Críticas por la aprobación de una reforma penal que beneficia al presidente Jimmy Morales
Diputados blindan a señalados por financiamiento electoral ilícito
El pleno del Congreso aprovechó la “celebración” de los 196 años de Independencia para reunir más de 105 votos y aprobar de urgencia nacional cambios al Código Penal. Las nuevas normativas –conocidas por separado– modifican el delito de financiamiento electoral ilícito. Y una segunda reforma a la ley, les permite pagar para no ir a la cárcel por este delito.
Las reformas beneficiarían en primer lugar al presidente Jimmy Morales y a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, quienes fungieron como secretarios generales de sus partidos en la pasada campaña electoral de 2015, y por los cuales son señalados de financiamiento electoral ilícito.
Además, los políticos, exfuncionarios, financistas y empresarios acusados por corrupción y financiamiento ilícito, la mayoría de casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), podrían cambiar la prisión por dinero si sus condenas son menores a 10 años. Este beneficio se extendería a casos futuros (como Odebrecht) y a otros delitos como extorsión, cohecho y robo agravado, entre otros.
Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jaime Regalado, exintegrante del Partido Patriota y ahora de la bancada Movimiento Reformador (MR), y Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fueron los congresistas que cabildearon ambas iniciativas apoyadas por más de las dos terceras partes de diputados.
Delitos electorales
La primera discusión que se generó fue la modificación del Artículo 407, literal N, el cual tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito; además que se adicionaron otros dos apartados. Los legisladores decidieron eliminar el lavado de dinero del delito de financiamiento electoral ilícito y reducir la pena de prisión de 12 a 10 años.
Sumaron al mismo artículo del Código Penal, el delito de financiamiento electoral no registrado, el cual exime de toda responsabilidad a los secretarios generales de los partidos y hace como único responsable de las aportaciones dinerarias y no dinerarias a los contadores de las organizaciones. En las audiencias de la semana pasada, que realizó la pesquisidora para analizar la solicitud de antejuicio en contra de Morales por el delito de financiamiento ilícito, se argumentó que el hoy mandatario no tenía conocimiento de las aportaciones y que la responsable era la contadora que nunca fue ubicada.
La reforma agrega que será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la entidad encargada de presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización.
El mismo documento también especifica el delito del financiamiento electoral anónimo, en este caso no se sancionaría si el aporte se entrega por un mediador, como ejemplo, el año pasado el extraditado por cargos de narcotráfico Marlon Monroy, alias el Fantasma, dio a conocer que aportó Q500 mil a la agrupación FCN-Nación a través de Jafeth Cabrera Cortés, hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera.
Un cambio amarrado
Luego de aprobar las primeras reformas al Código Penal con más de 107 votos, se procedió a darle lectura al proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2018, el cual fue enviado a la Comisión de Finanzas del Congreso.
Luego, por medio de una moción, se leyó una nueva iniciativa que tenía “firmas irreconocibles” para cambiar los Artículos 50 y 51 del Código Penal que se refieren a penas comutables.
Los artículos beneficiarán con libertad al procesado a cambio de un pago que disponga el juez –Q5 a Q100 diarios–. Dicha medida es aplica a los condenados por hurto y robo y los que prescriban en otras leyes, y a los que su condena no exceda los 10 años. Con este cambio, los que sean condenados por financiamiento electoral ilícito podrían cambiar la cárcel por un pago.
Reformas al Código Penal Conmutación
> 106 diputados a favor 13 en contra
> Reformas al Código Penal
> Financiamiento electoral – 107 diputados a favor 16 en contra
Acciones del Congreso generan indignación en diversos sectores
Diversas organizaciones y personajes públicos se pronunciaron ayer en redes sociales y por medio de comunicados por las reformas al Código Penal que fueron aprobadas de “urgencia nacional” por el Congreso de la República.
La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala tuiteó: “Según el Congreso de Guatemala: ¿Escuelas?= No son urgencia nacional ¿Carreteras?= No son urgencia nacional ¿Hospitales?= No son urgencia nacional ¿Reforma al delito de financiamiento electoral ilícito?= Urgencia nacional”.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) consideró que las reformas fueron “diseñadas para asegurar impunidad” y exigieron al presidente Jimmy Morales que “proceda a vetar las mismas”.
El CACIF calificó como “graves” las implicaciones de las reformas aprobadas ayer, ya que “no solo alcanzan al ámbito de delitos de alto impacto, sino también del orden común”.
La Cámara Empresarial de Comercio y Servicios “Cecoms” exigió por medio de un comunicado al Presidente “vetar los proyectos de Ley 5351 y 5352 que contienen reformas al Código Penal, por considerar que su contenido es totalmente contrario a los intereses de nuestra Nación, conforme a los Artículos 28 y 178 de la Constitución Política de la República”.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un comunicado en el que rechazaron las reformas aprobadas por el Legislativo y pidieron al Presidente que vete esa normativa.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se pronunció al indicar que “las mafias son poderosas, tienen capacidad de daño, pueden hacer cualquier cosa, se resisten a desaparecer”. Además subrayaron que “el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito”.
La organización Justicia Ya, indicó a través de sus redes sociales: “Luchemos para poder celebrar una independencia real de la impunidad y el despojo. Ocupemos el Congreso”.
Juan Alberto Fuentes, exministro de Finanzas, tuiteó: “Jimmy dio el primer golpe y el Congreso da el golpe final”.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, difundió el siguiente mensaje: “¡Indignación, vergüenza nacional, un descaro, vaya padres de la Patria! No podemos ser indiferentes, usan financiamiento ilícito, saquean nuestro país, se recetan bonos, se eximen de responsabilidades, ¿qué más viene?”.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, expuso: “No sé si se dan cuenta que con esta propuesta en el Congreso de Guatemala, están liberando a todos los presos por hurto y robo agravado. Grave”.
Inconstitucional
Las reformas deben ser refrendadas por el Presidente, para que entren en vigencia. En cuanto al financiamiento electoral ilícito, separaron los delitos que estaban normados bajo un mismo tipo penal –no registrado, anónimo– y han hecho una ponderación de penas, han dejado el financiamiento proveniente del crimen organizado con penas mayores y las aportaciones no registradas con una penalidad menor.
En cuanto a la persecución únicamente cuando exista resolución desfavorable del informe final de auditoría electoral, considero que, en un análisis preliminar, habría que estudiar la posible inconstitucionalidad ya que la Constitución establece con claridad que el Ministerio Público es el titular de la acción penal.
La reforma a la conmutación de la pena es una norma de alcance general y eso significa que todas aquellas personas que reciban, en un caso concreto, penas no superiores a diez años, pueden ser beneficiados, lo que puede provocar una sensación de impunidad, a pesar de que haya condena. En este tema, era muy importante contar con la opinión de las instituciones encargadas de la justicia penal.
Amnistía y blindaje
Los cambios al Código Penal aprobados por el Congreso constituyen una especie de amnistía dirigida a proteger a los secretarios generales de los partidos, al quitarles la responsabilidad del financiamiento electoral ilícito. También representa un “blindaje” para los grupos criminales, quienes se podrían beneficiar, aunque se compruebe su culpabilidad.
Con el incremento de la conmutación de penas los diputados del Congreso abrieron la posibilidad de una mala ejecución judicial por medio de prevaricatos (resoluciones injustas), porque los defensores de los sentenciados a prisión, que no exceda de diez años, tendrían un espacio más amplio para el litigio malicioso; con lo cual lograrían libertad para los sentenciados por delitos graves.
Cuando le digo blindar las estructuras de poder criminal, es eso, buscar caminos para burlar la ley. Hay un dicho que dice: hecha la ley, hecha la trampa. Ahora hicieron la trampa.
Descaro absoluto e inmoralidad política
Llama poderosamente la atención que, después de señalamientos contra varios diputados, se promuevan las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito.
Desde el punto vista ético y de la moral política, si existe esto en Guatemala, hay un conflicto de interés enorme, pues los diputados de UNE, FCN y Lider, no debieron haber participado en la aprobación de una norma que les favorece directamente, y probablemente, sin sus votos no se habría logrado la mayoría calificada. Es el descaro absoluto y la inmoralidad política más grande que hemos visto.
La reforma podrá tener la apariencia de norma, pero no cumple con requisitos fundamentales, como el interés general, pues los partidos políticos son los grandes beneficiados. Es completamente ilegítima y hay serios vicios de inconstitucionalidad.
Basta leer algunas disposiciones, como el Artículo 154 que se refiere al poder público y establece que ningún funcionario estará al servicio de partido político alguno, sino al servicio del pueblo. Esa no es únicamente literatura constitucional sino principios que deben ser respetados.
