Puerto Rico: Partidos y grupos ante un plebiscito mal concebido y nada productivo – Por Ángel Israel Rivera
Esta vez el gobierno del PNP, dirigido por Ricardo Rosselló ha “botado la bola” en eso de la esperanza con terquedad para realizar –de todas formas– una consulta mal llamada plebiscito que no tiene las más mínimas oportunidades de ser atendida por la metrópoli ni de resolver nada: ni acá ni allá.
Tan claro está que los propios líderes del PNP no creen en el éxito de la consulta, que han legislado ya un “método alterno” llamado por ellos “Plan Tennessee” que, al igual que el mal llamado “plebiscito” del 11 de junio, resulta ser un derroche innecesario de dinero público del gobierno de Puerto Rico en medio de la crisis fiscal y algo contrario a la letra y el espíritu de la Ley PROMESA que la administración Rosselló alega “respetar”. El Plan Tennessee fue ideado para territorios ya incorporados por el Congreso como método de presión para acelerar lo inevitable: su admisión ya prevista a la federación como estados federados. Puerto Rico es muy distinto porque se trata de un territorio no incorporado. ¿Y quién va a pagar por el festejo que se van a dar en Washington los supuestos dos senadores y cinco representantes escogidos sólo por el PNP, como en la peor de las dictaduras?
El plebiscito del 11 de junio no sólo es intempestivo debido a la desatención del Secretario de Justicia de Estados Unidos, que a poco más de una semana de la fecha pautada ni ha contestado formalmente la decisión final del Departamento ni tampoco se han materializado los 2.5 millones legislados por el Congreso si las definiciones eran finalmente aprobadas por Justicia Federal, sino que la Administración Rosselló se dispone a llevar a cabo la consulta sólo con dinero de Hacienda, no todo lo cual ha llegado a la CEE, según dijo su presidenta. Hasta los alcaldes del PNP han alegado problemas para conseguir funcionarios de colegio y, además, la fecha coincide con la celebración de la fiesta patria en Nueva York: el Desfile Anual Puertorriqueño. Ello reduce las probabilidades de que personas de la diáspora con residencia en Puerto Rico vengan a votar. Amén de que el gobierno parece no haber hecho análisis alguno sobre cómo afectará la consulta la continuada migración hacia Estados Unidos. Y siempre está la competencia veraniega de las playas y de los viajes fuera del país.
A causa de todo eso junto, NO hay manera de que sea creíble, o probable estadísticamente, una participación electoral ni siquiera cercana al 60%, cuando para las elecciones de 2016, celebradas hace sólo 6 meses, la participación electoral bajó al 44.5% de los electores inscritos. Estamos hablando de una elección general, en la cual suele votar siempre bastante más gente que en los plebiscitos o consultas por referendo. ¿Por cuál prestidigitación podrían Rosselló y los legisladores del PNP haber cambiado tan drásticamente esa tendencia en el electorado? ¿Qué realizaciones milagreras tiene a su haber Ricardo Rosselló para que tal cosa ocurra? Surge entonces la gran duda: ¿Habrá fraude electoral mediante el conteo electrónico?
Todas estas circunstancias tomadas juntas auguran una consulta fracasada tanto en participación electoral como en atención por parte del Congreso. Y lo que es peor, un derroche innecesario de recursos públicos, mientras se cierran escuelas, se recortan millones en el presupuesto del Estado, se le quitan recursos a la Universidad de Puerto Rico, y se deterioran los servicios públicos. Como una especie de “ramo de olivo” de parte de la Administración Rosselló, –que es más una “tapadera incierta” de lo que habrá de ocurrir en la práctica cuando la Junta de Control fiscal entre a controlar el presupuesto–el Gobernador ha anunciado que el nuevo presupuesto garantiza las pensiones a todos los empleados jubilados del gobierno. Ni siquiera se ha aclarado si las pensiones que se mantienen tienen o no el descuento del 10% pedido por la Junta Fiscal. Aparte de que el tal descuento a todos es realmente una INJUSTICIA MAYÚSCULA, ya que no afectará la vida de exjueces y exadministradores del gobierno con pensiones astrónomicas de $5 mil o más al mes, pero sí la de la mayoría de los pensionados del Gobierno cuyas pensiones apenas exceden los $1,000 mensuales y es obviamente donde más se va a sentir ese recorte del 10%.
EL BOICOT generalizado de la oposición
Ante la realidad anticipada del fracaso plebiscitario, y ante su diseño de papeleta tan precario, toda la oposición del país favorece el BOICOT al plebiscito. En otras palabras, a la tendencia ya espontánea en el Pueblo de no votar, vista en las elecciones de 2016, se suma ahora el BOICOT oficial de todos los partidos y grupos de la oposición. El más importante de esos boicots, obviamente, es el del PPD. Aunque ese partido pasa por una grave crisis interna –y por un bajón de calidad en su liderato– no hay que olvidar que es el segundo partido en fuerza en Puerto Rico y que estuvo en control del gobierno durante el cuatrienio 2013-2016. Ese dato nada más es importante ante los ojos del Congreso. Encima, y para remachar, todos los libre asociacionistas reconocidos como genuinos –un sector que obtuvo más del 20% del voto total en el plebiscito de 2012– van “todos a una” al BOICOT, no importa si son miembros del PPD, de ALAS, del MUS o de otras organizaciones políticas, o si se consideran ciudadanos no afiliados.
El independentismo íntegro va también al BOICOT total, desde el PIP hasta los que integran grupos como el MUS y el MINH, agrupados además junto con Populares, libre asociacionistas y candidatos independientes en 2016 como Alexandra Lúgaro, en un Junte Soberanista. Y no hay que llamarse a engaño: esos poquitos que dicen querer representar la libre asociación o la independencia en el plebiscito de Ricardo Rosselló, han sido denunciados ya por el Junte Soberanista como no representativos del mismo. Incluso hay quien ha implicado en los medios o en las redes sociales que tales grupúsculos no son sino instrumentos del propio PNP para dar legitimidad a un plebiscito ilegítimo. ¿Verdad o falsedad? No lo sabemos.
No obstante, ha extrañado a muchos que en un vídeo publicado por endi.com haya aparecido el Gobernador Rosselló reunido con ellos y tomándoles apuntes a lo que decían los portavoces de esos grupúsculos. ¿De cuándo acá un Gobernador se reúne con grupos opositores para humildemente tomarles apuntes de lo que dicen tales supuestos “opositores”? Como mínimo, es algo que da qué pensar…
El Boicot está más que justificado
El Boicot a esa consulta está más que justificado. El sistema electoral puertorriqueño no permite otra salida a quienes desean rechazar la concepción misma de la consulta. El sistema y maquinaria legal-institucional montado por el PNP para el plebiscito no permite en modo alguno ni los votos en blanco ni ningún tipo de columna que consigne la protesta.
Por lo tanto, el reclamo democrático de que un sector amplio del Pueblo rechaza la consulta como ilegítima sólo puede actuarse mediante un boicot militante, de modo que esta vez la abstención de muchos no pueda suponerse mayormente motivado por asuntos ajenos a la protesta política –apatía electoral, preferencia por la playa, ausencia del país por viajes de verano, etc.– sino que está claramente consignado ante la opinión pública de que se trata de un BOICOT de protesta en reclamo de una consulta justa y de un proceso auténticamente democrático, no de un simulacro mal hecho como lo que se propone montar ese día el PNP.
Ni en Puerto Rico ni en la esfera internacional hay precedente alguno para una supuesta ley para la descolonización inmediata de un territorio, que al mismo tiempo –en la papeleta de la consulta– incluya como opción válida, con su propia columna, el estatus territorial o colonial que pretenderíamos liquidar, mientras que la independencia política, que es un derecho de todo Pueblo, reconocido así por la RES/AG/ 1415/ 1960 y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual es signatario y país ratificador la propia metrópoli, no tiene una columna propia, sino que queda relegado a ser la mitad de una columna compartida con otro estatus de soberanía: la libre asociación. Semejante mojiganga no se ha legislado ni en los países africanos más atrasados. Es por eso que los puertorriqueños que tenemos dignidad, vamos todos a una, indignados, a boicotear esa consulta.
Para nosotros, y para mí en particular, la participación con voto en la misma significa ceder ante ese diseño absurdo y antidemocrático y ante la mente desvariada de Rosselló y de los autores legislativos de semejante disparate conceptual para un ejercicio en futilidad de interés exclusivo para el PNP, pero que significa un derroche del dinero público que nos afecta a todos, como Pueblo.
El autor es Catedrático Jubilado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (Claridad)
