El Salvador: el Estado enfrenta audiencia ante la Corte Interamericana de DDHH por ejecuciones extrajudiciales
James Cavallaro, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anotó en su libreta una cifra que, según dijo, le chocó escuchar: hubo 59 pandilleros muertos por cada policía asesinado en supuestos enfrentamientos entre pandilleros y la Policía Nacional Civil (PNC) en 2016. El dato lo proporcionaron dos organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, que ayer denunciaron en México al Estado de El Salvador por ejecuciones extrajudiciales.
“Me ha tocado estudiar las cifras de enfrentamientos reales en el hemisferio, en otros países y otras regiones. La verdad es que la proporción cuando se trata de enfrentamientos reales puede ser dos o tres veces más civiles que policías. Cincuenta veces más yo puedo afirmar que no es posible que se trate de enfrentamientos. Cuando hay cifras así se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución”, señaló Cavallaro, luego de escuchar las cifras.
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), las dos organizaciones denunciantes, expusieron que según cifra oficiales en los últimos tres años murieron 1,415 personas, más del 90 % eran pandilleros, en supuestos enfrentamientos. También denunciaron casos puntuales de ejecuciones extrajudiciales, como la masacre perpetrada el año pasado en la finca San Blas, donde murieron seis pandilleros y dos civiles a manos de la Policía; o como la masacre ocurrida en Panchimalco, en agosto de 2015, cuando policías y soldados asesinaron a cinco hombres jóvenes.
La CIDH, a petición del comisionado Cavallaro, solicitó al Estado salvadoreño la cifra de personas heridas, tanto civiles como policías, en los supuestos enfrentamientos. “Cuando hay más personas muertas que heridas no son enfrentamientos, porque no se está disparando para incapacitar, sino para matar”, advirtió el experto en derechos humanos.
Desde enero hasta el 21 de agosto de 2017, según estadísticas de la PNC, ocurrieron 346 tiroteos, catalogados como enfrentamientos por la Policía, en los que fallecieron 202 supuestos pandilleros. En lo que va del año han sido asesinados 23 policías, dos de esos agentes fallecieron en tiroteos con pandilleros, el resto fue atacado cuando estaba de licencia.
“Si esas cifras se repiten a lo largo del tiempo, estamos trabajando con un patrón de uso extremamente excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado… Esas cifras indican ser un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de los efectivos de la Policía y de las fuerzas militares”, declaró el comisionado de la CIDH.
El Gobierno, representado por el viceministro de Seguridad, Raúl López, negó que el Gobierno del FMLN esté solapando o acuerpando abusos de los miembros de cuerpos de seguridad. El funcionario reconoció que hay abusos, pero desmarcó al Gobierno del “mal proceder” de algunos agentes.
“No pretendemos afirmar que se encuentra totalmente a salvo el clima de paz en nuestro país. Sabemos que existe una crisis de violencia y que a veces pueden existir excesos o mal proceder de algunos miembros de la autoridad, pero eso, hay que dejarlo claro, es una decisión personal, no una política del Estado de El Salvador”, declaró López.
El viceministro de Seguridad usó buena parte de su presentación para hablar del plan El Salvador Seguro (PES) y del daño que las pandillas han causado a la población, pero no se refirió a ninguno de los casos puntuales citados por los peticionarios. Lo que sí repitió es que el Gobierno no tolerará ilegalidades: “Descarto y niego, totalmente, cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos ilegales que violenten derechos fundamentales”, dijo.
Las peticiones
Los denunciantes solicitaron al Estado que investigue y sancione a policías y militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, y que fortalezca los controles internos de la PNC. También propusieron la creación de una comisión, integrada por la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y una unidad de la Policía para la investigación de estos casos.
“Para mí ha llamado fuertemente la atención del Estado salvadoreño para que tome cartas en el asunto y pueda investigar estos casos. Nos preocupa la respuesta de la representación del Estado, ya que además de no sentirse interpelados ante este tipo de comentarios, no ha mostrado, durante la audiencia, ninguna acción concreta que vaya en la línea de garantizar la no repetición de los hechos”, señaló, después de la audiencia, Verónica Reyna, subdirectora de Derechos Humanos del SSPAS.
Alberto Brunori, representante de las Naciones Unidas en la audiencia, preguntó si hay planes para fortalecer al Ministerio Público para que este robustezca las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país. La Fiscalía, hasta el momento, únicamente ha judicializado tres casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías. La Procuraduría de Derechos Humanos, por su parte, investiga 40 casos en los que presume exterminio.
Arnau Baulenas, quien participó en la audiencia en representación del IDHUCA, señaló que “hay poco rigor en la recolección de la prueba y se muestra reticencia para colaborar” en las investigaciones de estos casos. En algunos casos, a juicio del abogado, la Fiscalía permite la impunidad porque no presenta los requerimientos, o si los presenta en las acusaciones contra policías, pide que sean procesados en libertad. Además, los peticionarios dijeron a la Comisión Interamericana que menos del 10 % de los impuestos para la seguridad van dedicados para prevención y que solamente existen 29 psicólogos para 27,000 miembros de la corporación policial.
Margarette May Macaulay, quien presidió la audiencia, dejó abierta la posibilidad de visitar El Salvador para inspeccionar las denuncias sobre ejecuciones. También pidió al Estado salvadoreño que le informen las capacitaciones sobre derechos humanos a los agentes y soldados. “Estos dictámenes sobre el nivel de violencia que ocurre en El Salvador nos preocupan”, comentó la comisionada.
La comisión emitirá un informe sobre todas la audiencias. “Esperamos que se pronuncien sobre la situación de El Salvador. Nos alegró mucho el interés de la relatora para realizar una visita académica y poder verificar los hechos”, dijo Reyna.
