Honduras, por decenios bajo tres formas de criminalidad organizada
Honduras, por decenios bajo tres formas de criminalidad organizada
Edición del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Durante decenios, en Honduras han convivido tres formas principales de criminalidad organizada. Primero, la delincuencia de cuello blanco de la oligarquía dominante y sus asociados, cuya cara más visible es la corrupción de altos funcionarios gubernamentales afiliados a uno y otro de los dos partidos tradicionales que operan en complicidad con empresarios privados, lo que deriva en la corrupción de múltiples instituciones, entre ellas la policía. Su sede principal es Tegucigalpa.
Segundo, las mafias transnacionales del narcotráfico y sus asociados locales, con asiento principal a lo largo de la costa del Caribe y en San Pedro Sula, con abundante penetración en las instituciones gubernamentales y las actividades políticas. Y tercero las maras, menores que las salvadoreñas, que eventualmente pueden prestar servicios a las dos anteriores.
El detonador inicial de las sucesivas manifestaciones de masas fue la revelación del enorme desfalco por más de 300 millones de dólares a los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Éste fue cometido por políticos y empresarios durante el pasado gobierno del Partido Liberal, quienes dedicaron una parte de ese atraco a financiar la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.
La noticia disparó las alarmas sociales: era una suma demasiado grande, robada de forma demasiado cínica a una institución demasiado sensible, incluso para una población anteriormente resignada a la corrupción de la clase dominante, pero que ahora venía del sismo político cultural causado por el golpe militar de 2009 y la subsiguiente quiebra del tradicional sistema político bipartidista.
Ese desfalco incapacitó a la institución para prestar servicios, por cuya falta fallecieron numerosos pacientes. Su revelación desató un amplísimo movimiento cívico tras una consigna incluyente y unitaria: ¡Basta de corrupción!, ligada a la certeza de que lograrlo exige cambios de fondo del sistema político y la Justicia.
Aunque el ahora presidente Juan Orlando Hernández –que dispone de un partido y una importante bancada parlamentaria, y va por la reelección– maniobra políticamente para enfriar la crisis y dividir a quienes protestan, los indignados exigen constituir un organismo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad que existe en Guatemala (la Cicig), donde esa entidad se constituyó con apoyo de la ONU como una secuela de los Acuerdos de Paz de 1996, que allá terminaron la guerra civil.
De instalarse una entidad con facultades similares a las de la Cicig, el presidente Hernández podría quedar en una situación parecida a la que sufrió su encarcelado colega guatemalteco Otto Pérez Molina. Para eludir esa posibilidad, ideó crear un llamado Sistema Integral Hondureño de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, integrado por organizaciones locales, e invitó a la OEA y la ONU a asesorar su creación.
Fiel a sus antecedentes, la OEA designó al diplomático chileno John Biehl, el mismo que en 2009 envió a Tegucigalpa ante la crisis causada por el golpe de Estado, gestión que no detuvo sus consecuencias ni sugirió sancionar a sus responsables.
Los indignados rechazan el remedo que Hernández intenta cortar a su propia medida para investigarse a sí mismo.
La crisis hondureña –que incluye una profusa penetración del narcotráfico en las estructuras públicas y privadas– afecta a todos los órganos del Estado. La corrupción no se limita al Poder Judicial ni cabe pensar que con sanearlo ni tecnificarlo se resolverá la grave descomposición de las demás instituciones del país. Pasa de extraño que los “expertos” de la OEA se muestren tan incapacitados para percibirlo.
La década de los 1980
A Honduras se le considera como un país que se mantuvo al margen de los sangrientos conflictos de la década de los ochenta del siglo XX, lo que sólo es cierto hasta cierto punto, ya que también se produjeron manifestaciones de violencia política.
Aún con todas las falencias de las organizaciones guerrilleras hondureñas, no se debe soslayar el hecho de la existencia de las mismas en una sociedad cuyos sectores sociales dominantes intentaban proyectar una imagen de «oasis de paz», en medio de toda una región sumergida en la guerra.
Hernández va por la reelección
El presidente derechista de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrentará en las elecciones de noviembre nuevamente a la izquierdista Xiomara Castro, aunque existen posibilidades de que surja una alianza de centroizquierda, según analistas.
Las elecciones primarias de marzo pasado proyectan a Hernández como candidato del oficialista Partido Nacional (PN, derecha), que enfrentará al tambi´pen derechista Partido Liberal y a la centroizquierdista Libertad Refundación (Libre), que eligió a Castro.
Hernández alcanzó la presidencia por el PN en 2013 tras derrotar a Castro, de Libre, en las segundas elecciones desde el golpe de Estado de 2009. Ese año, una alianza cívico militar derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, bajo el argumento de que quería reelegirse para consolidar el socialismo del siglo XXI que impulsaba el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Sin embargo, la alianza que derrocó a Zelaya por rechazar la legalidad de la reelección, ha permitido a Hernández aspirar a un segundo mandato consecutivo mediante una interpretación de la Constitución de 1982. El principal partido de oposición, el PL, dio la sorpresa en las primarias al escoger como candidato a Luis Zelaya, un atrevido académico universitario que derrotó a la veterana economista Gabriela Núñez.
El neoliberalismo sin careta
Rafael Cuevas Molina, desde San José de Costa Rica
En Honduras el lobo neoliberal no se pone careta, no baila ridículamente en el balcón de la casa presidencial ni se hace pasar por impoluto anticorrupción. Ahí se viste de militar, de paramilitar, de mara, y arremete para despejar el camino de las mineras, el agronegocio y los megaproyectos hidroeléctricos.
La forma concreta de existencia el capitalismo contemporáneo, el neoliberalismo, se camufla bajo distintos disfraces y, como camaleón, adopta los colores del lugar en donde se esté jugando la primacía.
En América Latina hoy, después de más de una década de gobiernos nacional-populares, asume la careta del cambio. Es un cambio para peor, un retroceso, pero se camufla, como en Argentina, como un cambio alegre en el que parece que fuéramos para el carnaval.
En Brasil la careta es el hastío de la corrupción, pero a la vuelta de la esquina está el lobo afilándose los dientes para dar marcha atrás con las políticas que posibilitaron que millones de brasileños lograran mejorar su nivel de vida.
En Venezuela resulta que hay una dictadura y que hay que echar abajo al dictador y el proyecto que representa. No ha habido lugar en América Latina en donde el gobierno se haya legitimado tantas veces a través de elecciones, y cuando ha perdido, ha salido pundonorosamente a reconocerlo.
Pero ahí está el concierto de corifeos de la derecha encabezados por los otrora contendientes españoles Felipe González y José María Aznar, escoltados por el megalómano de Oscar Arias de Costa Rica y varios expresidentes colombianos que nunca pudieron hacer de su país nada parecido al tinglado democrático que su criticada Venezuela, entre agresiones constantes de todo tipo, ha consolidado bajo el régimen bolivariano.
Se vende gato por liebre, y cuando se quitan el ropaje y los oropeles engañosos de las elecciones, cuando acaba la música del tinglado en donde se bailó ridículamente las notas de algún bailecito de moda, ya están encaramados en el poder.
En Honduras, sin embargo, no hay careta. Ahí, el modelo se impone a sangre y fuego y arremete sin contemplaciones contra todo lo que considere obstáculo.
Primero fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en donde entre aclamaciones nombraron héroe nacional al golpista Roberto Micheletti, empresario obtuso que fue la cara visible de un golpe fraguado en la base militar norteamericana de Soto Cano, y que la hoy candidata por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, Hillary Clinton, apuntaló siendo Secretaria de Estado de Barack Obama.
La represión contra el movimiento popular que se le opuso no ha cesado desde entonces. Se ha construido un régimen de terror en que quiere silenciar a quienes denuncian, se oponen y luchan contra los desmanes que han hecho del extractivismo su eje de desarrollo. Tanta muerte por causas políticas se contabilizan como producto de la violencia desatada por el crimen organizado y las pandillas o, como se quiere hacer parecer en el asesinato de Berta Cáceres, por razones “personales”.
Pero la realidad es que la violencia no es más que la forma que adquiera la imposición del neoliberalismo en un país sin consensos. Cuando se tienen tantas lagunas de legitimación no queda más que reprimir y desarrollar la pedagogía del terror. Mientras más falta el consenso y la legitimación, más necesidad del uso de la fuerza represiva.
Para los Estados Unidos, Honduras ha sido siempre su base para expandir sus políticas más agresivas contra América Latina. En la década de los ochenta, se le llamó el portaviones norteamericano por el papel que le asignó los Estados Unidos en la guerra de Nicaragua. Antes, a mediados del siglo XX, fue punto de partida para la invasión que terminó derrocando al gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala. Ahora, tuvo el privilegio de ser el punto en donde los Estados Unidos iniciaron su contraofensiva para hacer retroceder y sacar del poder a los gobiernos nacional populares.
En Honduras el lobo neoliberal no se pone careta, no baila ridículamente en el balcón de la casa presidencial ni se hace pasar por impoluto anticorrupción. Ahí se viste de militar, de paramilitar, de mara, y arremete para despejar el camino de las mineras, el agronegocio y los megaproyectos hidroeléctricos.
Honduras 2020, la inconsulta Ley de Turismo y la consultora Mckinsey
OFRANEH, desde Sambo Creek
Como una posible solución a la profunda crisis económica que vive el país, la actual administración optó por entregarle a consultora Mckensey la elaboración del programa Honduras2020 además de un anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), iniciativas que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la supuesta creación de más de medio millón de empleos.
Las administraciones gubernamentales “nacionalistas” posteriores al golpe de estado del 2009, cifraron sus esperanzas en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como las ciudades modelo, las que no han tenido hasta la fecha mayor aceptación por parte de potenciales inversionistas, sobre todo después de la defenestración de la Corte Constitucional (12-12-12), por parte del Legislativo, como represalia por haber declarado inconstitucional, la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) nombre con el cual fue denominado el primer marco jurídico de las ciudades modelo.
El anteproyecto de Ley de Fomento al Turismo (LFT), pretende suplantar la versión existente aprobada en 1999. La nueva versión además de exonerar de impuestos a los inversionistas, en el artículo 17 es muy preciso sobre las expropiaciones que propiciará la LFT, en base a Ley de Expropiación vigente desde el año 1913.
Por supuesto que ese repunte esperado en la rama del turismo, tendrá como objetivo el “desarrollo” de la costa caribe de Honduras, en la cual nos encontramos asentados los pueblos Miskito y Garífuna. La ofensiva territorial que se viene adelantándose desde hace décadas en contra del pueblo Garífuna, tiene como ejemplo la demolición de la comunidad de Río Negro entre los años 2009 al 2010. El empresario canadiense Randy Jorgensen, con el apoyo de la municipalidad de Trujillo, iniciaron una campaña de intimidación hacia la población Garífuna, para que vendieran sus tierras a precio de gallo muerto, bajo la amenaza de “expropiación forzosa”. Nuestro pueblo se radicó en la comunidad de Río Negro en 1797, después de haber sido expulsados de la isla de San Vicente (Antillas menores), la que fue ocupada por los ingleses en medio del auge de la producción de azúcar en el siglo XVIII y la expansión del imperio Británico en el caribe.
La Bahía de Trujillo es conocida en la actualidad como Little Canada ante la presencia de una docena de proyectos de turismo de enclave y especulaciones inmobiliarias de ciudadanos canadienses. Esa situación ha generado severas consecuencias para nuestro pueblo, el que se ve forzado a migrar ante la pérdida del territorio y la nula inversión social por parte del gobierno de Honduras, el que después del golpe de Estado ha reducido la inversión en educación y salud al mismo tiempo que aumentó su gasto en “seguridad” y propaganda.
De las fracasadas ciudades modelo al Honduras 2020
Las ciudades modelo desde el 2011 se convirtieron en el pilar de la estrategia económica de administraciones de Lobo y Juan Hernández, quienes impulsaron la creación de Zonas Económicas Especiales en Honduras, con la peculiaridad de conceder la tercerización de la justicia y seguridad. En pocas palabras, instaurar ciudades-nación fuera del control del estado hondureño, como un aliciente a las inversiones extranjeras en un país con una enorme problemática de corrupción e inoperancia del aparato judicial.
El economista estadounidense Paul Romer -autor intelectual de las ciudades modelo o constitucionales- contactó a personajes afines al partido Nacional, después que su proyecto de ciudad modelo fracasara en Madagascar, cuando a inicios del 2009, el pueblo Malgach se levantó en contra de la administración Marc Ravalomanana, el que dispuso conceder de forma gratuita 100 kms2 del territorio de la isla a la empresa coreana Daewoo filial del multinacional Posco. Posterior al derrocamiento de Ravalomana, Romer convenció a los funcionarios hondureños del milagro económico que acontecería en el país con su iniciativa neocolonial.
Romer para octubre de 2012 se retiró del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las Ciudades Modelo, en una entrevista alojada en su blog personal indicó “dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establezca un tipo de aristocracia que nunca estará sujeto al control electoral local. Ellos están haciendo esto mediante el establecimiento de una junta gubernamental que volverá a nombrar a sus propios miembros. No estará sujeto al control político de la población de la zona, ni de los ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares, como sucedió en Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera aristocracia en un pequeño grupo de veinte personas, que nombrarán sus propios reemplazos y que siempre estarán a cargo”.
La reputación de Honduras sucumbió aun más con la enorme criminalidad desatada después del golpe de estado, siendo considerado el país para el 2012 como el más violento del mundo, con un promedio de 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Al mismo tiempo el crimen organizado se apropió de vastos territorios y de instituciones como la policía y buena parte del aparato judicial. El narco estado se afianzó durante la administración de Pepe Lobo, convirtiéndose la costa norte de Honduras en un corredor controlado por los carteles de las drogas.
La iniciativa de las ciudades modelo no ha prosperado durante la actual administración de Juan Hernández. Uno de sus mayores fiascos fue haber aceptado la invitación a la conferencia intitulada “Disrumpiendo la democracia: nueva formas de gobernanza en Honduras” efectuada en el mes de junio de 2015, en la ciudad de San Francisco. Posteriormente las ZEDE emitió un comunicado donde se desvinculaba de Peter Thiel y su caterva de libertarios de ultraderecha, los que han influido enormemente en algunos de los integrantes del actual gobierno.
La toda poderosa Consultora Mckinsey
Truncado el sueño de Juan Orlando Hernández de participar en la reunión de magnates libertarios en San Francisco, firmó un contrato con la famosa Consultora Mckinsey, para promover la creación de planes de desarrollo y dar un arranque a la estancada economía del país, la que sucumbió después del golpe de estado de 2009.
Mckinsey surge en 1926 en Chicago. Aparentemente consta de un equipo de más de 2.000 consultores y factura USD $ 7,000 millones al año. La consultora resaltó en sus estudios, la importancia de los rubros de la maquila textil, manufactura intermediaria, turismo y servicios de negocios, como los posibles pilares de arranque de la fracasada economía hondureña, la que ha dependido en los últimos años de las remesas y el lavado de activos.
A pesar de la enorme reputación de infalibilidad que posee la consultora, esta se ha visto envuelta en severos casos de corrupción en Sudáfrica, y la quiebra de sólidas compañías como Swisair, Enron y otras más, hasta el punto que existe un comentario generalizado sobre la cultura corrupción imperante en Mckensey. Ademas existen comentarios altamente desfavorable sobre el rol que ha jugado la la consultora en los proyectos de Reducción de la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD).
El estado de Honduras ha violado de forma sistemática la Consulta previa desde 1995 -cuando fue ratificado el Convenio 169 de la OIT, además de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2012 el Estado presionado por el AVA FLEGT de la Unión Europea y el Programa REDD de Naciones Unidas, da los primeros pasos para la elaboración de una Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada. El año pasado optó por contratar técnicos peruanos y así crear una replica de la fracasada Ley de Consulta del Peru en Honduras.
En un reciente informe de la Relatora de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto indicó que “los pueblos indígenas exigen y requieren, ante todo, la protección de sus derechos sobre sus culturas, tierras y recursos naturales ancestrales, a no ser criminalizados por la defensa de sus territorios y a obtenerjusticia y reparación por las violaciones de sus derechos humanos”, ademas señalo “Varios representantes indígenas expresaron su preocupación de que mientras se discute un proyecto de ley sobre consulta previa, continúa la aprobación de concesiones y la operación de proyectos de inversión y otras actividades que afectan a sus territoriosy que no han sido consultadas.
La Ley de Fomento para el Turismo elaborada por la consultora Mckisney nunca fue consultada con el pueblo Garífuna, el que será uno de los más afectados por la subasta del territorio ancestral para proyectos turísticos. La demolición de Río Negro a manos del rey del porno canadiense, días después del golpe de estado, tememos que será replicado a lo largo de toda la costa caribe; además las exenciones de impuestos a inversionistas extranjeros es una grave error como lo ha señalado el ICEFI y el FOSDEH en sus comunicados en referencia a LFT.
