México: activistas denuncian que mineras ponen en riesgo la vida en Veracruz

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La biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre 2 y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.

Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros al norte del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.

En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada en millones de dólares; en contraste, los pobladores de las congregaciones situadas en las faldas de los cerros subsisten de la ganadería, la siembra de caña y otros cultivos, actividades que inevitablemente se verán impactadas.

Caballo Blanco

El pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara, firmó el documento resolutivo que autorizó a la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V. iniciar con los trabajos de exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

El Informe Preventivo presentado por la empresa, la cual es filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas. Sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

Estos albergarán las plantillas de barrenación, los patios de maniobras, las fosas de sedimentos y otras actividades propias de la minería.

De acuerdo con el oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir única y exclusivamente con el proceso de exploración con una perforación que oscilará entre los 150 a 500 metros de profundidad.

La apuesta de Caballo Blanco S.A. de C.V. es obtener información precisa e identificar minerales como el oro y la plata en medio de una zona donde según los censos del INEGI prevalecen amplios sectores en situación de pobreza.

El acceso a los puntos de barrenación está prohibido al tratarse de propiedad privada. Sin embargo, en las comunidades existe hermetismo y recelo en cuanto al desarrollo de trabajos en el cerro La Paila, el cual está ubicado frente a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Para poder realizar las exploraciones, diariamente se utilizarán 70 mil litros de agua que serán acarreados mediante pipas compradas en la región.

En la comunidad de Arroyo Agrio, por ejemplo, la encargada de una de las tres tiendas de abarrotes explica que los últimos movimientos de camiones y otras unidades ocurrieron en la cara norte de la montaña, muy cerca del Rancho del Niño.

“Aquí entraban, pero ahorita están de aquel lado. Tengo entendido que van a utilizar este mismo camino en los próximos meses o al menos eso es lo que se ha escuchado”, afirma.

Según lo expuesto en el resolutivo de la Semarnat, la empresa no tiene permitido abrir nuevas brechas para llegar hasta los puntos de barrenación y sólo tiene autorizado adecuarlos para que sean transitables durante los 2 años de trabajos.

El Cobre 2

A unos 20 kilómetros al sur de donde se reactivará el proyecto Caballo Blanco se localizan ocho puntos del proyecto denominado El Cobre 2, promovido por Minera Gavilán S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals en 2016.

Un año antes de que Caballo Blanco S.A. de C.V. promoviera la autorización para los nuevos proyectos, Minera Galván S.A. de C.V. hizo exploraciones en las comunidades de San Juan Villa Rica, Los Baños, Ojital, Tinajias y El Porvenir.

Sobre este proyecto, los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Sánchez Vázquez, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez, habitantes del municipio de Actopan, rechazaron el Informe Preventivo de la empresa y exigieron una consulta pública porque consideraron una que había posibilidad de una afectación. Aunque enviaron un oficio el 20 de abril de 2016, la Semarnat avaló el proyecto minero y dio luz verde para los trabajos de exploración.

Explotación inviable

Según el dictamen elaborado por la empresa Caballo Blanco S.A. de C.V., el programa propuesto es de muy bajo impacto ambiental, pues argumentan que no hay conflicto con el medio ni con el entorno. No obstante, Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA, señala que los proyectos mineros son altamente peligrosos para sitios donde hay tal biodiversidad como en los cerros La Paila y La Cruz.

“La legislación mexicana permisible para que cualquier empresa extranjera pueda despojar a cualquier comunidad, territorio, área natural o bienes sin problemas. La minería prima sobre cualquier otra y es absurdo. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha sido una institución cómplice porque hay claras violaciones a la NOM-120-SEMARNAT-2011 (…) su papel ha sido vergonzoso”, precisa.

Rodríguez Almazán considera que la minería no debería ser admisible en un ecosistema único y diverso como el que existe en la zona serrana que se difumina hacia el Golfo de México, en los municipios de Alto Lucero y Actopan. “El que aprueben proyectos de exploración es el primer paso para la explotación. Están en juego millones de dólares y es un hecho que apuestan a que en algún momento puedan extraer minerales ahí”, indica.

En los informes preventivos de las empresas canadienses se detalla que en dicha región existen desde robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies. En cuanto a fauna, en esa demarcación es posible observar tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, venados cola blanca, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Considerado este inventario de especies y dentro del contexto de la amenaza al medio ambiente, Emilio Rodríguez insiste en que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene.

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