República Dominicana: haitianos piden sanción a policías por represión durante protesta
Trabajadores haitianos de los cañaverales dominicanos exigieron el martes que se investigue y sancione a los responsables de las heridas que sufrieron varios compatriotas cuando fueron dispersados por la policía durante una protesta.
Decenas de hombres y mujeres de más de 60 años marchaban por el centro de Santo Domingo el lunes para reclamar pensiones y permisos de residencia cuando fueron interceptados por la policía y dispersados con bombas lacrimógenas y balas de salva, dijo a The Associated Press Jesús Núñez, líder del gremio de trabajadores cañeros.
Detalló que uno de los manifestantes, un hombre de 67 años identificado como David Michel, continuaba hospitalizado el martes debido a que una bomba lacrimógena le golpeó la cara y fracturó la mandíbula. Otros manifestantes sufrieron fracturas en las extremidades.
Esta es la primera ocasión en la que una manifestación de cañeros, actividad en la que participan principalmente ancianos haitianos o de origen haitiano, es dispersada por la policía.
Los trabajadores comenzaron a realizar manifestaciones de forma periódica en 2011 para exigir el pago de sus pensiones luego de décadas de haber trabajado en los cañaverales y de haber pagado sus cuotas para su jubilación. Las autoridades no les pagaban porque los cañeros carecían de documentos de identidad.
El gobierno ordenó en los últimos años el pago de unas 1.600 pensiones y entregó documentos de residencia a 1.500 cañeros a fin de que pudiesen cobrar sus jubilaciones.
Núñez precisó que otros 4.000 cañeros han concluido todos sus trámites para cobrar sus pensiones pero necesitan que el gobierno les conceda la residencia para que el Poder Ejecutivo emita la orden de pago.
En la marcha del lunes hacia el Ministerio de Interior los manifestantes demandaron que los cañeros en edad de pensionarse obtengan permiso de residencia y pidieron apoyo para regularizar el estatus migratorio de todos los haitianos que han trabajado por décadas en los ingenios azucareros y de sus esposas e hijos nacidos en el país, que suman en total unas 40.000 personas. Las autoridades migratorias han advertido que los inmigrantes que no cuenten con residencia legal en 2018 serán deportados.
Ni el Ministerio de Interior ni la policía respondieron de momento a la solicitud de comentarios sobre los incidentes en la marcha del lunes.
