca no la tienen y quiénes son las autoridades legítimas, que son el Consejo Comunitario, tiene solo una parte del terreno”, señaló.
De manera que “hay un conflicto al interior de la comunidad, las personas que llegaron recientemente que están sembrando coca muchas de las siembras son en extensiones grandes y los habitantes tradicionales ancestrales de zona, que son los que están representados por el consejo comunitario tienen extensiones más pequeñas, es un conflicto social que viene de antes”.
Como gobierno se trabaja para arreglar la legitimidad al Consejo Comunitario como ordenar la ley 70, que establece territorios colectivos para la comunidad afrocolombiana.
Según informes de inteligencia, hay grupos armados entre ellos un narcotraficante denominado con el alias de Cachi y un disidente de las Farc con el alias de Guacho, que están presionando a la comunidad para continuar con los cultivos de coca y oponerse a la sustitución.
El ministró Pardo dijo que buscan mecanismos, “en los cuales ellos pueden tener herramientas de transformación del territorio y el proceso de sustitución colectivos coordinados por el Consejo Comunitario”.
En la zona se está haciendo erradicación de manera forzosa a quienes se oponen a la sustitución, tal como lo ordena la ley, quienes invadieron el territorio no están en la clasificación de pequeños agricultores ni son propietarios de la tierra.
El vicepresidente Naranjo afirmó que se incrementarán las acciones de la guerra pública, para garantizar la seguridad de las comunidades afrodecendientes, al igual que de quienes quieres realizar la sustitución voluntaria de los cultivos Ilícitos y perseguir a los narcotraficantes y grupos ilegales detrás de las presiones a los cultivadores.
Del acuerdo de La Habana a la cruda realidad de Tumaco
Por Marisol Gómez Giraldo
La muerte de un número aún impreciso de campesinos esta semana en una zona rural de Tumaco, en medio de un forcejeo entre la Fuerza Pública y cocaleros que se oponían a un operativo de erradicación de sus cultivos, dejó al descubierto que el acuerdo de La Habana sobre drogas y cultivos ilícitos está desbordado por la realidad en el terreno.
Tumaco es hoy el más crudo escenario de los desafíos que enfrenta el posconflicto. Y también es la prueba de que, por lo menos hasta ahora, al Estado le está quedando grande la tarea.
El puerto nariñense no solo concentra el 16 por ciento de los cultivos de hoja de coca del país y la más cruenta disputa territorial de narcotraficantes –entre enero y septiembre hubo 129 homicidios, 23 más que en el mismo periodo del 2016–, sino también una aguda y creciente tensión entre la Fuerza Pública y los cocaleros. Comenzó en abril con el asesinato de un agente antidisturbios y la retención de 11 policías antinarcóticos de parte de campesinos.
Con la Fuerza Pública en tensión, los cocaleros a la defensiva y los narcotraficantes presionando, un episodio como el ocurrido el jueves era apenas previsible. Testimonios de campesinos presentes en el lugar indican que la Fuerza Pública abrió fuego cuando vio que los manifestantes cocaleros se le acercaban.
En medio de la frágil situación de Tumaco, el Estado ha optado por privilegiar la erradicación forzada de los cultivos ilícitos para mostrar resultados a Washington, que presiona por la reducción de esos plantíos.
Hasta ahora, en ese municipio son marginales los logros del programa de sustitución voluntaria, eje del pacto antidrogas de La Habana.
En Tumaco se va a avanzar en la sustitución voluntaria, pero no todos los campesinos van a entrar a ella porque el programa es solo para quienes tienen menos de 3,8 hectáreas.
Aunque hay acuerdos individuales de sustitución con 1.908 familias, y colectivos con 7 comunidades, según la Oficina de Drogas de la ONU los compromisos para erradicar voluntariamente abarcan, a la fecha, solo 357,8 hectáreas.
Esta cifra equivale apenas al 1,5 por ciento de las 23.148 hectáreas de hoja de coca detectadas en Tumaco en el 2016.
En cambio, mediante el programa de erradicación forzada, en medio del cual se dio el conflicto del jueves, van 9.500 hectáreas destruidas.
El consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, sostiene que “en Tumaco se va a avanzar en la sustitución voluntaria, pero no todos los campesinos van a entrar a ella porque el programa es solo para quienes tienen menos de 3,8 hectáreas y hay gente con cultivos industriales”. Estos serán erradicados.
Toda esta situación pone en evidencia que hay un gran trecho entre lo que se firmó en La Habana y lo que se puede hacer en el terreno.
Para el caso de Tumaco, no era suficiente pactar con las Farc la sustitución voluntaria, porque esa exguerrilla había contribuido a crear allí una tensión desconocida para el país entre campesinos y comunidades afro. Particularmente, en la zona donde ocurrió la matanza: Alto Mira y Frontera.
La calma allí se rompió en el 2002, cuando, según la historia que relatan los campesinos afrocolombianos (organizados en el Consejo Comunitario Pueblo Negro Alto Mira y Frontera), con el respaldo de las Farc, comenzaron a instalarse en su territorio colectivo (de 24.000 hectáreas) cocaleros desplazados por el Plan Colombia de lugares como Putumayo y Caquetá. “Se metieron a la reserva forestal del territorio colectivo, tumbaron selva y comenzaron a cultivar coca”, contó un líder comunitario.
En el 2009 ya esos cocaleros nómadas se habían organizado y crearon una asociación hoy conocida como Asominuma, a la que pertenecen los muertos del jueves. Una evidencia de las tensiones entre campesinos patrocinados por las Farc y las comunidades negras fue el asesinato, en el 2015, en pleno proceso de paz, del dirigente del Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, Genaro García. La exguerrilla, desde La Habana, reconoció el hecho como un error. Por eso, en esa convulsionada zona de Tumaco, el acuerdo de paz con las Farc creó la ilusión de que se acabarían las tensiones entre las comunidades. Pero esto no ha ocurrido.
La conducción del posconflicto en Tumaco exige, hoy, un golpe de timón.
