Argentina: la ONU se suma a las críticas al fallo de la Corte que beneficia a genocidas
La ONU recordó que los crímenes de lesa humanidad no pueden asimilarse a delitos comunes
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta «los estándares internacionales de derechos humanos» y a cumplir «los compromisos asumidos a nivel internacional» al referirse al fallo que declaró aplicable el derogado beneficio del 2 x 1 para un represor.
“La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, señaló al respecto el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, en un comunicado que divulgó este lunes la oficina con sede en Santiago de Chile.
Allí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que «el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
En este sentido, Incalcaterra expresó que la Corte Suprema argentina debe considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en el sentido de «no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional».
Incalcaterra recordó que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, -ratificada por Argentina en 1995 y que goza de jerarquía constitucional-, sumada al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que «estos delitos son imprescriptibles», a la vez que «instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas».
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, aseveró el representante del Acnudh.
Al respecto, Incalcaterra recordó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece las condiciones para aplicar posibles reducciones de pena o el otorgamiento de beneficios ante crímenes de lesa humanidad, en su artículo 110.
En este sentido, subrayó que el derecho a la verdad, la Justicia y la reparación «son derechos humanos reconocidos internacionalmente», y «han sido objeto de recomendaciones al Estado argentino por parte de mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas».
“El derecho a la reparación de las víctimas de estos delitos es un derecho humano básico, consagrado en tratados universales y regionales de derechos humanos, así como en otros instrumentos internacionales, por lo que debe ser protegido”, planteó el comunicado divulgado por el Acnudh.
El miércoles último, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo mayoritario, declaró aplicable el beneficio del 2 x 1 en el caso de un represor, lo que derivó luego en planteos de diversos condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura-militar para también ser alcanzados por esa modalidad de cómputo de la pena.
Avanza en Diputados el pedido de juicio político para los jueces de la Corte que votaron el 2×1
Diputados de diferentes bloques buscarán en la sesión prevista para este martes repudiar el fallo de la Corte que aplica el 2×1 a delitos de lesa humanidad, al tiempo que comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a tres integrantes del máximo Tribunal y para aclarar, en un intento por construir una herramienta jurídica, los alcances del polémico cómputo de penas.
En la Cámara de Diputados, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), convocó para este martes a las 18 a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con el fin de “considerar” la decisión de la Corte.
Donda impulsa una iniciativa para que los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad no puedan acceder a los beneficios de la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena, y no puedan gozar de la conmutación o reducción de sus penas, en ninguna de sus formas y bajo ningún concepto.
“El fallo es un marcado retroceso en materia de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad y genocidio no admiten salidas alternativas ni a la investigación, ni al juzgamiento ni al cumplimiento de las condenas que se apliquen”, sostuvo la legisladora.
Por su lado, la jefa del bloque socialista, Alicia Ciciliani sostuvo que “la violación de los Derechos Humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto”, y agregó que “si así se hiciera, se estarían violando los compromisos internacionales asumidos en la firma de los tratados internacionales” en la materia.
El Frente de Izquierda presentó un pedido de juicio político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco –los tres que fallaron a favor del 2×1- por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto fue presentado por Néstor Pitrola (Partido Obrero), quien además llamó a marchar el miércoles a Plaza de Mayo.
“Presentamos el pedido de juicio político por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto de (Carlos) Menem a las Juntas Militares”, advirtió.
“Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final”, señalaron.
El bloque del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, trabajaba por estas horas en otro pedido de juicio político, en sintonía con el pronunciamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo la semana pasada. La bancada también unificaría un proyecto para acotar los beneficios a represores.
En tanto, el Frente Renovador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También buscará destituir, vía juicio político, a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes”.
El massismo trabaja además junto a Donda y Margarita Stolbizer (GEN) en una declaración de repudio del pleno de la Cámara de Diputados al fallo supremo, por considerar que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.
Por parte del oficialismo, el macrista Daniel Lipovetzky calificó como “un verdadero despropósito” y “un retroceso” el fallo supremo, pero dijo no coincidir con la posibilidad de un juicio político contra los jueces que suscribieron esa resolución porque -indicó- “aunque el fallo tenga una fundamentación jurídica equivocada, la tiene”.
“Este tipo de beneficios no deberían existir nunca pero, si existió esa figura, nunca debió ser aplicable a delitos de lesa humanidad”, aseguró el legislador, quien pidió, no obstante, “respetar” el fallo de la Corte Suprema.
Todos a la plaza con pañuelos blancos
No será una marcha más la del miércoles, en la Plaza de Mayo, para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el beneficio del 2×1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad . Y las madres quieren que quede claro. Por eso convocaron a todos los asistentes a usar el pañuelo blanco.
En un comunicado oficial, la agrupación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora lo informó con claridad: “Queremos comunicarles que hemos decidido por mayoría sumarnos a la convocatoria (surgida a través de las redes sociales) para usar el pañuelo por esta vez, el miércoles 10 de mayo, a las 18, en Plaza de Mayo». Y más adelante cuentan la metodología que se utilizará: «Durante el acto central, avisaremos desde el escenario el momento preciso en el que todos los presentes se coloquen los pañuelos en la cabeza como señal de repudio al 2×1 y en representación de los 30.000 y toda una sociedad que tiene memoria».
Todo indica a que el miércoles habrá una sola marcha de repudio y no dos como se propuso la semana pasada. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) está evaluando unificar la convocatoria. «Soy partidaria de unir las dos marchas el miércoles, porque esto es muy grave,» le dijo a Télam Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, al confirmar una reunión del EMVJ. Cortiñas insistió en que «deberían unificarse» las dos manifestaciones, a la vez que aclaró que, «si hubiera dos marchas, yo iría a las dos.»
Por otra parte, siguen sumándose adhesiones a la marcha del miércoles. Los bancarios y los docentes privados confirmaron su presencia. El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB). «Esta vergüenza que mancilla la esperanza de justicia y la propia justicia es un grave error y una inaceptable regresión para la democracia, por lo que la Bancaria no la admite», dice un comunicado firmado por Sergio Palazzo. Y un comunicado del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que lidera María Lazzaro, la secretaria general adjunta, aseguró que «los acontecimientos políticos y sociales convocan al sindicato, más allá de los conflictos específicamente gremiales».
La Justicia de San Juan dispuso la inconstitucionalidad del 2×1 en casos de lesa humanidad
El tribunal oral federal de San Juan dispuso la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del dos por uno para delitos de lesa humanidad. Es el primer fallo de un tribunal oral tras el fallo de la Corte que había permitido reducir la pena de Luis Muiña, un condenado por violaciones a los derechos humanos.
Los jueces federales Hector Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña acogieron la opinión del fiscal federal Francisco Maldonado que se había opuesto a la libertad que había pedido Alejandro Lazo, un represor condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados. Lleva detenido con prisión domiciliaria seis años y cinco meses, y según lo señalado por su letrado con el 2×1 ya habría superado los años de su sentencia.
Sin embargo el fiscal entendió que la aplicación de ese beneficio viola la Constitución porque vulnera el derecho a la verdad y los pactos internacionales que comprometen a la Argentina.
Los jueces del tribunal oral federal de San Juan le dieron la razón. Dijeron que el fallo de la Corte no aborda el problema de la constitucionalidad y que solo cabe para el caso de Luis Muiña.
Dijeron que se estaría dando un trato injusto y privilegiado a los condenados por terrorismo de Estado y los condenados por delitos comunes. Con estos argumentos rechazaron la excarcelación y declararon la inconstitucionalidad del articulo 7 de la ley del 2 por uno.
Etchecolatz y Von Wernich pidieron que se les aplique el 2×1 que convalidó la Corte
Tal como anticiparon los más destacados juristas, el reciente y cuestionado fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña desató una lluvia de pedidos similares de otros genocidas.
Ayer hicieron la previsible presentación dos de los personajes más siniestros y emblemáticos de la última dictadura cívico militar, el ex comisiario Miguel Etchecolatz y el ex capellán de la policía Bonaerense Christian Von Wernich.
Etchecolatz, quien además de su actuación en la dictadura está señalado también por la segunda desaparición de Jorge Julio López, solicitó el beneficio del 2×1 en la causa por la que fue condenado en 2006, en la cual un tribunal ya le otorgó la prisión domiciliaria. De todos modos, aunque prosperara su presentación, seguiría detenido porque tiene prisión preventiva y efectiva en otras causas.
En cambio Von Wernich, que fue condenado en 2007 como partícipe y coautor de secuestros, torturas y asesinatos, no tiene otras causas o juicios pendientes que pudieran evitar su liberación, de modo tal que si se acepta su pedido, podría quedar en libertad.
