La Junta Fiscal impuesta por EEUU pide eliminar la asistencia social a la isla
La Junta Federal de Control Fiscal sugirió al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos eximir a Puerto Rico de las leyes federales de beneficencia social, bajo la premisa de que tales asistencias desincentivan el empleo.
En su primer informe anual ante el presidente y el Congreso estadounidenses, dirigido también al gobernador Ricardo Rosselló y a la Legislatura, la junta hizo una serie de recomendaciones para que, desde Washington, se enmienden leyes federales o se tomen determinaciones concernientes a Puerto Rico.
El ente creado por el gobierno federal pidió eliminar la financiación federal a Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y el programa de Sección 8, que atienden a cientos de miles de familias puertorriqueñas que viven bajo el nivel de pobreza. Sugirieron, en cambio, sustituir tales ayudas federales por un crédito contributivo por trabajo, que se brindaría a los asalariados pobres.
Esto conllevaría eliminar la asistencia social, salvo algunas consideraciones “responsables” para con la población infantil, las personas con discapacidades y los viejos retirados, según el documento de la junta. A esta propuesta le denominaron “reforma de beneficencia”.
En Puerto Rico, 475 mil hogares recibieron beneficios del PAN para el año 2015, según la Encuesta de la Comunidad Americana, de la Oficina del Censo.
Educar para el trabajo
La junta sugirió también que el Departamento de Trabajo federal desarrolle una alianza con el gobierno de Puerto Rico para desarrollar un programa piloto para expandir programas que vinculen la educación con las destrezas necesarias en el mercado y el empleo. Se trata así de educar desde temprana edad a la niñez y juventud, para asumir trabajo asalariado, según el informe, con fecha del 30 de julio.
Tanto la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, como el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y representante del gobernador ante la junta fiscal, Christian Sobrino, declinaron ayer expresar a EL VOCERO su reacción al informe. Decidieron, en cambio, hacerlo hoy.
Por su parte, la presidenta interina de la Asociación de Economistas, Martha Quiñones, aseguró que se trata de una política discriminatoria, en la medida en que se penalice a las personas por las deficiencias del sistema económico, es decir, la falta de empleo o de cualificación para el empleo. “El problema es que en Puerto Rico no necesariamente se están creando todos los empleos que la gente va a demandar”, observó. “Los estás condenando a ser pobres sin ningún tipo de ayuda”, agregó.
La economista dijo que esas políticas “fundamentadas en teorías neoliberales”, repercutirían en que Puerto Rico se convierta esencialmente en una economía de servicio, que genere empleos poco remunerados en tiendas y restaurantes. Además, abre la puerta a que aumente el empleo de la economía informal.
Más inserción federal
Se solicitó además que el secretario de Comercio de Estados Unidos preste especial atención a Puerto Rico, al nombrar a un experto en el turismo de la isla caribeña a su Consejo Asesor de Viajes y Turismo de Estados Unidos.
Se le exhorta, además, mantener a Puerto Rico como un “centro de logística regional” para el transporte de cargamento por aire y mar, sin las restricciones de las leyes de cabotaje. Así las cosas, la junta pidió “eliminar la carga reguladora que inhibe el comercio de carga entre Puerto Rico, Estados Unidos y los mercados internacionales”.
Recomienda también establecer un instituto de “Manufacturing USA” en Puerto Rico, que se encargue de preservar a Puerto Rico como un centro de fabricación farmacéutica y promocionar a la Isla como “centro global de innovación biotecnológica”.
A Quiñones le pareció inverosímil que los miembros de la junta “están ofreciendo lo mismo que éramos nosotros en el siglo XX”, sin haber estudiado la historia económica del País. “Les pagamos un montón para hacer recomendaciones que ya nosotros teníamos”, criticó.
La junta reveló en su informe financiero, incluido en el documento, que tiene asignado $31 millones del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2017. De esos, $28.5 millones se van en servicios profesionales.
El ente fiscal aprovechó, además, para expresar su oposición a enmiendas a la ley federal Promesa, las cuales entiende que “distraerán” de los objetivos de balancear el presupuesto y reestructurar la deuda.
