El gobierno argentino suspende las pensiones a unas 83 mil personas discapacitadas
El gobierno dio de baja y suspendió más de 83.000 pensiones
“Es hora de hacer algo de verdad. Hay que cambiar ahora mismo las leyes, los edificios, el ancho de las puertas, las veredas, los asientos de los colectivos, los espacios de los aviones, las reglas obsoletas, los trámites del Estado, todos los baños públicos, las normas de las escuelas, los juegos de las plazas, los recursos humanos, los hoteles alojamiento…”, escribió el presidente Mauricio Macri el 11 de mayo en Facebook, haciéndose eco de “Discapacidad, un manifiesto”, una solicitada creada por Presidencia. El mensaje oficial avizoraba cambios en las políticas de las pensiones. Ahora, se sabe que entre enero y los primeros días de junio, 83.133 casos fueron dados de baja o suspendidos, de acuerdo a los datos que accedió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
De esta manera, el gobierno justificaba algunas modificaciones que estaban en puerta, como el traspaso de las pensiones por invalidez que pagaba el Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de la Anses. Según la información analizada por CEPA, basada en datos proporcionados por Desarrollo Social, desde 2003 a fines de 2014 se registraron 1.610.615 altas de beneficiarios de pensiones no contributivas: de ese universo, el grueso, 1.159.446, pertenece a los pensionados por invalidez; por vejez, son 87.262; madres de siete hijos, unas 333.627; apenas 694 pensiones especiales; y 27.572 graciables.
“Se han registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa que representan más de 83.000 casos. La mecánica de implementación de estas bajas fue sin aviso. Los titulares se encuentran que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o en la ventanilla del banco”, graficaron desde CEPA.
“En efecto –continúa el informe-, no hay previo aviso, ni pedidos precedentes para aclarar la situación patrimonial. Tampoco se producen cruces con los registros de Anses y no hay pedidos de corrección de Actualización de Datos Personales (ADP). Todos estos mecanismos son parte de un procedimiento que debería seguirse antes de tomar la decisión unilateral de impedir el cobro y suspender el derecho”.
Desde CEPA destacaron que “sólo el 30% de estas suspensiones se rehabilitan, ya que los titulares de derecho en muchos casos son personas de bajos recursos que simplemente se resignan”.
Del desglose de datos, surge que de los 83.133 casos, 71.706 son pensiones por invalidez (52.491 suspensiones y 19.215 bajas directas); 11.427 por pensiones para madres de siete hijos (5.714 suspendidas y 5713 dadas de baja).
Las principales causas por las cuales se dejó de lado a estos beneficiarios fue que tuvieran un auto, que los cónyuges hayan recibido algún beneficio previsional y tener un trabajo en blanco.
Estas modificaciones se deben a que el gobierno desempolvó el decreto 432 de 1997 por el que buscaba “dar de baja las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad”. Esta norma “exige probar que estas personas beneficiarias están en condiciones de indigencia. Sin embargo, los titulares de pensiones por discapacidad no necesariamente se equiparan a personas indigentes”.
Informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la suspensión de pensiones
Presentaron un amparo ante la Justicia Federal para frenar la quita de pensiones a discapacitados
La abrupta quita de derechos por parte del gobierno nacional a personas discapacitadas sigue generando repercusiones y acciones tendientes a intentar revertir la medida, criticada de forma casi unánime por el arco político y organizaciones de la sociedad civil.
En ese marco, la diputada nacional del Frente Para la Victoria por la provincia de Misiones Cristina Britez presentó un amparo ante la Justicia Federal donde solicita que «ordenen cesar inmediatamente con estas irregularidades».
Se refiere de esta manera a la baja de pensiones por discapacidad que el Ministerio de Desarrollo Social viene implementando, y que agudizó desde este mes.
«Es un acto de arbitrariedad manifiesta, que afecta gravemente la calidad de vida de las personas con discapacidades, se trata de una decisión unilateral del ministerio que ni siquiera les permite a las personas el derecho a la defensa, ya que directamente se les suspende la pensión sin darles la posibilidad de demostrar que son legítimos beneficiarios”, aseguró la legisladora en su presentación.
«Nunca podemos nivelar hacia abajo. Es la obligación del estado velar por que cada uno de los habitantes de este país pueda gozar de una mejor calidad de vida y que les sean respetados sus derechos», agregó.
Por último, remarcó: «Hoy estamos ante un claro retroceso sistemático en materia de derechos que va en desmedro a la calidad de vida de personas pertenecientes a unos de los sectores más vulnerables de la sociedad, y es nuestra obligación tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance a fin de garantizarles el cumplimiento de las obligaciones que el estado tiene y que no pueden ser menoscabadas por actos arbitrarios emanados por la simple voluntad de funcionarios que están muy lejos de la gente».
Insólita justificación del gobierno a la caída de las pensiones: «No son inválidos totales»
Tras conocerse que el Ministerio de Desarrollo Social se dieron de baja más de 70 mil pensiones por discapacidad, el único funcionario que dio la cara fue el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
En diálogo con Clarín, Badino aseguró que las personas perjudicadas por esta medida “están en un proceso, si reclaman y se constata que les corresponde la pensión se podría reponer en el mismo día”.
“El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”, se defendió.
El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales reconoció que no hubo previo aviso para quienes recibían esta asistencia y argumentó: «No tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”.
“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, fue la brutal justificación del funcionario y agregó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.
