Petroleras estatales y cambio climático
Petroleras estatales y cambio climático
Gerardo Honty
El iceberg más grande de la historia acaba de desprenderse de la Antártida, mientras en el Ártico se presentan las temperaturas más altas jamás antes registradas. Las olas de calor vuelven a arrasar el hemisferio norte, mientras los glaciares del sur crecientemente pierden masa. A pesar de ello el mundo sigue invirtiendo enormes sumas de dinero en la explotación de petróleo, gas y carbón según el reporte publicado días atrás por la Agencia Internacional de la Energía (World Energy Investment 2017).
La inversión total en Energía fue de USD 1,7 billones en 2016, el 40% de los cuales fueron destinados a inversiones en petróleo y gas. Después de la desaceleración ocurrida en 2015 por la caída de los precios del crudo, las inversiones en el “upstream” de los hidrocarburos se recuperaron en 2017. Los destinos preferidos fueron el esquisto de Estados Unidos, las grandes zonas petroleras de Oriente Medio y Rusia y la cuenca off shore de México.
El papel de los actores estatales en las inversiones en energía sigue siendo elevado, alcanzando el 42% en 2016, superando el nivel de 39% alcanzado en 2011. Las compañías petroleras nacionales están desempeñando un papel cada vez más importante en el gasto en exploración y explotación de petróleo y gas. Inversamente los costos de los programas gubernamentales de eficiencia energética equivalen a menos del 15% del gasto en eficiencia energética.
La caída de los precios del petróleo no afectó significativamente la financiación de las inversiones por petróleo y gas, aunque la mayoría de ellos aumentaron significativamente el apalancamiento, es decir, la toma de créditos. A pesar de los recortes de inversión y una mejor disciplina de costos, las mayores compañías petroleras incrementaron la deuda en más de USD 100 mil millones entre finales de 2014 y principios de 2017.
Las compañías de Estados Unidos son las más endeudadas. Según datos de Bloomberg (recopilados en SRSrocco Report), el monto de los bonos por debajo del grado de inversión que las empresas de energía estadounidenses deberán pagar en 2017 aumentará a USD 70.000 millones, bastante más de los 30.000 millones de dólares que debieron abonar en 2016. La deuda pendiente (en bonos) saltará a USD 110 mil millones en 2018, a USD 155 mil millones en 2019, y luego se disparará a USD 230 mil millones en 2020.
La inversión pública
La ex Secretaria Ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, Christiana Figueres, acaba de publicar junto a otros autores, una carta donde advierte que, para poder tener una chance de reducir la amenaza del cambio climático, los cambios en el sector energía deben hacerse antes del 2020. Esto no es una novedad. Ya otros informes anteriores del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la Agencia Internacional de la Energía e instituciones independientes vienen advirtiendo lo mismo.
Pero -como puede desprenderse de los montos de las deudas a futuro tomadas por las empresas energéticas- las compañías petroleras, los inversores públicos y privados, los bancos y los agentes de deuda, siguen apostando a un aumento en la extracción y comercialización de hidrocarburos más allá de las restricciones que el cambio climático impone.
Según el reporte de la AIE ya mencionado, en los últimos tres años las emisiones de gases de efecto invernadero se estabilizaron gracias a la inversión en eficiencia energética. Pero las inversiones en nuevas tecnologías de bajo carbono se han estancado. A pesar de que la participación de la eólica y solar crecieron en los últimos cinco años, su contribución resulta prácticamente anulada por la desaceleración de las inversiones en energía hidroeléctrica, que disminuyeron en más de la mitad en el mismo período de tiempo. La inversión en nueva generación de tecnologías de bajas emisiones de carbono debería aumentar sólo para mantener su proporción de participación en la matriz energética.
La mitad de los gases acumulados en la atmósfera desde que comenzó la era industrial fueron emitidos a partir de 1988. Esto es, en los últimos 30 años se lanzaron a la atmósfera la misma cantidad de gases que en los 250 años previos lo que da una idea del imponente aumento en la tasa de emisiones. Solo unas 100 empresas energéticas son responsables de más de la mitad de dichas emisiones según un reciente reporte Carbon Majors Report 2017 elaborado por Carbon Disclosure Project (CDP). Es decir, estas empresas son las que han extraído y comercializado el petróleo, gas y carbón suficiente como para convertirse en la mayor causa de la amenaza climática bajo la cual vivimos.
El reporte constata además, que la mayor responsabilidad no cae en las empresas privadas, como se tendería a suponer, sino en las empresas estatales y los inversionistas públicos. Y particularmente de las empresas públicas estatales de los países en desarrollo, pues son las propietarias de las mayores reservas y tienen mayor participación en el mercado.
Las 100 mayores empresas son responsables por 635 GtCO2 emitidas desde 1988 a la fecha; de ellas, 59% son empresas estatales, 32% son propiedad de inversionistas públicos y solo 9% de empresas privadas. Entre las primeras 10, seis representan más de un cuarto de las emisiones globales y son empresas estatales de países en desarrollo: China, Irán, Arabia Saudita, India y México. Además de Pemex que aparece en el séptimo lugar, PDVSA y Petrobras ocupan los puestos 13 y 22.
En consecuencia, los estados tienen en sus manos la decisión sobre el cambio climático. No solamente por su capacidad o legitimidad para elaborar y disponer políticas públicas que cambien los modos de producción y consumo. Sino más sencillamente dejando de contribuir con sus recursos –recursos de la sociedad por otra parte- en la inversión y el apalancamiento de las inversiones en hidrocarburos.
El año de 1988 -que divide en mitades iguales las emisiones acumuladas en la atmósfera- no es un detalle menor en este relato. Ese fue el año de la instauración del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, creado para alertar a los Estados de las Naciones Unidas de los riesgos futuros de seguir invirtiendo en combustibles fósiles. El futuro ya llegó, pero los gobiernos siguen actuando como si aquello nunca hubiera existido.
*Analista en Energía y Cambio Climático de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
Los daños por los que Chevron no ha indemnizado a sus víctimas en Ecuador
Orlan Cazorla y Miriam Gartor – ElDiario
Cuando Servio Curipoma construyó su casa en una pequeña finca de la Amazonía ecuatoriana, desconocía que bajo el suelo se escondía una piscina de petróleo. Era una de las cerca de mil piscinas que la compañía Texaco abrió para arrojar los desechos de su actividad petrolera, y que después ocultó cubriéndola de tierra. Veinte años transcurrieron hasta que, en el año 2008, Servio y su familia fueron reubicados en una nueva casa, a unos 20 metros de distancia. Para entonces sus padres ya habían fallecido de cáncer.
La parroquia rural de San Carlos, ubicada en la provincia amazónica de Orellana, se encuentra dentro del campo Sacha, uno de los más grandes campos petroleros de Ecuador descubierto en 1969 por la trasnacional estadounidense Texaco, adquirida en 2001 por Chevron. En el pozo Sacha 56 todavía se observa la infraestructura del pozo y los cimientos de la casa que la familia Curipoma dejó abandonada. Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía, remueve la tierra donde Servio cultivaba sus plátanos. «Aquí, por ejemplo, metes un palo y sale agua y petróleo. Es petróleo y está tapado. Realmente no se sabe qué diámetro tendrá pero siempre hacían piscinas grandes, de hasta tres metros de profundidad y 30 metros de diámetro».
Texaco operó entre 1964 y 1990 en la Amazonía noroccidental ecuatoriana. Cada vez que perforaba un pozo, lo hacía siguiendo la misma técnica. Alrededor de la plataforma abría grandes fosas –piscinas– directamente en el suelo donde arrojaba el petróleo de prueba, los lodos de perforación y las aguas de formación. Sin ningún tipo de impermeabilización ni consideración ambiental. En aquella época estas prácticas eran ya consideradas obsoletas e incluso estaban prohibidas en algunos países como EEUU. Muchas de estas fosas fueron posteriormente cubiertas con tierra y ocultadas por la propia empresa, que nunca determinó el número exacto de piscinas construidas. Durante el juicio que los 30.000 afectados interpusieron contra Chevron-Texaco, los demandantes descubrieron 996. Cuatro décadas después, estas piscinas continúan filtrando sustancias tóxicas en el subsuelo y contaminando las aguas subterráneas.
A unos metros de distancia vive Carmen Morocho junto a su familia. Su casa fue construida sobre un derrame de petróleo que se produjo hace 40 años. «Estamos viviendo sobre el derrame. Todo está y estamos contaminados. Hasta en la casa hay una plancha de crudo seco. Lo hemos tapado pero…». Se detiene pensativa, como queriendo encontrar un final a la frase. «Así le damos a la vida», suspira. Casi con la misma resignación nos cuenta que la tierra no se puede cultivar porque no produce nada. «No hemos salido de aquí porque es duro para nosotros construir una casita».
Más de 20 años de lucha
Abandonamos Sacha para dirigirnos al campo Shushufindi, en la vecina provincia de Sucumbíos. Durante el camino, el trasiego de camiones de carga pesada vinculados a la actividad petrolera y los innumerables carteles con la advertencia de » peligro «, rompen con la aparente tranquilidad del paisaje. La continua presencia del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), un entramado de oxidadas tuberías que recorre los 503 km que separan la selva amazónica de la costa en el Pacífico, nos recuerda que estamos en la zona petrolera por excelencia de Ecuador. Un gran letrero del Gobierno ecuatoriano lo confirma: » ¡El petróleo impulsa el Buen Vivir de tu comunidad!».
Durante el trayecto, Ermel nos relata el proceso de resistencia de las comunidades. El 3 de noviembre de 1993 un grupo de indígenas y colonos campesinos afectados por los impactos de Texaco interpusieron ante una corte en Nueva York una demanda colectiva en representación de las 30.000 personas afectadas. Unos meses después, el 15 de mayo de 1994, se constituyó el Frente de Defensa de la Amazonía para dar seguimiento a la demanda, y ofrecer acompañamiento y asesoramiento a las comunidades que seguían en conflicto petrolero. Posteriormente, la organización se amplió con la creación de la Asamblea de Afectados por Texaco. Comenzaba así un largo proceso de lucha que dura ya más de veinte años, y que ha logrado unir a cinco nacionalidades indígenas y a colonos campesinos frente a una causa común: exigir justicia y reparación socioambiental.
El 14 de febrero de 2011, tras el traslado del juicio a Ecuador a petición de Chevron, la justicia ecuatoriana condenó a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares y a expresar disculpas públicas por los daños causados. En caso de no hacerlo, la indemnización aumentaría a 19.000 millones. El fallo fue ratificado en dos ocasiones: en enero de 2012 y en noviembre de 2013. Finalm ente, la sentencia condenatoria fue fijada en 9.500 millones de dólares dirigida a realizar la remediación social y ambiental, a pesar de que la empresa nunca pidió disculpas. Se trata de la indemnización más grande de la historia dictaminada por un conflicto ambiental, que Chevron se niega a aceptar. «El juicio está ganado. Chevron ha sido condenado. Ahora el problema es cobrar», subraya Ermel.
Dado que la empresa no posee activos en Ecuador, la única posibilidad es tramitar el cobro de la sentencia a través de la incautación de bienes en otros países. En noviembre de 2012 Argentina decretó el embargo de todos los bienes de Chevron en el país, en lo que parecía ser el comienzo de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el millonario acuerdo firmado entre la renacionalizada YPF y la petrolera estadounidense para iniciar la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Patagonia argentina, ha truncado esa posibilidad. Actualmente las expectativas están puestas en Brasil y Canadá.
No será sencillo. En marzo de 2014, un juez de Nueva York dictaminó que la sentencia condenatoria contra la petrolera Chevron fue dictada de manera «fraudulenta». La resolución no anula el fallo de la justicia ecuatoriana pero favorece que los tribunales de otros países no lleven a efecto su sanción.
El pasado 24 de octubre los afectados interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gerente general de Chevron, John Watson, y otros altos directivos de la petrolera estadounidense para que sean juzgados por delitos de lesa humanidad.
Reconocer el daño causado
Julia González es vecina de Shushufindi desde los años en que Texaco operaba en la zona. Recuerda con tristeza que frente a la casa familiar perforaron un pozo y nunca fueron informados sobre los peligros que conllevaba. Sin ningún cuidado, la empresa derramaba los desechos a las fuentes hídricas contaminando las vertientes de donde Julia y su familia recogían el agua para su consumo diario. «El agua era amarillenta y de ahí lavábamos, nos bañábamos y tomábamos. Nunca nos dijeron que ese agua no se podía utilizar». Un estudio publicado por el Instituto Hegoa-UPV/EHU concluyó que la ausencia de información sobre los efectos nocivos de la actividad petrolera fue una práctica generalizada. Además, reveló que en numerosas ocasiones el personal de Texaco indicaba a las poblaciones que «tanto el petróleo como las aguas de formación tenían efectos positivos para los cultivos o incluso para la piel o la salud».
«Con el tiempo nos afectó a mí y a mi familia», continúa Julia. Con el transcurso de los años comenzaron a padecer infecciones y enfermedades. Todos los familiares de Julia fallecieron de cáncer. En las zonas expuestas a la contaminación petrolera como Sucumbíos y Orellana el cáncer es la principal causa de muerte, cuya incidencia es tres veces superior a la media nacional.
Los problemas de salud para las poblaciones afectadas todavía persisten. «Cada uno de nosotros todavía lo palpamos en nuestro cuerpo, en nuestro vivir diario, con nuestros problemas de salud». Consciente de que la remediación socioambiental se antoja complicada, Julia reclama que la empresa admita los daños causados. «Todos queremos que esto termine, pero que reconozcan la contaminación y el daño hecho a la población. Reconocer para que esto termine ya. Ese es mi pedido».
Una solución urgente
El pozo Shushufindi 61 todavía continúa en funcionamiento desde que en la década de los setenta Texaco lo perforara por primera vez. En la actualidad es la empresa pública Petroamazonas la que realiza los trabajos de extracción. Ermel nos conduce a través de una vereda hacia una piscina que en esta ocasión no está cubierta de tierra. Un lago negro de petróleo se atisba entre la vegetación. Con la ayuda de una larga rama intenta averiguar su profundidad. Son tres metros aproximadamente. «El problema es que el petróleo migra por el subsuelo hacia las fuentes hídricas. Esta piscina tendrá cerca de 40 años y el petróleo continúa migrando a través del tiempo», asegura.
Durante el proceso judicial se tomaron 85.000 muestras de agua y de suelo de diferentes campos. Todas reportaron altos niveles de contaminación. Un estudio de la cadena alimenticia demostró que la grasa de los peces de la zona contiene hidrocarburos. «Podemos deducir que el plátano, el cacao, el ganado y hasta los alimentos están contaminados. El daño es incalculable», continúa Ermel, que considera que hay ciertas cuestiones que no se podrán remediar. «¿Cómo se pueden reparar dos pueblos indígenas que han desaparecido? ¿Y los territorios de los pueblos originarios? ¿Y las vidas de las personas fallecidas?». Estos son algunos de los interrogantes a los que trata de encontrar respuestas sin éxito.
«Chevron es una prófuga de la justicia»
El último tramo del recorrido nos conduce al pozo Aguarico 4, sin duda el caso más emblemático. Durante el juicio, el abogado de la trasnacional alegó que la responsabilidad de la contaminación podría ser de las empresas que han continuado con las operaciones de los pozos después de la salida de Texaco. Sin embargo, este fue operado exclusivamente por la petrolera estadounidense.
Caminando a través de un bosque primario llegamos a una nueva piscina abierta. Un manto viscoso de petróleo cubre toda la superficie. Ermel introduce la mano y el guante blanco que lleva puesto queda completamente cubierto de crudo. Un intenso olor a petróleo inunda el ambiente. En uno de los extremos de la piscina todavía se encuentra visible una tubería dirigida a un arroyo que corre ladera abajo. Este sistema, llamado cuello de ganso, era utilizado por Texaco para arrojar directamente las aguas de formación y los lodos contaminados hacia los esteros y los ríos. Las aguas del arroyo, que en algún tiempo fueron cristalinas, arrastran hoy corriente abajo una densa mancha aceitosa.
Ermel nos ha mostrado a lo largo del camino las heridas todavía visibles que la petrolera estadounidense dejó a su paso por Ecuador. Lo que no comprende es que otros países establezcan acuerdos con una empresa que no quiere admitir su responsabilidad. «Chevron es una prófuga de la justicia. La compañía ha sido condenada tres veces por las leyes ecuatorianas y aún sigue utilizando sus mañas para evadir la justicia. Cuando vamos a Europa siempre decimos que los países no pueden hacer negocios con una compañía que es criminal», sentencia. «¿Que hasta cuándo vamos a seguir luchando? Hasta que paguen y remedien los daños».
63.000 millones de litros de aguas tóxicas arrojadas a los ríos, 680.000 barriles de crudo derramados, 30.000 personas afectadas, dos pueblos indígenas desaparecidos y un millón de hectáreas de bosque deforestado. Este es el crudo legado que, tras 26 años de explotación, ha dejado Chevron-Texaco en Ecuador.
La ruptura del TLCAN podría causar una catástrofe en el mercado energético
Clifford Krauss y Azam Ahmed-NYT
De todas las industrias cuyo futuro es incierto a causa de la promesa del presidente Donald Trump de renegociar el tratado comercial con México, sin duda una de las más importantes es la del gas natural.
México utiliza gas natural estadounidense para producir más de una cuarta parte de su electricidad, por lo que se encuentra en una posición muy vulnerable ante cualquier trastorno que pudiera derivarse de una batalla comercial con Estados Unidos. Pero no sería el único afectado, ya que la venta de gas natural a México también es una bendición para la industria energética estadounidense, la cual ya ha emprendido acciones para mostrar a la Casa Blanca la importancia de su relación con México.
“Nuestra intención es establecer contacto con nuestro paisano de Texas, el secretario de Energía Rick Perry, para ver si es posible que nos ayude”, dijo Steven Pruett, director general de Elevation Resources, una empresa texana de la industria del petróleo y el gas. “Pensamos pedirle el gran favor de colaborar con nosotros para que la administración de Trump se olvide de la retórica sobre la cancelación del TLCAN y nos permita seguir disfrutando de la bonanza económica que ha propiciado el gas natural en Texas”.
Según las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mismo que Trump amenaza con dar por terminado a menos que Estados Unidos obtenga un “trato justo”, la autorización de las exportaciones de gas natural es prácticamente automática. Pero si Estados Unidos decide acabar con el tratado, en el futuro corresponderá al Departamento de Energía autorizar las exportaciones de gas si considera que benefician a la nación.
Perry desempeña entonces un papel crucial en un momento en el que imperan las tensiones; aunque con toda razón puede considerársele un aliado de esta industria. Cuando era gobernador de Texas respaldó prácticas polémicas como la fracturación hidráulica para promover las exportaciones de gas natural y la producción petrolera de su estado. Gracias a su apoyo, la producción de gas natural en Texas creció un 50 por ciento. Al concluir su periodo como gobernador, Perry se convirtió en consejero de Energy Transfer Partners, una empresa que en los últimos dos años construyó cuatro redes de ductos para transportar gas a México.
Perry afirma conocer la naturaleza simbiótica de la relación entre México y las empresas estadounidenses del sector energético, y prometió hacer todo lo posible para resguardarla. “Me parece una oportunidad para que un recurso natural estadounidense ayude a impulsar la economía de ambos países”, dijo. “La meta general de la administración de Trump es que se vendan los productos estadounidenses para impulsar la economía. Si los vendes a un socio, a un vecino, pues todavía mejor”.
Sin embargo, debido a las amenazas de Trump en contra de México y a sus cambiantes declaraciones sobre la salida del TLCAN, los funcionarios mexicanos también exploran opciones en caso de que se dé una ruptura.
Las amenazas de Trump “han causado cierta inquietud en México, por lo que han comenzado a considerar alternativas y planes de contingencia”, dijo Carlos Pascual, exembajador de Estados Unidos en México y vicepresidente sénior de IHS Global Energy. “No obstante, las primeras protestas que se escucharán si Estados Unidos suspende los embarques de gas natural a México serán las de los productores de petróleo y gas de Texas”.
Kevin Book, director adjunto de ClearView Energy Partners, una empresa de investigación especializada en el sector energético, coincidió con esa advertencia. “En el contexto de una guerra comercial que va escalando, es posible que alguna de las partes corte el paso del gas”, advirtió.
De acuerdo con Book, una medida así conduciría a lo que llama una “situación de destrucción mutuamente asegurada”, pues las empresas estadounidenses sufrirían graves pérdidas en sus ingresos y México enfrentaría una escasez energética que podría echar por tierra los servicios más básicos en Ciudad de México.
En Estados Unidos las consecuencias también podrían alcanzar a algunos de los miembros más importantes del gabinete y a los seguidores de Trump. Según los pronósticos, se espera que las exportaciones de gas estadounidense a México se dupliquen para 2019, y que la mayor parte de ese gas provenga de Texas, el estado natal tanto de Perry como del secretario de Estado Rex Tillerson.
En la actualidad, por lo menos 17 redes de gasoductos transportan cada día más de 110 millones de metros cúbicos de gas natural a México; los próximos dos años se completaría la construcción de otras cuatro redes transfronterizas de gasoductos y muchas más están en etapa de planeación.
La importancia de vender gas natural a México se ha profundizado cada vez más, porque la sobreoferta que genera la producción en Estados Unidos supera por mucho la demanda interna. En síntesis: para evitar que se desplome el precio del gas natural, los productores estadounidenses necesitan a México, su mejor cliente.
En cuanto a México, su futuro gira en torno al gas natural, ya que en la próxima década se convertirá en la principal fuente de energía del país; es un recurso esencial en la generación de electricidad para los ciudadanos y las industrias. En 2015, la Secretaría de Energía mexicana anunció un plan a cinco años para ampliar la red de gasoductos del país con vistas a las crecientes importaciones de gas.
Dado que el gas natural estadounidense es barato y está disponible con facilidad, los ejecutivos petroleros mexicanos dejaron de lado sus planes para producir su propio gas a partir de los campos de esquisto del país. Si se rompe la relación comercial, México podría encontrarse de pronto en una situación peligrosa.
Los funcionarios mexicanos ya comenzaron a explorar la posibilidad de importar gas natural líquido de países como Perú.
Sin embargo, en sus declaraciones públicas, funcionarios y ejecutivos mexicanos han mostrado cierto optimismo con respecto al futuro del comercio energético. En mayo, durante una visita a la Universidad Rice, José Antonio González, el director general de la petrolera nacional Pemex, enfatizó que está seguro de que las políticas comerciales de Trump no ocasionarán interrupciones en el flujo de petróleo y gas entre ambos países.
“El comercio ofrece ventajas a ambas partes, sobre todo en materia energética”, dijo. “En el caso concreto de México y Estados Unidos, resulta evidente que es complementario”.
Perry estuvo de acuerdo y reconoció la importancia del intercambio comercial de gas natural para las empresas estadounidenses, así como las medidas que han tomado para protegerlo. “La administración de Trump debe tomar decisiones que ayuden a vender productos estadounidenses y a crear empleos para los estadounidenses, y si además se refuerza la relación con México y Canadá como parte de una estrategia energética para América del Norte, entonces tendremos muchos motivos para celebrar”.
*Krauss colaboró con este reportaje de The New York Times desde Houston y Ahmed lo hizo desde Ciudad de México.
