El aborto en América Latina y el Caribe: un panorama sobre las legislaciones
Por Andrea González | Redacción de Nodal
En agosto pasado, el Congreso chileno aprobó la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. Así, Chile dejó de ser parte del pequeño grupo de países que penalizan esta práctica en cualquier circunstancia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países de América Latina y el Caribe que prohíben el aborto en cualquier caso son: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y República Dominicana. Del resto del mundo también debemos sumar a Malta y El Vaticano.
Un breve repaso por los países de la región que aún mantienen esta restricción en sus legislaciones:
- El Salvador: Es considerado el país con la prohibición más fuerte del mundo debido a sus duras condenas. Toda mujer que se realice un aborto puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. El caso más conocido, pero no el único, es el de Evelyn Hernández, una estudiante que quedó embarazada producto de una violación y cuyo bebé nació muerto, por lo que fue condenada a 30 años de prisión por ‘’homicidio agravado’’.
- República Dominicana: Luego de la despenalización del aborto en Chile, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la mujer, violación o incesto e imposibilidad de sobrevivencia del feto fuera del útero. Actualmente se criminaliza a toda mujer que se realice un aborto y a aquellos que la asistan, sean profesionales o no. La pena de cárcel oscila entre los 30 y 40 años.
Según el informe de la ONU sobre el Cumplimiento de Metas del Milenio, República Dominicana posee una tasa del 13% de abortos como causa de muerte materna.
- Honduras: En mayo de este año, el Congreso rechazó la propuesta de reforma del Código Penal en la que se sugería la despenalización del aborto en tres circunstancias.
En la actualidad, el Código Penal considera el aborto como ‘’la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto’’. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, reafirmó su postura al asegurar que “Dios es quien da vida y sólo él la puede quitar”. En julio pasado, el Comité de DDHH de la ONU examinó el cumplimiento del país sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pidió al gobierno permitir el aborto en ciertos casos.
- Surinam: Según el Código Penal, cualquier mujer que se realice un aborto enfrenta la pena de hasta tres años, y aquella persona con intención de realizar la interrupción del embarazo a una mujer es condenada con una pena de seis meses hasta cuatro años.
- Haití: Según la legislación actual, la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia se encuentra penada con prisión sin excepción alguna.
- Nicaragua: En julio de 2008, el Código Penal nicaragüense sufrió una reforma en la cual se derogaron aquellas excepciones con las que se permitía la práctica del aborto a mujeres y niñas cuya vida o salud se encontrara en peligro con el embarazo y también, en ciertos casos, a víctimas de violación. Con esa reforma, rechazada por diversos organismos como Amnistía Internacional, el país pasó a penalizar cualquier forma de aborto. Toda mujer que se practique un aborto puede recibir una pena de hasta dos años, y los médicos que los practican pueden recibir condenas de hasta seis años.
Saliendo del punitivismo
Los países de la región donde el aborto está permitido sin ninguna restricción son Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico. México es un caso especial, ya que existe un único lugar en el que esta práctica se permite libremente. Se trata de la capital del país: la Ciudad de México.
En otras naciones, el aborto es permitido en algunas circunstancias. Es el caso de Brasil, Dominica, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia y Jamaica, entre otros, que permiten el aborto en ciertos casos como preservar la salud física y mental de la mujer así como la vida, en casos de violación o por cuestiones socioeconómicas.
Un problema de salud pública
Según un informe publicado en 2016 por la organización estadounidense Guttmacher Institute, ‘’menos del 3% de las mujeres de la región viven en países donde el aborto es legal’’, por lo que ‘’al menos 10% del total de muertes cada año se debieron a abortos inseguros’’. Un informe de esta organización afirma que entre 2010 y 2014 se estima que ocurrieron 6.5 millones de abortos inducidos por año en América Latina y el Caribe, una cifra muy superior a los 4.4 millones por año registrados entre 1990 y 1994.
En una declaración publicada en febrero de 2014, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer asegura: ‘’El aborto inseguro es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad materna. Por este motivo, los Estados deberían legalizar el aborto, cuando menos en casos de violación sexual, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre, o inviabilidad fetal severa, y además brindar a las mujeres acceso a atención de calidad luego de un aborto, especialmente en casos de complicaciones provocadas por abortos inseguros. Los Estados Partes deberían además eliminar las medidas punitivas previstas para mujeres que se someten a abortos’’.
La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lejos de representar una solución, más bien constituye un problema. El hecho de penalizar esta práctica solo genera que se acrescente el número de abortos clandestinos y, en consecuencia, que aumenten los casos de muerte por complicaciones ex post.
La Organización Mundial de la Salud, en un informe que se publicó en 2008, afirma que el 12% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe (1.100 en total) se debieron a abortos inseguros. También plantea que al año, casi un millón de mujeres en la región resultan hospitalizadas por complicaciones provenientes de abortos inseguros. Estas complicaciones van desde el aborto incompleto, la pérdida excesiva de sangre y la infección hasta las menos comunes como el shock séptico, la perforación de órganos internos y la inflamación del peritoneo.
En un informe publicado en marzo del año pasado, Amnistía Internacional plantea: “El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad reproductiva viven en países donde el acceso al aborto seguro está severamente restringido por ley. Como siempre sucede en la región más desigual del mundo, la necesidad insatisfecha de servicios de salud sexual y reproductiva afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en situación de pobreza y marginalización”.
