Puerto Rico: a un año de la Junta de Control Fiscal – Por Cándida Cotto
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
A un año de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) por el Congreso de Estados Unidos (EEUU) sobre su colonia, el ente sí ha cumplido con su misión de reducción de gastos y ajustes estructurales en el gobierno de Puerto Rico; eso sí en perjuicio del pueblo puertorriqueño. Consultados por Claridad miembros de la Asociación de Economía Política (AEP) y la vice presidenta de la Asociación de Economistas (AE) coincidieron en esta apreciación.
“Los ajustes y la reducción de gastos impuestos por la JCF son exclusivos para los gastos sociales, los empleados públicos, la UPR y los municipios y no habla de regular los gastos en contratos millonarios, en salarios altos de funcionarios, los gastos de la Legislatura y los gastos en publicidad, o sea los recortes son para el pueblo”, denunció Martha Quiñones Domínguez, vice presidenta de la AE.
En esa dirección trajo a la atención la larga lista de las medidas ordenadas por la JCF y cumplidas por el Gobierno como lo son; revisar las tarifas para licencias, seguros y multas de tráfico, cambiar el sistema de permisos, la reforma energética con recomendaciones de aumentos, aumentos en el agua, la reducción de fondos a la UPR y Municipios, la reforma laboral y el empleador único, la eliminación de días de vacaciones y enfermedad, el bono de Navidad, limitar los servicios de salud, y ahora la reducción de la jornada laboral, esta última lo que traerá luego será la eliminación de agencias y recortes y cambios a las pensiones.
Quiñones Domínguez fue enfática en denunciar que la JCF no ha venido a controlar la corrupción, sino a utilizarla para favorecer el proyecto económico y político que tienen para la colonia utilizando a las elites políticas y económicas para esa función. En ese proyecto económico todos los haberes del país están a la venta lo que constituye un robo de capital o activos públicos, se institucionaliza la corrupción y sus derivados como lo son el nepotismo, el clientelismo y el peculado.
Por su parte el economista Ricardo Fuentes de la AEP, puntualizó: “Para todos los diversos sectores del país que advirtieron que la Junta venía a imponer austeridad y empeorar la situación, lamentablemente ha cumplido. Para aquellos que pensaban que la Junta venía a “enderezar esto,” definitivamente no ha cumplido”.
En tanto su colega Heriberto Martínez coincidió con esta apreciación y lanzó su censura en la misma línea que Quiñones Domínguez. “Lo que hay que matizar, es que la austeridad se le ha aplicado con mucha fuerza a la inversión social, particularmente en la Universidad de Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro, y en educación. No obstante, vemos que el gasto político en el gobierno central continúa sin contratiempos. Los salarios por encima de $150,000 anuales se han vuelto comunes, el gasto en mercadeo y publicidad no aparenta haberse reducido; además de que no tenemos información del último presupuesto aprobado debido a que no ha sido publicado por el Gobernador ni por la Junta”.
Respecto a si las medidas adoptadas han sido más graves de lo que los economistas y el mismo gobierno hubiese esperado, una vez más los consultados coincidieron en que éstas han seguido el modelo neoliberal que se concentra en las políticas de ajustes que no contemplan los costos sociales, ni sus efectos multiplicadores.
Para el profesor Martínez los economistas políticos sabían que la JCF era la criatura de uno de los congresos federales más conservadores en la historia de EE UU por lo que estaban conscientes de que el esquema resultante de una institución dominada por el pensamiento neoliberal, sería una Junta con una ideología favorable a los recortes en inversión social, y totalmente intolerante con el gasto político.
Por otra parte, -reparó- en que los economistas tradicionales en Puerto Rico expresaron públicamente su júbilo por la imposición de la Junta. “Ellos entendían que la democracia local y el desarrollo económico estaban secuestrados por el bipartidismo, por lo que hacía falta una institución más antidemocrática y con poderes absolutos, para que desmantelara el aparato público”.
Martínez señaló que cuando los economistas políticos analizaron el evento con profundidad, “nos percatamos de que fue la misma estrategia que utilizó el pinochetismo en Chile para poder imponer la agenda de la “nueva economía” promovida por la Escuela de Chicago (neoliberalismo puro y duro)”.
Mientras Quiñones Domínguez, señaló respecto a los economistas que favorecen las medidas de la JCF no reconocen que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido que las medidas de ajustes no ayudan a la economía y causan daño a la sociedad desestabilizando el desarrollo y que en especial las reformas laboral y del Gobierno que se proponen no son la solución.
En cuanto a las dudas de lo que verdaderamente contiene el Plan Fiscal lo que a su vez provoca dudas de si hay o no hay dinero a juicio de la profesora Quiñones Domínguez, sí hay dinero pero es para favorecer al clientelismo político y lo que se pretende es que la gente decida irse del Gobierno, y que se vayan de la Isla, lo que calificó como un “juego perverso”.
Por el contrario el parecer de Martínez es que no hay dinero. “Si hubiese dinero como resultado de los ahorros del gasto público, lo hubiesen anunciado en un mensaje de estado, como los muchos que hemos visto en los últimos meses.”.
En ese aspecto explicó que el problema de los recortes en un mercado abierto como el de Puerto Rico, es que promueven la migración, lo cual reduce la base contributiva. En el caso de Puerto Rico el IVU y las contribuciones sobre ingreso representan cerca del 33% del presupuesto del Fondo General. La migración tiene impacto en ambos recaudos. “Por lo tanto, vemos la misma historia que en Grecia, pero agravada. Los recortes tienen impacto en la economía y en los recaudos por largos períodos de tiempo. No vislumbro desarrollo económico en los próximos 10 años, como mínimo”, pronosticó.
Quiñones Domínguez indicó en sentido similar de que el propósito de aumentar los impuestos indirectos es para pagar los contratos y la deuda, retrasando el desarrollo y el crecimiento económico.
Cuestionados sobre el efecto en cadena que tendría la reducción de dos días a la jornada laboral y cuánto representa el ahorro que pretende la JCF de $800 millones en el PF del 2018, los entrevistados reiteraron sobre la poca información disponible para una evaluación diríamos juiciosa.
A juicio de Heriberto Martínez el cálculo no es posible hasta que vea el presupuesto con el cual se está trabajando. “En lo práctico, podemos afirmar que reducciones en el poder adquisitivo de las clases medias tendrán impacto adverso en el Producto Nacional Bruto, por lo cual veremos una profundización de la crisis económica”.
Igual Quiñones Domínguez acotó que no se sabe el cálculo pero se ha estimado que tendrá un efecto multiplicador de 2.75 o sea que se reduce casi tres veces a nivel privado, generando contracción económica.
Los economistas entrevistados fueron categóricos en rechazar cualquier reducción en salario a los trabajadores ya sea en la jornada laboral, como el bono de navidad o de otras medidas. Por el contrario señalaron la necesidad de poner un tope a los salarios de los ejecutivos del gobierno y recabaron que ésa es la acción que debe tomar el asesor económico del Gobernador, Christian Sobrino, de poner sobre la mesa un tope a los salarios máximos en el sector público.
“Yo, como economista y contribuyente no puedo explicarme cómo hay personas en el sector público, particularmente en puestos de confianza, que se ganan más de cinco veces el salario mediano en Puerto Rico. En este período de crisis, el ejemplo debe empezar por la casa, y todos los servidores públicos ponerse un tope salarial de $75,000, lo que es más o menos cinco veces el salario mínimo”, reclamó Martínez.
Opinó que esto incluye a alcaldes y vice alcaldes y que como economista le parece inconcebible que se les pida a los 150 mil servidores públicos una reducción de 10% o más a su salario, cuando los despilfarradores del gasto político no han tocado el suyo.
La auditoría y renegociación de la deuda
Los economistas aclararon que la Junta no vino ni a auditar, ni a renegociar la deuda. La Vicepresidenta de la AE recalcó que a los bonistas no les interesa la auditoría y más aún no hacerla les favorece. Martínez en tanto indicó que la renegociación de la deuda es una consecuencia de que el dinero es insuficiente para pagar y que la responsabilidad de auditar la deuda era del gobierno.
La política de privatización
Aun cuando la JCF y el gobierno han declarado sus intenciones de privatizar servicios públicos, es decir la producción de energía, servicio de agua, transportación, en particular, los economistas llamaron la atención de que lo que se verá serán alianzas público privadas (APPs). Describieron que el modelo de las APPs son más parecidos a contratos de alquiler que traspasa los riesgos al gobierno y las ganancias al privado.
Sobre el particular de las privatizaciones Ricardo Fuentes, comentó: “Todo apunta a que el acercamiento del gobierno actual al tema de las privatizaciones es algo dogmático y profundamente ideológico. Asumen que las privatizaciones son lo recomendable en la mayoría, sino en todos los casos, cuando no necesariamente es así. De hecho, las experiencias alrededor del mundo apuntan a que las privatizaciones muchas veces generan un sinnúmero de costos fiscales y sociales en el corto y largo plazo. Similarmente, la evidencia apunta a que las privatizaciones aceleradas y/o en masa tienden a ser profundamente perjudiciales para los países que las aplican. Lamentablemente, hacia eso parece que nos dirigimos”.
La población, el elefante blanco
A presentarle a los entrevistados que la JCF parece no estar tomando en consideración otros aspectos socio económicos que afectan la economía como lo es la baja poblacional, Martínez describió que la baja poblacional es el “elefante blanco” del gobierno y la JCF. “No hay que ser economista para saber que si la gente se va, no quedará quien pague las obligaciones del sector público. Por lo tanto, tiene que haber una revisión de la política pública, detener urgentemente las políticas de austeridad contra la inversión social, aplicar la austeridad en el gasto político, y auditar la deuda”.
Martínez abogó porque desde el punto de vista ciudadano, la gente tiene que volver a comunicarse, establecer redes de apoyo, formar cooperativas para satisfacer necesidades inmediatas, y entender de una vez que las instituciones del estado están totalmente colapsadas.
En tanto su colega de la AEP, el profesor Fuentes, añadió: “Yo especulo que la Junta está muy consciente de lo que está ocurriendo con la población y la emigración. De hecho, creo que ellos están contando con eso. La austeridad que ellos quieren aplicar, en otros países generaría muchísimas más revueltas sociales. La emigración es la válvula de escape que evita ese escalamiento. Aunque la baja poblacional reduce la cantidad de contribuyentes, los extensos recortes que proponen lograrían ese “gobierno pequeño” que anhelan. Eso le brindaría la estabilidad necesaria para asegurar los pagos a los acreedores”.
Aun cuando observó que quizás los acreedores no recibirán los pagos a la velocidad que querían, la Junta lograra su objetivo de que se les pague.
“El costo es la expulsión de una gran parte de la población de la isla al exterior. Es una emigración forzosa, y se podría argumentar que los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que han sido forzados por la situación económica a migrar deben ser considerados como refugiados o desplazados internos, como lo establece la Agencia de la ONU. Yo digo que es el último o máximo saqueo del colonialismo en Puerto Rico, porque nos van a despojar hasta del espacio geográfico que llamábamos nuestro”, concluyó.
(*) Periodista y columnista de Claridad, Puerto Rico.
