Santiago Maldonado: el gobierno argentino rechaza que se conforme un grupo de expertos independientes de la ONU
El gobierno descartó la formación de un equipo de expertos
El gobierno nacional descartó la idea de avanzar en la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado, informó una fuente oficial luego de una reunión entre funcionarios y el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra.
«Fue una reunión muy cordial, pero se arribó a esa conclusión», confirmaron fuentes oficiales tras finalizar el encuentro que mantuvieron en Buenos Aires el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con Incalcaterra.
De acuerdo con lo que se adelantó, el gobierno argentino seguirá trabajando con la ONU, aunque por el momento considera que la investigación que lleva adelante el juez federal Guido Otranto «se está encauzando».
«De todas formas, se va a seguir trabajando con este y todos los organismos internacionales, y seguiremos manteniendo un dialogo fluido con ellos», dijo la fuente, que agregó que «el ministro Garavano ya le comunicó a la familia Maldonado esta decisión».
Incalcaterra, quien reside en Chile, viajó a Buenos Aires para reunirse ayer con los representantes del Gobierno y avanzar en tratativas en pos de la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto pasado.
La conformación de este grupo de trabajo independiente había sido resuelto como respuesta al pedido de la familia Maldonado en el marco de la reunión que sus abogados mantuvieron con las autoridades el 29 de agosto pasado.
Luego de ese encuentro, el Gobierno comenzó gestiones ante el organismo de las Naciones Unidas encargado de las temáticas referidas a Derechos Humanos.
El delegado de la ONU ya había mantenido reuniones con el ministro Garavano y con el secretario Avruj, quienes recibieron de parte de la familia Maldonado el pedido de que el Estado «garantice una investigación independiente» con la cooperación y asistencia técnica del organismo regional de la ONU y la participación de expertos independientes.
El martes pasado, a través de un comunicado de prensa, la oficina de la Acnudh había expresado su preocupación por la «falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo» y pidió a las autoridades «realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas».
«La Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos. En especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública», afirmó Incalcaterra en ese comunicado, en alusión a la eventual participación de la Gendarmería en el hecho investigado.
El 7 de agosto pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas exigió al Estado argentino tomar «todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar» a Santiago Maldonado,
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos del joven artesano y reclamó al Gobierno otorgar información sobre las acciones adoptadas a fin de «investigar los presuntos hechos ocurridos».
El gobierno volvió a negar que el caso de Santiago Maldonado sea una desaparición forzada
El gobierno recayó nuevamente en su decisión de negar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esta semana reingresó en escena la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que habían retirado de las cámaras luego de que se descartara la versión del puestero. En los últimos días, los funcionarios insistieron con la importancia de los exámenes de ADN que se estaban haciendo sobre las camionetas y los materiales extraídos de los allanamientos a los escuadrones de Gendarmería. Cuando ayer se conoció que había dado negativa la compatibilidad con el perfil genético de los Maldonado, la ministra de Seguridad se apresuró a afirmar: “Esto despeja muy fuertemente las acusaciones de una desaparición forzada”. Desde los organismos de derechos humanos recordaron que las camionetas fueron manipuladas por los gendarmes. “El resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Absolutamente ninguna. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas”, advirtió José Schulman, de Liga Argentina por los Derechos de Hombre (LADH). Desde el Gobierno le negaron a la ONU la posibilidad de abrir una comisión especial por Maldonado.
Ante el caso Maldonado, el Gobierno viene probando todas las versiones posibles: fomentó la idea de que un puestero había acuchillado a Maldonado y este había sido escondido por la RAM (esa entidad que el oficialismo agita). La versión la sostuvieron pese a una sucesión de testimonios y hasta videos que la desmentían, dado que lo mostraban a Maldonado sano y salvo después de la cuchillada. Pero el Gobierno solo acusó recibo cuando un examen de ADN descartó esa versión. En ese momento, retiraron de la escena a Patricia Bullrich, quien había hecho una defensa a ultranza de la Gendarmería y había sostenido que les creía cuando decían que no habían hecho nada.
Con el paso de los días, luego de cuestionar la credibilidad de los testigos que más comprometían a los gendarmes y sugerir que Maldonado podría estar escondido en alguna parte, comenzaron a instalar la idea de que podía haber uno de ellos que hubiera cometido un “exceso”. La versión se corporizó cuando entregaron al juez una lista de gendarmes que se encontraban en la zona del río. E hicieron trascender que le apuntaban a uno de esos gendarmes, que podría haber actuado en medio de una suerte de emoción violenta. A diferencia de la hipótesis de que se lo llevó la Gendarmería, el Gobierno no ha dado a conocer testigos ni pruebas materiales que apoyen esta especulación. Además, el CELS denunció ayer que los testimonios de gendarmes que aportaron a la causa ya los tenía el 16 de agosto y recién los sumaron al expediente el 10 de septiembre, sin que exista una justificación para esa tardanza (ver aparte).
En los últimos días, los funcionarios macristas volvieron sorpresivamente a señalar que el presidente Mauricio Macri consideraba una cuestión clave los exámenes de ADN de las muestras genéticas que extrajeron de los regimientos y las camionetas. “Esta es una prueba central y casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastantes sospechados”, afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, antes de que se hiciera público el resultado negativo de las pericias. Como adelantó PáginaI12 en su edición de ayer, esto era el paso previo para sostener que sin material genético en las camionetas, quedaba totalmente descartado que lo hayan trasladado en esos vehículos. En rigor, existen diversas formas de evitar que queden muestras genéticas o de limpiarlas con químicos, por lo que en una investigación normal un resultado negativo no descartaría esa línea de investigación, mientras que un resultado positivo lógicamente la hubiera confirmado.
No es ése el razonamiento que buscó instalar el oficialismo. En un breve contacto con la prensa, la ministra de Seguridad sostuvo: “Hoy lo más importante de la causa Maldonado es que la prueba de ADN dio negativa en las camionetas y aleja la hipótesis de un plan sistemático. Es para nosotros fundamental, muy profundo y muy importante: todos los ADN han dado negativo en todos los transportes de la Gendarmería”, remarcó Bullrich. “No quiero hacer una lectura… dio negativo. Es muy importante. Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada y nos abre ventanas a otras hipótesis que siempre hemos planteado”, sostuvo. Luego se retiró sin contestar más preguntas.
La ministra de Seguridad decidió así pasar por alto que el defensor oficial Fernando Machado había denunciado que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran las muestras. Incluso había señalado que las fajas de seguridad de una puerta estaban rotas. El juez Guido Otranto, no obstante, no hizo lugar a su planteo: sostuvo que eso no era así y avanzó con los análisis de ADN, que dieron finalmente negativo.
En Balcarce 50, insistían ayer con que esto descartaba en forma definitiva la posibilidad de un traslado del cuerpo fuera de la Pu Lof. Un funcionario del Ministerio de Seguridad sostuvo ante este diario que no era posible que hubieran borrado las huellas. “Si las hubieran borrado, no se hubiera encontrado ningún material genético. Si lavaron las camionetas, ¿cómo es que se encontraron cabellos y otras evidencias para analizar?”, argumentaba. También volvió a desacreditar al testigo Matías Santana, quien aseguró que vio como se llevaban a Maldonado. “Confunde los camiones. No es creíble”, remarcó.
“El resultado negativo de los ADN no tiene ninguna implicancia. Absolutamente ninguna. Simplemente que en la camioneta que ellos dieron no había muestras. Ya había testimonios de que la Gendarmería cambió, lavó y manipuló las camionetas”, advirtió José Schulman, de Liga Argentina por los Derechos de Hombre (LADH). “Mientras tanto, Santiago Maldonado sigue desaparecido y el Gobierno sigue encubriendo. Y el encubrimiento es generar una versión falsa de lo ocurrido. La versión de que un gendarme se enojó, no quería pero lo golpeó y se cayó al río puede estar preparando algún hallazgo macabro”, advirtió Schulman sobre el rastrillaje en el río Chubut.
En línea con su posición de que no existió una desaparición forzada –que no es sinónimo de un plan sistemático– el Gobierno rechazó ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) la posibilidad de crear una comisión que se ocupe de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El encargado de transmitirles la negativa a la ONU fue nada menos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se reunió con el delegado de Acnudh para América Latina, Américo Incalcaterra. Peña sostuvo que no coincidían con la advertencia que les hizo la ONU a la Argentina por la “falta de progreso” en la causa judicial y las ratificó que no iba a crearse ninguna comisión porque la investigación debe llevarla adelante el juez. Le propuso seguir con el diálogo. Se aclaró a la prensa que todo fue expresado con mucha “cordialidad”. Luego, Incalcaterra se comunicó con la familia de Maldonado para informarles de la respuesta negativa del Gobierno a abrir otra vía para esclarecer la desaparición de Santiago Maldonado.
Caso Maldonado: tres gendarmes declararon ante la Justicia
Tres gendarmes declararon en el Juzgado Federal de Esquel sobre su participación en el operativo del 1° de agosto en tierras del Pu Lof en Resistencia de Cushamen donde testigos vieron por última vez a Santiago Maldonado.
Los gendarmes Neri Armando Robledo, César Peralta y Walter Ruiz Díaz declararon ante el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Avila, en el caso investigado hasta ahora en dos expedientes separados, uno originado en recursos de habeas corpus y otro con la hipótesis de la «desaparición forzada» de Maldonado.
En un informe que el Ministerio de Seguridad de la Nación aportó en los últimos días a la causa judicial, se sostiene que en la persecución a integrantes del Pu Lof Robledo hirió de una pedrada a un miembro de esa comunidad mapuche. Si bien nada se informó oficialmente sobre la declaración de los tres gendarmes, cabe suponer fueron interrogados sobre lo narrado en ese informe.
De acuerdo con trascendidos, en el sumario administrativo Robledo dijo que durante el operativo del 1° de agosto hirió con un piedrazo a un manifestante de la comunidad mapuche que intentaba cruzar el río Chubut, mientras que Peralta y Ruiz Díaz lo escucharon relatar ese mismo hecho.
Mientras las declaraciones se sucedían dentro del juzgado, decenas de manifestantes se concentraron frente a la sede judicial en Esquel con pancartas y carteles en los que reclamaban la «aparición con vida» del joven artesano de 28 años, cuya presencia en el Pu Lof el 31 de julio y el 1° de agosto confirmaron varios testigos.
Los incidentes se produjeron cuando manifestantes golpearon un vehículo en el que suponían que salían los tres gendarmes, aunque quien se retiraba del lugar era la fiscal Silvina Ávila. Poco antes, había arribado una camioneta con miembros de la Policía Federal, que ingresó a la sede judicial y al salir recibió golpes de puño y patadas de personas convencidas como la mayoría de los presentes, incluidos periodistas, de que en el vehículo se retiraban los gendarmes. Los forcejeos entre policías y manifestantes se repitieron con más virulencia cuando el juez Otranto abandonaba el edificio por una puerta lateral.
Según pudieron constatar los reporteros gráficos que cubrieron el suceso, los tres gendarmes que fueron a declarar aprovecharon las corridas y forcejeos para abandonar el juzgado disfrazados de policías federales, sin ser reconocidos por los manifestantes ni los periodistas.
Por otra parte, el Juzgado Federal de Esquel informó que las muestras de ADN obtenidas en vehículos de Gendarmería no son compatibles con las entregadas por la familia de Santiago Maldonado, según los resultados de las pericias realizadas por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Un parte de prensa del Juzgado precisó que fueron analizadas un total de 80 muestras para ver si coincidían con el perfil genético de Santiago Maldonado, al comparalas con el ADN de sus padres, Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso, y Sergio, uno de sus hermanos.
Siempre según el comunicado del juez Otranto, sólo se detectó coincidencia genética en la muestra obtenida en la mochila negra secuestrada en el allanamiento realizado en la vivienda en la que residió Santiago Maldonado en la ciudad de El Bolsón y quedaban por analizar otras dos muestras.
El hermano de Santiago Maldonado volvió a pedir la renuncia de Patricia Bullrich
A más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el hermano del viajero, Sergio, volvió a exigir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y criticó al gobierno nacional luego de se supiera que no promoverá la conformación de un grupo de expertos independientes controlados por la ONU para investigar el caso del joven.
En una conferencia de prensa que brindó este martes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Maldonado pidió «la renuncia y la investigación de esto, porque ella es la cabeza principal de todas las fuerzas de seguridad».
Además, apuntó contra los agentes de Gendarmería que participaron del operativo de desalojo en la ruta 40, en Chubut. «Para mí son todos culpables —expresó—. En total son 36 ó 37 gendarmes que participaron, más los que no están declarados, pero que directa o indirectamente son culpables por encubrimiento, más sus jefes y de la ministra Bullrich para abajo, ya que es la jefa de ellos, o sea que entran todos en la misma línea, son todos culpables».
«No confiamos en la investigación», remarcó Maldonado. «Ya van 42 días de la desaparición de Santiago, por eso le habíamos pedido al Ministerio de Seguridad que ingresara la ONU como veedora e investigadora», añadió.
Las declaraciones del hermano de Santiago se producen horas después de que el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, le informara al representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, que no convocará a la comisión de expertos. La iniciativa había sido planteada semanas atrás por la familia del tatuador en una reunión con funcionarios, pero el Gobierno consideró que no es necesario crear este grupo dado que «la Justicia está trabajando bien y la investigación está avanzando».
Para Maldonado, lo que ocurrió con su hermano es «claramente una desaparición forzada de persona». «Necesitaron 42 días para que reconozcan eso, es mucho tiempo, ya tendrían que haber dado un paso al costado hace rato, porque nosotros desde el segundo día venimos diciendo que se lo llevó Gendarmería, y se tomaron 40 días más para comenzar a asumirlo», concluyó.
