Colombia: asesinan a líder comunitario que denunció la masacre policial en Tumaco
Un nuevo episodio de violencia en Tumaco ha prendido las alarmas sobre la grave situación humanitaria que vive esa parte del país. El líder comunitario José Jair Cortés, de 41 años, perteneciente a una de las comunidades que denunció la masacre ocurrida el pasado 6 de octubre en ese municipio, fue asesinado en horas de la tarde.
Jair Cortés era un importante miembro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y fue uno de los que quiso hacer visible la situación de emergencia humanitaria y violencia que campesinos de la comunidad afro e indígena viven en la zona rural de Tumaco, el municipio que más hectáreas de coca tiene sembradas en el país.
El homicidio de Jair se da dos semanas después de la terrible masacre que se presentó en Tumaco, en la que asesinadas seis personas y quedaron heridas 23. Cortés habría sido atacado en un sector denominado la Y, en pleno centro de la ciudad nariñense.
El principal motivo de las amenazas está relacionado con su apoyo y el de la Junta de Gobierno al programa de sustitución de cultivos de hoja de coca que está adelantando el gobierno nacional en desarrollo de la implementación del acuerdo pactado con la guerrilla de las Farc para buscar ponerle fin al problema de las drogas ilícitas.
SEMANA consultó algunas fuentes de la zona y advierten que la muerte de Jair era algo que ya temían desde hacía tiempo. La junta de gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, de la que Jair era vocal y hacía parte, se encuentra amenazada en su totalidad. Cortés, como los otros 18 miembros de la junta, estaba bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero esto poco sirvió para evitar su asesinato.
Alto Mira es el lugar donde ocurrió la masacre de los campesinos cultivadores de coca hace dos semanas. Es importante recordar que fue este consejo comunitario el que denunció lo ocurrido en la zona rural de Tumaco, en especial en el corregimiento de Llorente. En su momento, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que dice que miembros de la policía antinarcóticos serían los responsables de aquel múltiple crimen de seis campesinos.
Poco después de que se confirmara la noticia, la Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de Jair. La oficina había pedido reforzar las medidas de seguridad al líder del consejo comunitario, desde el 8 de octubre, dos días después de perpetrada la masacre.
Ese día fue emitido un informe en donde se alertaba por el riesgo de los miembros del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera de Tumaco y se hicieron recomendaciones para la protección de los mismos.
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, también se manifestó frente al asesinato de Jair y pidió a las autoridades a investigar los hechos que conllevaron a la muerte del líder comunitario. Romero se había reunido con Cortés días antes de su muerte.
“Nos afecta profundamente esta muerte, justamente días después de habernos reunido en Tumaco con él y los demás miembros de esta Junta de Gobierno correspondiente al territorio donde recientemente se presentaron los dolorosos hechos que dejaron 6 campesinos asesinados y decenas de heridos y que aún son materia de investigación”.
Tumaco, Nariño, es el municipio con más coca sembrada en el país, con más de 20.000 hectáreas. La erradicación forzada se ha concentrado en esta zona de frontera donde el gobierno considera que hay cultivos industriales que llegan a las 5.000 hectáreas. Allí hay lotes de más de 100 hectáreas protegidos por campos minados y por pequeños ejércitos armados, que usan de carne de cañón a los campesinos pobres que llegan de Caquetá, Putumayo o de otros municipios de Nariño.
Líderes asesinados: la mayoría, en zonas claves para la paz
Si bien la paz con las Farc redujo significativamente el número de muertes por razones del conflicto armado, desde la firma de los acuerdos con esa exguerrilla han aumentado los asesinatos y las agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos debido a disputas por el control territorial.
Esta tendencia comenzó a mediados del 2016 –cuando ya estaba cercana la paz con las Farc– y se ha mantenido en lo que va del 2017, según un estudio conjunto del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Las cuatro instituciones se unieron, compararon los informes que sobre el tema se presentan desde distintas organizaciones sociales y ONG y depuraron las cifras.
El resultado de ese estudio, titulado ‘Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre del 2017’, da cuenta de que el año pasado hubo en total 98 homicidios y 3 desapariciones forzadas.
Quizás lo más novedoso e interesante del trabajo de los investigadores es que, al cruzar los datos, encontraron que el mayor número de muertes y agresiones ocurre en zonas cocaleras y en las regiones delimitadas para las circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes.
Según el informe, en 14 de esas 16 zonas hubo asesinatos de líderes sociales. De hecho, ocurrieron 64 crímenes de los 98 registrados el año pasado, y 1 de las 3 desapariciones forzadas reportadas.
Y por municipios, hubo crímenes en 35 de los 170 que conforman esas zonas, priorizadas por el Gobierno para la inversión rural por haber sido las más afectadas por el conflicto armado. En cuanto a la relación de zonas cocaleras con los asesinatos, el informe señala que 31 de los 84 municipios con crímenes tenían cultivos de hoja de coca.
Encabezan la lista Tumaco (Nariño), donde el jueves 5 de octubre resultaron muertos 6 campesinos cocaleros cuando protestaban contra un operativo de erradicación forzada, El Bagre (Antioquia), Corinto, Caloto, El Tambo (Cauca) y Buenaventura (Valle).
Por departamentos, el Cauca se ratifica como el territorio donde más riesgo corren los líderes sociales, con 35 muertos en el 2016. Los indígenas y campesinos aportan el mayor número de víctimas.
“No se perciben avances en términos de disminución de agresiones ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales; por el contrario, la situación empeora comparando el primer semestre de lo sucedido en 2015 y 2016”, dice el informe. Reitera que la tendencia se mantiene en lo que va del 2017.
Lo más grave, afirman los investigadores, es que pese a las denuncias de organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, además del Cauca, Antioquia, Valle y Nariño siguen a la cabeza de departamentos con más crímenes. Ese año se sumaron a esa lista Chocó y Cesar.
“Esto debería alertar sobre la ineficiencia de las medidas de protección y seguridad adoptadas por las autoridades”, agrega el estudio.
Impunidad, la constante
Lo peor, de acuerdo con los investigadores, es que en la mayoría de los casos aún se desconocen los autores, pese a que el Acuerdo de Paz de La Habana establece la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para investigar estos crímenes.
Solo para poner un ejemplo, en 58 asesinatos, de los 98 ocurridos en el 2016, el autor no ha sido todavía identificado.
Al ‘clan del Golfo’ o autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia les atribuyen 25 de los crímenes.
La situación de los líderes sociales llamó la atención del subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, quien estuvo recientemente en el país. Luego de una visita de seis días, Gilmour pidió al Gobierno, al Congreso y la justicia medidas efectivas contra los responsables de los crímenes. “Estamos hablando no solo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes ordenaron o pagaron para hacerlo”, añadió.
Precisamente, las cuatro instituciones que elaboraron el informe piden a la Fiscalía poner en marcha la Unidad Especial de Investigación, ya creada mediante decreto, para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.
Mesa en el Cauca para hacer seguimiento
En el Cauca, el departamento con más asesinatos de líderes sociales, 35 en el 2016, crearon una mesa de garantías, en la que, según la administración departamental, están, además de la Gobernación, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales para hacerles seguimiento a los hechos de violencia.
La administración seccional considera que eso permite buscar la verdad de los casos y tomar acciones. De hecho, en la Gobernación afirman que la violencia está relacionada con la llegada de otros grupos armados a las zonas que antes ocupaban las Farc en lugares como Toribío, Jambaló y Corinto, en el norte caucano, y Argelia y El Tambo, en el sur. Esos grupos, incluidas disidencias de las Farc o del Eln y bandas, tendrían nexos con minería ilegal y el narcotráfico. En esos reacomodos, según la administración seccional, los líderes comunitarios quedan en riesgo.
Algunos sectores denuncian en redes sociales la presencia de paramilitares relacionados con el ‘clan del Golfo’ y ‘Águilas Negras’, interesados en generar crisis, en especial, en sectores cercanos a las zonas donde están los excombatientes de las Farc.
