En el Banco Central argentino está prohibido discrepar (Por Rubén Armendariz)
El Poder Ejecutivo dispuso remover al director del Banco Central de la República Argentina Pedro Biscay, para lo cual solicitó una opinión al Congreso, reseñó la prensa. Es una muestra más del avasallamiento a las instituciones jurídicas del país, ya que las únicas razones que pueden presentar, son las discrepancias políticas e ideológicas, irrespetando la pluralidad y alternancia que la Carta Orgánica del BCRA prevé para su cuerpo de directorio
Biscay, un abogado experto en temas financieros y delitos económicos, cuenta con mandato aprobado por el Senado de la Nación hasta 2019, en nombramiento impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El directorio del BCRA, luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República, fue removido casi en su totalidad, nombrando a directores afines al gobierno nacional y los negocios financieros. Hoy sólo queda Pedro Biscay como director crítico a las políticas de apertura completa del mercado de capitales, de dolarización y del esquema especulativo que las altas tasas de interés establecidas por el BCRA montaron, colocando a Argentina en uno de los países con mayor retorno financiero a nivel mundial.
Todo esto acompañado por un descomunal endeudamiento externo que permita sostener la desregulación cambiaria y la consecuente fuga de capitales.
Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) hasta enero de 2012, y en la Comisión Nacional de Valores (CNV), fue parte de la oficina de Derechos Humanos, Verdad y Justicia donde se investigan delitos financieros y participación de civiles en la dictadura.
En el Banco Central, tuvo el cargo de Superintendente de Entidades Financieras cuando investigó más de cuatro mil cuentas de ciudadanos argentinos sin declarar en la banca suiza.
Detrás de la decisión se encuentra la pública oposición del funcionario a la política monetaria que lleva adelante el BCRA y en especial su presidente Federico Sturzenegger, a quien alertó que las medidas de metas de inflación pueden llevar a una crisis cambiaria y económica.
Lo que llama la atención es que de los actuales integrantes del directorio del Banco Central, solo cuentan con acuerdo del Senado Sturzenegger y el propio Pedro Biscay. El resto de los directores no lograron hasta ahora el aval del Senado y vienen desempeñándose en comisión.
Biscay se opuso a la desregulación de las normas cambiarias, el fuerte endeudamiento en el exterior, la eliminación del ingreso obligatorio de divisas por parte de los exportadores y la supresión de límites para la compra de moneda extranjera, porque alentaban el ingreso de capitales especulativos, la fuga y la evasión impositiva.
Asimismo cuestionó en notas formales la emisión de títulos del Banco Central dispuesta por Sturzenegger y advirtió que esas políticas profundizaban la especulación financiera y que las altas tasas afectan la actividad económica y provocan el aumento de incobrables en las carteras de créditos de las entidades financieras.
El pedido de remoción de Biscay llega cuando sus advertencias dejan de ser teóricas: con una tasa del 28 por ciento, esta semana el Banco Central deberá renovar letras por encima de 30.000 millones de dólares, casi dos tercios de la base monetaria.
Es claro que esta intención del gobierno no es más que una embestida contra aquellos que denuncian las consecuencias que las políticas neoliberales ocasionan a los pueblos y participan activamente en la discusión democrática de las medidas adoptadas por el Banco Central: tal es su obligación como Director.
Rubén Armendariz – CLAE
