Esthefany Bendezú, de Ni Una Menos Perú, sobre la marcha de este sábado: “El Estado es bastante hipócrita al no legalizar el aborto”

Por Nadia Luna – Nodal

Este sábado 12 de agosto se realizó en Perú la segunda marcha nacional contra la violencia de género bajo el lema “Ni Una Menos Somos Todas”. Diversas organizaciones y colectivas feministas convocan a concentrar a las 14 en el Campo de Marte, en Lima, pero las movilizaciones se replicarán en otros departamentos del país. La situación de violencia machista que viven las mujeres del Perú es similar a otros países latinoamericanos. Entre enero y mayo de 2017, se han registrado 45 femicidios y 105 tentativas de femicidio en el país.

Para conocer más sobre las banderas que se enarbolaron en la marcha de este sábado, Nodal conversó con Esthefany Bendezú, una de las voceras de Ni Una Menos Perú e integrante de Catalinas – acción barrial-, colectivo feminista que busca incidir desde los barrios de El Agustino (Lima) en el cumplimiento de derechos relacionados con cuestiones de género, cultura y ambiente.

¿Cuáles son los principales reclamos por los cuales convocaron a marchar este sábado?

Es la segunda convocatoria de la marcha de Ni Una Menos en el país. La primera se realizó a partir de casos reiterados de violencia de género en diversas partes del país, donde la Justicia lo que hizo fue obstaculizar el proceso. También fue un método para reclamar la falta de protección a las víctimas. De ahí derivan los principales reclamos. Básicamente, lo que nosotras pedimos son medidas de protección hacia las mujeres y hacia las niñas. Que existan protocolos de atención hacia las víctimas y que se tenga un enfoque de género dentro de las políticas judiciales. Queremos que no haya más violencia contra la mujer en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo, y seguiremos luchando por lograr justicia.

Cuando las mujeres denuncian casos de violencia de género, ¿la Justicia actúa de manera efectiva o las denunciantes deben pasar también por un circuito de violencia institucional?

Existe una violencia estructural, sobre todo en el ámbito judicial y en la parte previa, cuando actúa la policía nacional en todo lo que es recojo de la denuncia. Existe un circuito de revictimización. Por más que existe un recurso de casación que impide que el testimonio de la víctima sea contado reiteradas veces, esto sigue siendo parte del proceso de machismo institucionalizado. Eso puede causar mucho daño psicológico y hace que la mujer no se sienta segura para contar su testimonio. Tampoco se tienen en cuenta las medidas de protección que deben tener las mujeres con respecto a sus agresores. Además, la Justicia también tiene serios problemas de corrupción, como ha sucedido en casos como el de Arlette Contreras y Lady Guillén. Ahora tenemos en el distrito de El Agustino, en el departamento de Lima, el caso de Fabiana, donde la municipalidad se lava las manos, el poder judicial no sabe qué hacer y la fiscalía no realiza las investigaciones. A veces omiten hacer investigaciones por caso de desaparición. Podría contar innumerables casos donde la Justicia no solamente nos ignora sino que también transgrede nuestros derechos. Las leyes están, lo difícil es poder hacerlas cumplir.

¿Qué políticas contra la violencia de género se han implementado desde el Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es la posición del presidente Kuczynski frente a la desigualdad y violencia de género?

Existe un Plan Nacional Contra la Violencia de Género, con vigencia hasta el 2021. Tiene distintos enfoques. Por ejemplo, concientizar sobre la violencia, trabajar a partir de las instituciones del Estado varios tipos de inclusión a las mujeres. Sin embargo, la implementación es bastante sosa dentro de nuestras instituciones. Además, tenemos que luchar contra opiniones conservadoras que satanizan los enfoques de género, la actuación del Ministerio de la Mujer o de todo aquel que se posicione a favor de las mujeres. Aquí la influencia de la Iglesia y de grupos conservadores es bastante fuerte, y muchas veces obstaculizan los procesos de desarrollo de las políticas públicas a favor de mujeres y de grupos LGBT.

Sabemos que la lucha contra la violencia de género no es una prioridad dentro del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ni desde el poder Ejecutivo ni Legislativo. Se han derogado varias leyes que había a favor de las mujeres por parte del sector opositor, que es el fujimorismo, y PPK tampoco nos da mucho apoyo. En lo personal, creo que se puede rechazar su gestión con respecto a la elaboración de políticas a favor de la mujer. En este período de Gobierno, más que avances ha habido retrocesos por las leyes que se han derogado, así como por las leyes que salen y no se han implementado.

Los casos de esterilizaciones forzadas en Perú han tomado bastante repercusión pública por su gravedad. ¿De qué se trató esta forma de violencia obstétrica y en qué quedaron los casos?

El tema de las esterilizaciones forzadas es un caso bastante complejo que se dio en el período de Fujimori. Es un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, Fujimori ha sido extraditado por crímenes que, dentro de su sentencia, han sido tomados como crímenes de lesa humanidad, pero en su momento por las leyes penales vigentes no fueron nombrados así. Por eso es mucho más difícil que se pueda tener justicia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, lo que ha hecho es un recojo de información acerca de las mujeres que han sufrido esterilizaciones forzadas. Es un tipo de violencia obstétrica porque se llevaron a mujeres sin su consentimiento a afrontar un tipo de «política» a favor de la planificación familiar, sin respetar su libre discernimiento ni sus derechos. Seguimos pidiendo justicia y una reparación civil por esas mujeres.

¿Cuál es la legislación vigente sobre el aborto? Y más allá de las normas, ¿cómo es la realidad por la que pasan las mujeres que quieren abortar, especialmente las de bajos recursos?

Solamente está legislado el aborto terapéutico. Existe un protocolo que nos permite acceder, pero no se cumple. Ya se ha visto en reiteradas ocasiones la falta de actuación tanto de las clínicas privadas como del Estado. Juega mucho el rol conservador que hay en los médicos. También estamos luchando por implementar el proyecto de ley «Déjala decidir», para que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan acceder al aborto. Es un deber por parte del Estado proteger a las mujeres. Influye mucho el nivel socioeconómico. Las mujeres que tienen un poco más de dinero pueden acceder a clínicas clandestinas en mejores condiciones, pero las que tienen pocos medios adquisitivos, se mueren víctimas de abortos clandestinos insalubres. Mueren por infecciones o abortos mal practicados. Luego van a las clínicas y siguen sufriendo violencia obstétrica. Es un amplio círculo de violencia y el Estado es bastante hipócrita al no legalizar el aborto sabiendo que seguimos muriendo por la práctica clandestina. Lo único que favorece esto son esas prácticas inescrupulosas que juegan con nuestra vida. Finalmente, se lucha por el aborto libre, accesible y gratuito. Va a llevar muchos años pero es una lucha que se tiene que hacer.