Diputados y familiares de víctimas piden retirar monumentos de Pinochet
DIPUTADOS PIDEN RETIRAR MONUMENTOS DE PINOCHET Y LA JUNTA MILITAR
Retirar todos aquellos monumentos que exalten o rindan homenaje a aquellos que son responsables y cómplices de la dictadura militar. Esa es la solicitud que este martes realizó la diputada Karol Cariola junto con parlamentarios de la Nueva Mayoría y representantes de la Agrupación de Familiares de DD.DD., mediante un proyecto de acuerdo dirigido a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
La diputada PC precisó que “estamos hablando principalmente de los miembros de la junta militar. Hoy día hay espacios públicos que están incluso ubicados en espacios que son del Estado, que son de bienes nacionales, y que sin embargo llevan el nombre de alguno de estos miembros de la junta militar, cómplices de la dictadura”.
Cariola agregó que la dictadura “fue uno de los momentos más doloroso y difíciles en la historia de nuestro país, es por eso que para nosotros en estos tiempos no es posible, por ejemplo, que existan monumentos como el de José Toribio Merino, quien fue uno de los miembros de la junta, uno de los cómplices de la dictadura militar y que se encuentra ubicado en el Museo Naval en la Quinta Región. No es posible, por ejemplo, que exista un cartel en la carretera austral que lleva el nombre de Augusto Pinochet”.
A su vez, la diputada del PPD, Cristina Girardi, sostuvo que “creo que Chile tiene que tomar conciencia de que aquí hubo un genocidio, que hubo un proceso de eliminación sistemática de determinadas personas que no pensaban igual que la dictadura de Pinochet y de la Junta, por lo tanto, frente al crimen y la violación de los Derechos Humanos no cabe otra que, de alguna manera, sancionar a aquellos que ensalzan la figura de estos personajes. Es como si nosotros avaláramos la dictadura, la violación de los derechos humanos, las torturas y los asesinatos que se cometieron en esa época”.
Girardi señaló enfática: “Imagínense qué pensaría el pueblo alemán si alguien levanta una estatua de Hitler, eso simplemente es impensable en los países que han asumido de verdad la responsabilidad que tuvieron estos regímenes que fueron absolutamente genocidas”.
El documento, firmado por las diputadas Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Maya Fernández (PS), Marcela Hernando (PR), y los diputados Daniel Núñez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Claudio Arriagada (DC), Fidel Espinoza (PS) y Osvaldo Andrade (PS), Giorgio Jackson (IND) y Víctor Torres (DC), solicita a la Mandataria que “disponga el retiro de aquellos monumentos que exalten la figura de las personas que formaron parte de la Junta Militar y, en su caso, renombrar aquellos espacios situados en bienes nacionales que actualmente rinden tributo a dichas personas”.
Así también, le solicita a la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja retomar la tramitación de la moción que prohíbe el homenaje y/o exaltación de la dictadura cívico-militar (boletín 9746-17), proyecto que presentó Cariola en 2014 bajo el nombre de “Ninguna Calle Llevará Tu Nombre”.
Senado reanuda hoy trámite de proyecto que alza secreto de comisión Valech I
A primera hora de ayer, el gobierno hizo presente en el Senado la discusión inmediata al proyecto de ley que busca levantar el secreto de los testimonios de la comisión Valech I. La medida había sido anunciada el lunes -en la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado- por la Presidenta Bachelet.
Con la iniciativa -que se encuentra en segundo trámite en la comisión de DD.HH. del Senado y que fue presentada originalmente en una moción del diputado comunista Hugo Gutiérrez- se busca instaurar un mecanismo de recalificación para las víctimas de prisión política y tortura, desaparición forzada y ejecución política de la comisión Valech II.
“El proyecto lo que hace es autorizar a que los tribunales de justicia puedan acceder a esta información que está contenida en estos informes sobre verdad y reconciliación”, explicó ayer el propio ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, desde el Congreso.
Durante la jornada se abrió un debate respecto del funcionamiento de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, instancia que es encabezada por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. El gobierno metió presión, no solo a través de la modificación de la urgencia: “Esperamos que funcione la comisión de Derechos Humanos, que no ha estado funcionando hasta ahora, para que pueda hacerse la discusión más de fondo sobre el proyecto y será la discusión parlamentaria con el Ejecutivo la que determine cuál es derrotero del proyecto”, remarcó ayer De la Fuente, al tiempo que apuntó directamente a la senadora UDI.
“Si la presidenta de la comisión no lo hace (citar a sesión), los señores integrantes de esa comisión saben que tienen por reglamento facultades y las tendrán que utilizar”, sostuvo luego el titular de la Segpres.
Más tarde, el integrante de la comisión de DD.HH. del Senado, Juan Pablo Letelier (PS) emplazó a la ex intendenta. “Por desgracia la senadora Van Rysselberghe en forma reiterada ha violentado el sentido del respeto que nos merece y nos debe merecer el colegislador, que es el gobierno. Ella, en forma reiterada, no ha hecho caso a las urgencias y esperamos que, en esta ocasión, se revierta esa situación que mañana (hoy) funcione la comisión y que se vote”, afirmó.
La discusión inmediata, en todo caso, establece un plazo de seis días -que se cuenta desde hoy- para que el proyecto sea tramitado en el Parlamento. Desde el Ejecutivo aclaran que es crucial que sesione hoy la comisión de DD.HH. para que la iniciativa sea votada en general y en particular esta semana y pase a la sala del Senado el próximo miércoles.
Consultada por La Tercera sobre su disposición a poner en tabla el tema, la senadora confirmó que hoy a las 12.15 horas se abordará la iniciativa. “Desde la semana pasada que está citada la sesión para mañana (hoy) y ahí se abordará este tema. Aquí intentan generar un conflicto donde no existe. La semana pasada la sala no autorizó a ninguna comisión a sesionar durante la sesión extraordinaria, donde el Banco Central rindió cuenta. No solo no autorizó a la comisión de Derechos Humanos sino que tampoco autorizó a otras comisiones a sesionar, por lo tanto, quedó automáticamente citada para mañana (hoy)”, dijo.
Opinión de la Suprema
La parlamentaria también señaló que las semanas anteriores, la comisión había analizado el informe de la Corte Suprema sobre esta materia, que encargó la propia instancia. Según consigna la página web de la Cámara, ese oficio -firmado por el presidente de la Suprema, Hugo Dolmestch-, respalda la idea de levantar el secreto, pues se señala que se debe considerar que, “con la comisión de crímenes de lesa humanidad, el ofendido es la humanidad toda y existe, por lo tanto, un bien superior y un derecho a la comunidad a conocer la verdad con todos sus detalles”.
Asimismo, se consigna que, en delitos sexuales, se deberá mantener en reserva la identidad de la víctima incluso cuando la causa se encuentre afinada, “salvo que la propia consintiere en su divulgación”.
Esta iniciativa apunta a cerca de 22 mil casos que no han sido calificados como víctimas de prisión política y tortura.
Debate parlamentario
Durante la jornada también hubo distintas opiniones de los parlamentarios en torno a la iniciativa que reactivó el gobierno. El día anterior el anuncio de la Presidenta Bachelet había causado sorpresa, pues, dos años atrás, su administración había defendido este secreto ante la Corte Interamericana de DD.HH.
El senador independiente Pedro Araya señaló que “es importante respetar el secreto que quisieron mantener las víctimas de la comisión Valech”, sobre todo, agregó, en el caso de delitos sexuales.
En ese sentido, pidió a la Suprema estudiar una fórmula para que la identidad sea conocida solo al tribunal y a los intervinientes del caso.
Desde Chile Vamos, asimismo, ya habían marcado el lunes una postura: oponerse al proyecto de ley. El presidente de RN, Cristián Monckeberg, ayer dijo: “Este es un mal proyecto, porque cuando se convoca a víctimas y a victimarios bajo secreto, no se pueden cambiar la reglas a mitad de camino, porque esto es un desincentivo a los llamados que hace el gobierno a colaborar con la verdad. Esta es una señal clara de que es mejor llevarse los secretos a la tumba”.
Por su parte, la presidenta de la UDI dijo que cambiar las reglas del juego “no ayuda” y que podría “generar una cacería de brujas innecesaria”.
En tanto, el ex Presidente Ricardo Lagos dijo, sobre la comisión que se creó en su gobierno, que “se garantizó el anonimato para proteger a las víctimas y de este modo pudieran atreverse a relatar ese momento tan doloroso”, descartando un pacto de silencio.
