Argentina: ¿Nueva minería para el desarrollo?
Argentina: ¿Nueva minería para el desarrollo?
Lucía Ortega
Argentina, Chile y Bolivia contienen el 80 % de las reservas mundiales de litio, un insumo fundamental para las baterías que mueven celulares, tablets y autos eléctricos, y que se presenta como un candidato favorito de la transición energética hacia la era posfósil. En el libro Geopolítica del litio se analizan las potencialidades, límites y conflictividades de la producción de litio en Argentina.
A más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, disperso en las inmensidades de las salinas norteñas, hay un mineral que sobresale por su abundancia relativa: el litio, o también llamado recientemente el “oro blanco”, con promesas de convertirse en el petróleo del siglo XXI. Si bien su descubrimiento en el país data de principios de siglo pasado, el incremento en las últimas décadas de la demanda global de baterías de Ion-Litio utilizadas para dispositivos electrónicos y autos eléctricos, abrió el apetito atento de la valorización capitalista que motivó rápidamente tareas de exploración y explotación de las salinas y tardó poco más de una década en catapultar a la Argentina como el segundo exportador mundial de litio.
Junto a las reservas contenidas en las entrañas de las salmueras chilenas y bolivianas, las especulaciones respecto a las potencialidades del área denominada Triángulo del litio llevaron a algunos a postular la posibilidad de constituir una “Arabia saudita del litio” e incluso una “OPEP del litio”.
Sin embargo, el verdadero interrogante que aparece entre quienes han comenzado a poner su mirada analítica en la vorágine litífera no reside solamente en preguntarse sobre las oportunidades abiertas con la actividad extractivista, sino en la posibilidad concreta (o no) de que en Argentina se logre avanzar en la incorporación local de valor en la cadena productiva. Sobre la base de un completo tratamiento sobre la “cuestión del litio”, el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales se plantea calibrar la dimensión concreta de esas ilusiones a través de una destacada investigación reciente cuyos resultados se plasmaron en el libro Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en la Argentina, coordinado por Bruno Fornillo.
Allí se presenta el despliegue de un conjunto de interrogantes que surgen indefectiblemente de las complejidades del objeto abordado en la propia investigación, debatiendo en torno a la energía, el sistema científico y tecnológico, las disputas territoriales y los pueblos originarios, el papel de los Estados provinciales y el Estado nacional, la economía, el medio ambiente, entre otros. En palabras de los autores de esta importante contribución: “el tratamiento que recibe el litio se presenta como un prisma privilegiado para ver la forma de resolución de dilemas en Argentina”.
El litio en Argentina
Hasta hace unos años el litio se utilizaba principalmente para la producción de cerámicos y como insumo fundamental de algunos psicofármacos para el tratamiento de patologías que más crecieron en los últimos tiempos, tales como depresiones, insomnio, trastornos bipolares, ansiedad. El descubrimiento de las características óptimas en la utilización del litio –tercer elemento de la tabla periódica– como reserva de energía dio paso a una demanda creciente del mismo en el mercado mundial para la producción de baterías, con especial potencialidad para alimentar a los autos eléctricos. Se advierte igualmente que el mineral no produce energía, solamente permite el almacenamiento y un reemplazo en el consumo “individual” de la misma, manteniéndose la dependencia global con respecto a insumos tradicionales como los fósiles.
Por ello, los autores consideran que lejos está de poderse nominar al litio como el “petróleo del siglo XXI”, como se ha pretendido, lo que no impide que su utilización para un nuevo esquema de energías “verdes” o sustentables pueda ser posible en tanto que de imponerse en el futuro las llamadas “energías limpias” (solar, hídrica, eólica) también sería indispensable contar con fuentes de acumulación y almacenamiento para las mismas. Asimismo, su aporte a la transición hacia energías menos contaminantes consiste en la capacidad de las baterías de litio en reemplazar millones de autos quemando combustible fósil alrededor del planeta. Se estima que los híbridos o eléctricos pasarán de 500 mil unidades en 2009 a 7 millones en el año 2020. Sin embargo, los métodos de extracción del litio más utilizados en la actualidad generan daños en el ambiente vinculados con su excesiva utilización de agua, lo que en principio no lo alejaría en este aspecto al común de las prácticas mineras.
En Argentina, otras dimensiones son también necesarias para establecer una comparación con tradicionales prácticas y territorialidades de la minería extendida como la del oro y la plata. En los contornos entre Catamarca, Salta y Jujuy, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, habitan más de 46 comunidades indígenas kollas y atacamas –y muchas más que no tienen personería jurídica–, en zonas y poblados que comenzaron a ser el foco de atención de los proyectos de exploración y extracción del litio. Esto configuró un escenario conflictivo para las comunidades que se vieron empujadas a profundizar los lazos y la organización. Sus demandas conectan aquellas vinculadas con los derechos indígenas y de títulos territoriales, con una exigencia particular de participación en los beneficios que comporta la extracción del mineral que se sitúa en los territorios que ellas habitan y producen. Especialmente, la falta de información brindada a las comunidades sobre los proyectos de exploración, sobre las consecuencias en el ambiente y los recursos y sobre los planes de las empresas es el aspecto más oscuro de la trama del litio en Argentina.
El litio argentino en el entramado global de la acumulación capitalista
El Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite entre Catamarca y Salta, comenzó su producción en el año 1998 a partir de intereses de la firma minera norteamericana FMC y la automotriz Nissan asociada al proyecto. Posteriormente se incorporó la explotación del Salar de Olaroz, en la Puna jujeña, proyecto que asocia a la trasnacional australiana Orocobre con la gran automotriz japonesa Toyota Tsusho, y en el que se introdujo incluso la participación directa de la provincia jujeña al negocio a partir de la creación de una empresa estatal (JEMSE), en el marco de los intentos desesperados de captar mayores recursos para el fisco provincial.
La fiebre del litio ha colaborado para que en los últimos años se multipliquen los pedimentos y proyectos de exploración de las salinas del norte, en el que tienen participación otras automotrices japonesas como Mitsubishi y la autopartista Magna o la automotriz coreana Kores. Los acuerdos ente las firmas abocadas a la extracción del litio y las firmas automotrices son un modelo de negocio que encarnan el objetivo estratégico para las últimas de asegurarse la compra de una determinada proporción del volumen de carbonato o cloruro de litio, acorde a la proyección de baterías que requerirán en la fabricación de autos eléctricos. La maximización del beneficio para las automotrices consiste justamente en asegurarse el recurso al menor precio posible regulando así el surgimiento de rentas diferenciales. Al mismo tiempo, esto se apoya en el marco legal actual que es el mismo que rige para el conjunto de la minería en el país, en el que la Constitución Nacional, el Código de Minería y la Ley Minera estimulan el encabezamiento de los proyectos de extracción por grandes firmas trasnacionales otorgando enormes beneficios impositivos.
Ningún lector desprevenido se sorprenderá al leer la dinámica de la división internacional del trabajo que se repite esta vez en el caso del litio. Los autores explican que “los países centrales son quienes consumen el litio sin excepción, no existiendo países periféricos entre los demandantes”. Bélgica, China, Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur representaron en 2013 casi el 70 % de las importaciones de litio provenientes en lo general de Chile y Argentina, y cuyo destino final es predominantemente su industrialización para baterías. Las principales fábricas de baterías del mundo están radicadas en Estados Unidos, Alemania y China, lo cual no impide remarcar que un núcleo principal de productores se encuentre en el Sudeste asiático, con China, Japón y Corea del Sur ocupando un lugar cada vez más destacado en el mercado de fabricación de pilas y baterías. Todas estas empresas están ligadas a las automotrices y los grandes grupos energéticos que utilizan las baterías como almacenadoras.
Así, la presencia de Toyota o Nissan en las empresas extractivas en Argentina es parte de este entramado global en donde el objetivo es proveerse a futuro el mineral para reducir el riesgo de inversión de capital a largo plazo en la industria de autos eléctricos.
De ilusiones, realidades y sujetos
El libro presenta también un recorrido minucioso por los distintos niveles estatales, ámbitos y eventos vinculados con las iniciativas emprendidas desde el Estado para desarrollar localmente los acumuladores de energía, y precisar en qué punto actualmente hay posibilidades concretas de hacerlo, más allá de voluntarismos e ilusiones. Porque, según se afirma, contar las baterías de Ion-Litio en el país supondría realizar lo estratégico del recurso. No obstante, la fabricación plena de las mismas es un sueño aún más lejano, en tanto se sostiene que el atraso tecnológico nacional es determinante de que el 80 % de los componentes necesarios debieran importarse.
Los autores retratan crudamente los intereses contrapuestos entre diferentes actores e instituciones del ámbito público, las voluntades políticas, los emprendimientos convencidos de ciertos sectores, los logros parciales, los impedimentos burocráticos, la desidia de proyectos y una permanente sensación de que estaría al alcance de la mano lograr la batería nacional pero por algún motivo esto nunca llega a concretarse. Así, la película muestra con un dejo de impotencia la forma de articulación ente la política pública, la investigación y la industria. Mientras que para el sector privado y automotriz industrializar era hacer carbonato de litio, en la esfera pública aparecería la voluntad de ciertos organismos como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia, la provincia de Jujuy y un conjunto de científicos de avanzar en la búsqueda de alternativas para la producción de baterías.
Surgen entonces una Comisión Interministerial, grupos de trabajo, la asociación entre un grupo de científicos y una PyME nacional para conformar una empresa mixta de ensamblaje que provea al programa oficial Conectar Igualdad, la búsqueda de financiamiento en los empresarios fueguinos de aparatos electrónicos para un proyecto integral de producción local de las celdas de la batería, luego cambios de rumbo e intentos de seducir a multinacionales japonesas para instalar sus plantas en Argentina, y un final esperado: todos los intentos de impulsar la construcción de la batería de litio localmente fracasan. Así, la Argentina parece estar condenada a reproducir su ubicación subordinada como proveedor de materias primas a los centros industriales.
Lógicamente el intento de explicar este derrotero es la tarea más difícil. Escapar de los errores puntuales de tal o cual sector en la imposibilidad de desarrollar la batería localmente, para recordar los problemas estructurales del capitalismo dependiente argentino, es uno de los logros a destacar. Sin embargo, en el análisis concreto presentado parecería sobreponerse un problema de “fallas de coordinación” entre empresas, Estado y sistema científico y la necesidad de una planificación consensuada para superar las dificultades. Con esto se abre el paraguas para una nueva ilusión en donde se necesitaría “más Estado”, idea que se potencia con la esperanza depositada en las posibilidades brindadas por la fusión entre CONICET e YPF (Y-TEC), que no obstante se centraría principalmente en actividades de investigación en baterías de litio y no de producción.
En este punto nos vemos obligados a remitirnos a una pregunta clave en los estudios y debates sobre las vías al desarrollo en América Latina: ¿qué vinculación existe entre desarrollo e industrialización? Lo distintivo del enfoque presentado en la compilación respectiva es la comprensión íntegra del desarrollo como una transformación estructural sostenible y en función de una serie de dimensiones sociales fundamentales (especialmente se centran en aquellas que hacen a la reproducción de la vida de las comunidades y a la preservación de los recursos) y no meramente una reducción del mismo a la industrialización o al avance de la ciencia y la tecnología aplicadas a los procesos productivos. Sin embargo, a pesar de la mentada intervención estatal, esta no condujo en el caso en cuestión a los logros previstos en materia de desarrollo ni tampoco de industrialización, sino a una reproducción del esquema clásico dependiente de los países latinoamericanos.
En esta encerrona es donde la palabra “geopolítica” cobra su total sentido, en tanto es necesario desmenuzar los límites del proyecto industrialista del litio considerando el papel dominante de los clusters establecidos en el mundo. Estos aspectos son valiosamente retratados en el libro, dejando abierta la puerta a una serie de interrogantes. ¿Podría una fábrica de baterías alentada por el Estado competir con los grupos multinacionales? Si estuviera abocada al mercado interno, ¿sería lo suficientemente atractiva la instalación de una industria local de baterías o resultaría más rentable a las empresas importarlas? Y, en todo caso, ¿de qué forma sería posible desarrollar tal fábrica local de baterías sin el control de la extracción ni de toda la cadena del mineral?
La apuesta del libro a la centralidad estatal para lograr una coordinación “público-privada”, o incluso también la propuesta de una cadena de valor totalmente centralizada por el Estado (no solo a nivel provincial o nacional, sino también a nivel regional en el Cono Sur) requeriría procesarse a la luz del propio carácter de clase (burgués) del aparato estatal, que se hace presente en el caso del litio, en el que no es ni ha sido casual la actuación concreta del mismo a favor de las empresas extractivas y los grupos multinacionales. ¿Por qué el Estado, que dio vía libre a la instalación de las multinacionales de litio, iría en contra de sus intereses?
Finalmente, quizás uno de los puntos que más se destacan del libro por captar subrepticiamente aquellos límites propios de la noción dominante de desarrollo, se encuentre sobre el final en un plano y una sintonía diferenciados. En un completo Anexo en el que se atraviesan explicaciones técnicas sobre las baterías Ion-Litio (bajadas a tierra para el lector no especializado), cuadros puntillosamente construidos con las características de todos los proyectos de exploración y extracción, mapas y precisiones sobre los tipos de extracción del litio en relación con el agua, tecnologías y recursos que emplean, arribamos a un apartado, el último, escasamente encontrado en este tipo de publicaciones más asociadas al campo académico.
Las investigadoras salen de la oficina, se calzan las zapatillas y nos relatan su visión personal del trabajo de campo como una aventura hacia el sol, el viento y las alturas, en una especie de diario de viaje sin desperdicio. Entre otras cosas, esta invitación nos transporta a aquellas zonas de la Puna, alejadas de las grandes ciudades, en donde “las comunidades” van recibiendo a las recién llegadas habiendo entendido que ellas iban a consultarles no por la conflictividad en torno al litio sino por… el agua, “el gran problema”.
Las comunidades originarias frente a la extracción de litio
Azul Picón
Los proyectos de exploración y explotación de litio en las salinas del noroeste argentino han entrado en conflicto con las comunidades kollas y atacama que habitan allí ancestralmente. El litio se presenta como un mineral asociado a las energías renovables, proyectos de transición energética y desarrollo sustentable. Sin embargo, su extracción afecta a las comunidades que viven en cercanías a los salares en su trabajo, su vida cotidiana y su cultura.
Las salinas fueron utilizadas por las comunidades originarias desde siempre. Antiguamente la sal cumplía un rol crucial en la articulación y comunicación entre las comunidades ya que se intercambiaba mediante el trueque por otros elementos. En la actualidad las comunidades han creado cooperativas ligadas a la explotación de la sal o trabajan como asalariados en pequeñas empresas, por lo cual la destrucción del salar significa la pérdida de su fuente laboral.
Los salares tienen además un carácter simbólico y cultural muy importante. Es su espacio de vida y tienen un significado espiritual: allí descansan sus ancestros y se encuentran sitios sagrados donde se ofrenda a la Pachamama. La minería obligaría a relocalizar casas, familias y sitios sagrados de gran importancia para su cultura.
La defensa del agua es el eje que articula las demandas todas las comunidades. El agua apta para consumo humano y animal es sumamente escasa. En un clima muy árido, la extracción de litio requiere la utilización de abundantes cantidades de agua, por lo que allí reside una de las razones principales del rechazo a esta minería. Las estimaciones realizadas calculan que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua, una clara evidencia de que la minería del litio en salares es una minería del agua. Además, la perforación de los salares, implica la posibilidad de que se mezclen aguas dulces (que se encuentran a niveles profundos) con aguas saladas, lo que ocasionaría un doble daño ya que se salinizarían las aguas dulces impidiendo su consumo y se destruiría el salar, lo que significaría la perdida de estas culturas de siglos.
A la defensa del salar y del agua, se suma un tercer reclamo: la falta de información y consulta a las comunidades cuando se comenzaron los procesos exploratorios en sus territorios, uno de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Ley 24.071).
Procesos de resistencia y organización de las comunidades
Los factores mencionados anteriormente fueron un impulso para que las comunidades indígenas comiencen a organizarse frente a los proyectos de exploración y explotación. Se destacan dos procesos organizativos diferentes que encabezaron la resistencia: la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” y el “colectivo La Apacheta”, surgido en las comunidades de Susques, en la cuenca Olaroz-Cauchari.
La Mesa de Comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc agrupa a 33 comunidades que se autoconvocaron a comienzos de 2010, cuando comenzaron los movimientos por parte de las empresas mineras a explorar en sus territorios. En Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en Argentina, las autoras Florencia Puente y Melisa Argento sostienen que en la “Mesa de comunidades…” la estrategia de acción privilegió los canales institucionales y los mecanismos legales (aunque no exclusivamente) para garantizar los derechos de las comunidades originarias.
Las 33 comunidades se encuentran en las provincias de Salta y Jujuy. En un primer momento se realizó el pedido de información al Juzgado de Minas en Jujuy, luego la demanda adquirió un carácter interprovincial y se demandó a las dos provincias. En el 2012 la lucha llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde las comunidades exigieron uno de sus derechos básicos: el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y remarcaron que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes que agrupa cursos de agua en Jujuy y Salta. Pero los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda preguntaron una y otra vez en qué consistía el derecho de consulta y consentimiento indígena.
Luego de las audiencias la CSJ decidió devolver la causa a la jurisdicción de las provincias involucradas y las comunidades decidieron llevar la demanda al plano internacional presentando una demanda indígena en la ONU y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También elevaron la denuncia ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya. La estrategia jurídica no fue exclusiva, sino que fue reforzada con mecanismos de acción directa: en julio de 2011 más de 900 personas de 86 comunidades y organizaciones indígenas y campesinas realizaron un corte en la ruta nacional 52 en rechazo a los proyectos de minería de litio en gran escala, reclamando el cese de los proyectos y los títulos comunitarios.
La lucha de estas comunidades contra el extractivismo no está desvinculada de la lucha por la tierra y el territorio. Las comunidades de Cuenca Salinas Grandes no poseen títulos comunitarios, por lo que la exigencia de los mismos, es otra de las demandas fundamentales de la Mesa.
En diciembre de 2015, a 5 años de comenzado el conflicto y tras dos años de trabajo, la Mesa de las 33 comunidades presentó un documento titulado “Kachi Yupi. Huellas de la sal. Procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la cuenta de las Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc” presentado como un “ejercicio de autodeterminación”, en respuesta a las preguntas de los jueces de la Corte Suprema. En el documento elaborado y consensuado por las comunidades se detalla cómo debe realizarse el procedimiento de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte del Estado y las empresas ante cualquier acción que quieran realizar en los territorios pertenecientes a las comunidades. Los proyectos del litio en la cuenca de Salinas Grandes se encuentran en un estado de “latencia”. Actualmente están frenados y no se han dado pasos en la explotación.
El caso de las comunidades de Susques, situadas en la cuenca Olaroz-Cauchari, fue más conflictivo, ya que las comunidades se encontraban divididas entre quienes rechazaban conceder la autorización de exploración a las empresas y quienes aceptaban cederles derechos. Las promesas de modernización, reactivación económica y mejoras que las empresas traerían a la comunidad, generó ilusiones en un sector que derivó en divisiones intracomunitarias. La ausencia del Estado para garantizar derechos básicos como agua potable, electricidad, infraestructura, teléfono, etc., permite que los mecanismos clientelares de las empresas tengan efecto sobre algunos dirigentes indígenas y sectores de las comunidades que ceden a estas presiones.
Así, en septiembre de 2012, 20 personas firmaron el acta de cesión de permisos a la empresa por parte de la comunidad de Susques y a fines de 2014 se inauguraría el “proyecto del litio” habilitándose la explotación del mineral. En este contexto surge el colectivo La Apacheta, que reclama participación en el control y en torno a las ganancias y beneficios que se extraigan de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
En las comunidades de Susques se expresan las divisiones de posicionamientos, donde a la defensa medioambiental, territorial e indígena, se suma la pelea en torno a la participación en la redistribución de los recursos y beneficios que obtiene la empresa. En palabras del abogado del colectivo: “La demanda de La Apacheta es participación, control y capacitación. Participación en el control ambiental, participación en las ganancias, que tengan puestos jerárquicos, en el tema de que tengan gente de la comunidad en las aduanas. Es decir la participación a nivel general”.
Durante la última década, la profundización del modelo extractivo fue política de Estado. Avanzó sobre los territorios de los pueblos originarios, las comunidades fueron desplazadas por la soja y vieron desmontar sus territorios. La megaminería y el fracking implicaron la voladura de montañas y contaminación del agua y la tierra. El litio, bajo la investidura de “energía verde”, oculta los daños ambientales y sociales que genera su extracción a las comunidades originarias que habitan la zona históricamente. A pesar de los amplios reconocimientos jurídicos y la extensa legislación nacional e internacional que resguarda los derechos de los pueblos originarios, el Estado no garantiza que esos derechos se cumplan, por el contrario abre las puertas para que las empresas avancen sobre los territorios de las comunidades.
La llegada de las multinacionales a la Puna generó un impulso para que las comunidades comiencen a organizarse. Pero los viejos mecanismos de dominación del Estado se han mantenido y reforzado. Como sucede en muchos lugares del país, los procesos de organización y resistencia de las comunidades frente a estos avances son muchas veces reprimidos y criminalizados por los Estados, y los integrantes de las comunidades judicializados. Pero las comunidades resisten. La lucha contra el extractivismo es la lucha por la tierra y el territorio, es la defensa de sus derechos como pueblos indígenas, del medioambiente, de su cultura y forma de vida.
Bruno Fornillo:“Lo importante es poder confeccionar las baterías”
Por Verónica Engler
Desde las ciencias sociales, Bruno Fornillo (es doctor en esa área y en geografía, además de historiador), este investigador del Conicet puso la mira en la geopolítica del litio, un mineral que ya es una estrella mundial por su relevancia en la producción de dispositivos electrónicos. Aquí, analiza qué papel juega la Argentina por sus reservas en el noroeste.
En los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80 por ciento de las reservas probadas del elemento químico que anima los dispositivos eléctricos en todo el mundo: el litio. Un teléfono celular, una notebook, una tablet, funcionan gracias a la acumulación energética de las baterías Ion-litio; y sin ellas un satélite no entraría en órbita o una nave espacial no sobreviviría. Además, millones de autos que queman combustible fósil alrededor del planeta podrían ser reemplazados por vehículos eléctricos o híbridos, algo que de hecho ya está sucediendo, por lo que se espera que para 2020 haya 7 millones de vehículos propulsados no por el petróleo sino por este tipo de baterías.
Por eso, no resulta extraño que desde hace algunos años se haya empezado a hablar de la “Arabia Saudita del litio” para referir a ese triángulo minero formado por los salares de Uyuni (en Bolivia), de Atacama (en Chile) y de Hombre Muerto (en Argentina). El “oro blanco”, el “petróleo del siglo XXI”, ésos son algunos de los epítetos promisorios con los que se viene nombrando al litio, ese mineral clave para esta etapa de desarrollo, en la que el petróleo tiene los días contados. “El litio es un prisma superinteresante para ver miles de temas”, señala entusiasmado Bruno Fornillo, uno de los investigadores que conforma el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Iealc) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “Pero lo importante no es tanto la extracción del mineral como lo es el proceso de agregación de valor, de creación de la batería de litio y tener una frontera tecnológica local”.
–¿Qué significa para la Argentina tener una gran reserva de litio en nuestros salares, junto con Chile y Bolivia?
–En un principio, cuando se analizaba la cuestión del litio se hacía un foco en relación a la extracción, sobre todo en relación con los países del “triángulo del litio” (Chile, Bolivia, Argentina). Y si bien nosotros teníamos un perfil medianamente crítico, estábamos un poco subsumidos bajo esa imagen de “la Arabia Saudita del litio”. Pero al andar la investigación nos fuimos dando cuenta y se nos abrió cada vez más el campo de la agregación de valor. Finalmente sostenemos la hipótesis de que el eje está fundamentalmente en confeccionar la batería de litio a nivel nacional, desechamos la importancia de la extracción como punto nodal. Por supuesto, esto no quiere decir que no tenga que haber la mayor presencia del Estado nacional, de las comunidades, en la incorporación de la renta dentro de las fronteras nacionales, pero sobre todo apostamos a que lo importante es poder confeccionar las baterías y generar toda la agregación de valor.
–Como usted señala, la Argentina pasó a integrar junto a Chile y Bolivia esa imagen mítica de “la Arabia Saudita del litio”. Pero resulta que el litio es un mineral muy abundante, que está en muchos países e inclusive hay gran cantidad de este mineral en el mar. Entonces, ¿por qué nuestro país formaría parte de un grupo selecto para el cual el litio representaría un futuro promisorio?
–Cuando se habla de recursos naturales estratégicos, al litio se lo pone en un lugar casi privilegiado. Pero, en principio, no es escaso, es el 27º mineral más abundante en el planeta, está adosado a 150 minerales y también hay mucho en el mar, aunque en concentraciones mucho menores que en tierra. Y a la vez tampoco está distribuido desigualmente: hay en China, en Estados Unidos, en Canadá, hay en parte de Africa, hay en Serbia, hay en España, hay en Australia. Pero también es cierto que entre un 80 y 85 por ciento de litio está en las salmueras del salar de Hombre Muerto (Argentina), el salar de Uyuni (Bolivia) y el salar de Atacama (Chile). Y el litio en salmuera es el menos costoso de extraer, es el más rentable, es el que tiene mayores ventajas comparativas. Si se saca de los salares es menos costoso que si se saca de piedra, como se hace en Australia. Y el litio de salar se concentra en “el triángulo del litio”: Bolivia tiene alrededor del 50 por ciento, Argentina el 13 por ciento y Chile el 18 por ciento. Cada salar tiene una composición específica de cantidad de litio por partes y de facilidad de extracción. Por ejemplo, el salar de Atacama tiene asociado mucho potasio, entonces, al extraer litio, también se consigue potasio, y el potasio vale dinero. No sucede lo mismo en el salar de Uyuni, que no tiene potasio sino otro mineral que vale menos, entonces el costo de extracción es mayor porque no tiene un producto asociado de valor.
–Pero ¿por qué el litio es un recurso natural estratégico si está por todos lados, digamos, y en cantidades abundantes?
–Para que un recurso natural se convierta en estratégico tiene que ser clave para el desarrollo del modo de producción capitalista, clave en la hegemonía regional o mundial, clave para una economía verde o de posdesarrollo. Si un recurso tiene alguna de estas características es suficiente. Pero también tiene que tener una serie de condiciones necesarias: tiene que ser escaso, tiene que estar desigualmente distribuido y tiene que ser esencial para algún proceso, es decir, no tiene que encontrar un sustituto.
–Bueno, por su definición el litio no pareciera clasificar como un recurso natural estratégico, ¿no?
–Claro, no clasifica como estratégico, pero lo que sí es esencial y a la vez lo que lo convierte en estratégico es que sirve para fabricar las baterías. Y lo importante de la batería, lo que le da valor, es todo el proceso tecnológico asociado a esa construcción de la batería, que es difícil de realizar.
–Y hoy los países que la fabrican son principalmente Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.
–Claro, además de algunos países de Europa. Y como el litio también está en el mar, cuando sea muy importante, todos los países que tienen costa marítima tienen eventual acceso a las reservas de litio.
–¿Ya hay tecnología disponible para extraerlo del mar?
–China y Corea están experimentando tecnología para obtenerlo del mar. Por eso también es estratégico, no les importa tanto el precio que tengan que pagar, porque en el costo total de una batería, y menos de un auto, el litio es menor. Entonces, Toyota lo que quiere saber es que va a tener litio para su plan de operaciones de los próximos veinticinco años. No le importa si ese litio lo va a tener que pagar tres veces más. Todo esto no quiere decir que nosotros digamos que el litio no tiene un valor estratégico como recurso natural, pero sobre todo lo tiene como oportunidad tecnológica y como índice de una necesaria política regional a nivel extracción y a nivel industrial.
–¿Cuál es el tipo de extracción y de explotación que ustedes pudieron observar en “el triángulo del litio”?
–Los perfiles de la explotación y de la extracción de los tres países son muy disímiles entre sí. Por esto también la chance de hacer un triángulo de litio hoy es bastante remota. El caso chileno es puro libre mercado, extracción, exportación hacia afuera, hacia Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China, por el momento les importa nada lo que tiene que ver con la agregación de valor. Digo “por el momento” porque en Chile están empezando a ver que, por un lado, parte del valor está en ascender en la cadena productiva, y hay un potencial, por ejemplo, para la utilización de las batería en energía solar. Chile tiene una potencialidad de energía solar muy grande. Además también están entrando competidores al mercado, Chile ya no es el primer exportador mundial que controla el precio, Australia ya es el segundo, están entrando nuevas explotaciones en la Argentina, y en Bolivia tarde o temprano van a entrar. Bolivia es diferente, el Estado tomó el control absoluto del salar de Uyuni para que la parte de extracción, la producción de carbonato de litio, estuviese en manos del Estado y sólo al final, lo que se ligase a la cuestión de las baterías, pudiese llevarse en asociación con empresas extranjeras. Bolivia todavía no entró en producción porque está llevando adelante todo el proceso técnico de extracción sobre sus propias espaldas. Pero como es un país muy poco industrializado, no existe un entorno científico, mercantil y tecnológico que posibilite pegar el salto, desde el control absoluto de la materia prima carbonato de litio hacia los pasos posteriores.
–¿Y cómo es la situación de la Argentina?
–En Argentina está FMC Lithium, una empresa norteamericana, desde 1998, que exporta carbonato de litio, y con eso la Argentina es el tercer exportador de carbonato de litio a nivel global. FMC Lithium tiene el monopolio del Salar de Hombre Muerto, que queda entre Catamarca y Salta. Entonces, en el último tiempo, con el boom del litio vinieron un montón de empresas y se manejaron de una manera bastante particular. A nosotros nos gusta utilizar la imagen de una nave espacial que aterriza en un territorio que aparecía como desligado de la lógica capitalista transnacional y entonces eso se convierte en una suerte de economía de enclave vinculada de manera absoluta a los circuitos económicos globales bajo el perfil de productor de materia prima.
–¿Cómo es el modo en que esas grandes corporaciones químicas se instalan en el territorio?
–Un ejemplo es la explotación que empezó Orocobre en el 2014 (en Jujuy). Tenían un geólogo local, que era como una suerte de pequeña nave exploratoria, que iba y veía los salares, las chances, hacía contactos locales, veía qué pasaba con las comunidades, y cuando encontraba más o menos dónde estaba el negocio, mandaba el contacto a la central. Entonces, las grandes corporaciones arman como una especie de proyecto y una empresa especial para eso, que fondea el tema, pero todavía no la absorbe. La mandan ahí para empezar ya de una manera más robusta a trazar contactos, pedir las tenencias, empezar a ver cómo es la explotación y demás. Y una vez que ya está instalada y empieza la explotación, la empresa matriz la absorbe y, en este caso, ya forma parte de Orocobre.
–Entonces, ¿acá tampoco el Estado tiene intervención?
–Bueno, está por supuesto la cuestión provincial, porque cada provincia maneja sus recursos y Jujuy, en su momento, declaró al litio recurso natural estratégico para tener un grado de participación mayor en la extracción y darle un lugar mayor al recurso. Para eso, Jujuy fue la única provincia que creó una empresa, JemSE, que tiene una participación menor en algunas explotaciones, de 8,5 por ciento, eso le permite en un futuro tener un control sobre el litio. Pero el perfil general de la Argentina en ese sentido está vinculado a una externalización de la materia prima sin ningún control y con poca participación de las comunidades, tampoco una presencia provincial sustantiva. Sí, de todos modos, hubo una presencia importante del Estado nacional hasta acá en lo que tenía que ver con la chance de acrecentar la cadena de valor en la Argentina, mediante la participación en su momento del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Planificación. Porque la Argentina, a diferencia de Chile y de Bolivia, tiene un contexto y unas oportunidades bastante mayores.
–¿Por qué?
–Porque acá hay un mercado potencial que está vinculado con la batería, en la industria electrónica de Tierra del Fuego, también hay una producción de motocicletas nacionales, que bien podrían, si se tuviese una estrategia a mediano y largo plazo, incorporar batería de litios en su tracción. No hay que olvidar que Argentina es uno de los 25 o 30 países que tiene una plataforma de producción de automóviles y, efectivamente, las automotrices hacen todo para generar el proceso de incorporación de valor a nivel interno. No se puede saber qué puede llegar a pasar dentro de 15 años, si Argentina está en condiciones de ofrecer a la producción industrial la chance de una tracción de auto, de camión, de lo que fuese, a base de batería de litio. A la vez hay un mercado que se proyecta tan grande como el de automóviles, que es el mercado de las energías alternativas, porque ahí las baterías tienen diferentes funciones que cumplir. Por ejemplo, para almacenar energía eólica o solar se utilizan baterías de litio.
–¿Qué papel juegan las baterías de litio en la transición energética, en las economías de posdesarrollo?
–La transición energética lo que supone, justamente, es ir abandonando paulatinamente las energías fósiles para generar un tipo de tracción general energética que esté vinculado a energías sustentables y renovables, y eso tarde o temprano va a tener que acontecer. Y cuando eso suceda, el papel de la electricidad va a ser cada vez mayor, dentro de la matriz total, porque las energías renovables lo que producen fundamentalmente es electricidad: la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, las mareas. En esta transición energética, todas estas energías se almacenan. La electricidad si no se utiliza una vez producida, vuela. Entonces, las sociedades futuras van a tener que tener reservorios de energías, y ahí las baterías de litio tienen un papel que cumplir. Porque el combustible fósil tiene 50 años de vida, dicho esto no por ningún escrito fatalista sino por la Asociación Internacional de Energía. De modo que hay una transición energética necesariamente. Algunos países la están encarando, Alemania es uno de ellos, y China a su modo también.
–Entonces, ¿actualmente la batería de litio es una promesa a futuro?
–Es una promesa para el modo como nosotros pensamos, en Sudamérica, en donde las variables de futuro no están incorporadas al tipo de actividad presente. Tesla Motors, en Estados Unidos, tiene una fábrica gigante de producción de baterías de litio para automóviles, son autos ultra verdes, puramente eléctricos, que se están usando hoy. Tesla, para abaratar costos, produce en serie baterías. Todas las grandes automotrices lanzan baterías de litio, salvo Toyota que está pensando en la batería de hidrógeno. El litio está hoy en vías de consolidación, pero no está absolutamente consolidado, porque las baterías de litio todavía tienen una serie de dificultades: en el automóvil la autonomía no es muy amplia, tiene algún riesgo no menor de que pueda explotar y todavía no se puede igualar a la potencia que genera la energía fósil, el petróleo, tampoco es sencilla la carga. Por eso nosotros decimos que lo importante es el proceso de agregación de valor, de creación de la batería, de un proceso tecnológico local, incluso más allá de que las baterías sean de litio, porque si se tiene el know-how, si mañana no son las de litio y son las de hidrógeno, el reciclaje es sencillo. De hecho, los científicos que hoy más saben de litio, antes se dedicaban a hidrógeno.
–¿Entonces, según su visión la apuesta fuerte debería hacerse en relación a todo lo que viene después de la extracción?
–Sí, en el sentido de generar todo el proceso científico-técnico-industrial para hacer la batería en Argentina, lo que podría ser la contribución a modelos creativos de desarrollo, a un nuevo modelo de crecimiento, a una idea incluso de posdesarrollo, de poscrecimiento. Lo importante de las baterías se relaciona con la transición energética, con un modelo industrial que incorpore mucha cabeza, con un patrón verde. Aldo Ferrer decía que hay que pasar de la sustitución de importaciones a la sustitución de futuro. El modelo ya no es más ese modelo industrial de base fuerte y de intensidad energética, intensidad de mano de obra, intensidad del hierro, el aluminio, la industria de base. El modelo es otro y por eso nosotros hablamos de posdesarrollo, y el vector energético es una chance de un modelo de desarrollo creativo que incorpore las variables sustentables, de economía venidera en relación al cuidado de los bienes estratégicos, en relación obviamente a un modelo de equidad, y que preste especial atención a la incorporación de valor tecnológico y de pensamiento, y a la vez que trace fronteras de necesidades locales, que no piense en el crecimiento del PBI. A mí lo que me interesa es que haya un modelo de crecimiento sustentable, equitativo y renovable.
