Venezuela: el chavismo conmemora 15 años del golpe y la oposición anuncia una nueva protesta para mañana
Pueblo revolucionario dará reconocimiento a los medios comunitarios este miércoles en Puente Llaguno
Este miércoles 12 de abril, el pueblo revolucionario se concentrará en Puente Llaguno, ubicado en el centro de Caracas, para reconocer la labor de los medios de comunicación comunitarios que informaron en 2002 que el entonces presidente Hugo Chávez no había renunciado, como pretendieron hacer ver los encargados del Golpe de Estado de aquel año. Así lo informó este lunes el dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Elías Jaua, quien detalló que la concentrará será a partir de las diez de la mañana.
Jaua recordó que los medios comunitarios fueron “los únicos medios que estuvieron abiertos para que el pueblo venezolano expresara su decisión de mantener el mandato de Hugo Chávez”.
Para dar continuidad a estas actividades, indicó que el jueves 13 de abril se realizará una oración ecuménica también en Puente Llaguno, con el objetivo de conmemorar de manera simbólica el rescate de la democracia por parte del pueblo.
El 11 de abril de 2002, dirigentes de la derecha desviaron una marcha convocada hasta Chuao, en el este de la ciudad, para llevarla al Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, donde estaban concentrados simpatizantes del chavismo. A la altura del Puente Llaguno se desataron acciones violentas –con participación de francotiradores escondidos en los edificios aledaños y efectivos de la Policía Metropolitana– que dejaron 19 muertos.
La generación de la violencia fue uno de los frentes del plan golpista consumado hace 15 años, cuando también se arremetió contra la economía venezolana, al sabotear la labor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal empresa del país, y se construyó un discurso mediático que pretendía justificar la intervención de factores extranjeros.
MUD convocó a movilizarse este jueves en 335 municipios del país
Los diputados a la Asamblea Nacional Juan Guaidó y Juan Requesens anunciaron este martes las próximas movilizaciones que estará realizando la Mesa de la Unidad Democrática.
Juan Guaidó convocó a los venezolanos a movilizarse este jueves 13 de abril en 335 municipios del país. «El jueves santo, 335 municipios del país se movilizarán a las 10:00 de la mañana para exigir la restitución del hilo constitucional», dijo Guaidó en rueda de prensa.
Detalló que «en Caracas nos concentraremos todos en el oeste de Montalbán en el centro comercial Las Villas a las 10:00 de la mañana».
Por otro lado informó que este miércoles 12 de abril «junto a nuestro pueblo cumpliremos con nuestra tradición y acompañaremos al nazareno en el centro de Caracas. Invitamos a todos a asistir mañana con una bandera como símbolo de nuestra Venezuela(…) exhortamos a cada venezolano a acompañar a todos los nazarenos a las 2:00 de la tarde en el centro de Caracas».
Indicó que «las reglas son claras: apertura del canal humanitario, liberación de los presos políticos, cronograma de elecciones».
El diputado Juan Requesens afirmó que «en Semana Santa nadie descansará, seguiremos en la lucha día a día. No descansaremos hasta que se recupere el hilo constitucional de este país».
Al gobierno le dijo «les informamos que aquí no se rinde nadie y ustedes pagarán con cárcel lo que le han hecho a Venezuela. El gobierno es quien tiene el monopolio y propician los actos vandálicos para luego decir que somos nosotros ante VTV».
Agradeció a los medios de comunicación «porque ustedes también son perseguidos por llevar la verdad de lo que sucede».
Saab denunció ataques violentos en sedes de la Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab denunció este martes que grupos violentos atacaron sedes de Defensoría en la capital e interior del país.
“Denuncio a la opinión publica que han sido atacadas por grupos violentos sedes de la Defensoría del Pueblo en la capital e interior del país”, expresó a través de su cuenta twitter @TarekWiliamSaab.
Detalló que los ataques ejecutados en el Tigre, Valencia, Trujillo, Valera, San Carlos, Guanare, se realizaron con trabajadores laborando en la institución.
En otro mensaje, Saab hizo un llamado a los sectores violentos a dejar a un lado la campaña de odio que desarrollan, e indicó que el ejercicio democrático explica el respeto a la institucionalidad vigente y a los ciudadanos, y no el uso de la violencia.
“Expreso mi solidaridad a nuestros abnegados empleados, obreros y profesionales; víctimas hoy de una campaña de odio que no detendrá nuestra labor”, subrayó.
1)Denuncio a la opinión publica q han sido atacadas por grupos violentos sedes d la @Defensoria_Vzla en la capital e interior del pais #DDHH
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 11, 2017
4) El ejercicio democrático explica el respeto a la institucionalidad vigente y a los ciudadanos y no el uso de la violencia #DDHH
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 11, 2017
5)Expreso mi solidaridad a nuestros abnegados empleados,obreros y profesionales;víctimas hoy d 1 campaña d odio q no detendrá nuestra labor
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 11, 2017
Comunicado de prensa de la CIDH sobre protestas en Venezuela
CIDH urge a la protección al derecho a protestas en Venezuela y el respeto a la libertad de expresión
La CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país.
De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales.
En la manifestación realizada el 4 de abril fueron desplegados operativos policiales y militares para impedir el paso de diputados, líderes políticos y manifestantes que se dirigían a la Asamblea Nacional. La actuación policial y militar desató enfrentamientos entre agentes de seguridad y grupos de manifestantes. Según la información obtenida, seis policías y nueve manifestantes habrían resultado heridos, uno de ellos por arma de fuego. La conducta estatal también habría sido discriminatoria, en tanto que partidarios del gobierno habrían podido movilizarse sin obstáculos policiales para participar en manifestaciones en apoyo al gobierno.
Asimismo, se conoció que el 5 de abril funcionarios de la GNB y la PNB incursionaron en la sede de la Universidad de Carabobo, dispararon con perdigones y armas de fuego a estudiantes que participaban en protestas y arrojaron bombas de gases lacrimógenos dentro del edificio de la Federación de Centros de Estudiantes. Al menos dos estudiantes habrían resultado heridos por arma de fuego y otros con perdigones. La GNB informó que se ordenó la destitución de los agentes de la GNB que participaron en la operación y que se abrirá una investigación por estos hechos.
Los días 6 y 8 de abril las protestas que se dirigían a la Defensoría del Pueblo en Caracas fueron nuevamente bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por parte de los funcionarios de seguridad. El gobierno habría ordenado el cierre de 17 estaciones del metro de la ciudad. Según la información disponible, se registraron detenciones y decenas de manifestantes heridos. Un joven de 19 años de edad, Jairo Ortiz, murió el 6 de abril en una protesta a las afueras de Caracas. La CIDH insta al Estado de Venezuela a promover una rápida investigación por la muerte del joven, que permita establecer si se trató de una ejecución extrajudicial y en consecuencia, aplicar las responsabilidades judiciales correspondientes.
De especial preocupación resulta la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones. También se registró la detención por parte de autoridades policiales de un camarógrafo a quien se le prohibió cubrir la marcha del 6 de abril. Los ataques contra periodistas que cubren situaciones de esta naturaleza violan la libertad de expresión pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento. También se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. En este sentido, la CIDH reitera la importancia de la más amplia protección a la libertad de expresión de los medios de comunicación en Venezuela especialmente sobre la coyuntura registrada en el país.
La situación de Venezuela es materia de seguimiento tanto por la Comisión Interamericana como por los órganos políticos de la OEA. Los órganos del sistema interamericano han enfatizado que en este tipo de situaciones, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia. La Corte Interamericana ha afirmado que “las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible” y que la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia.
Preocupa a la CIDH las declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales. Asimismo, la CIDH se preocupa por las prácticas de violencia en las protestas.
De otro lado, la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos.
La CIDH ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política en Venezuela. Por esta razón, la Comisión reitera su llamado al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de las decisiones del TSJ. En particular, insta al Estado a respetar los siguientes estándares internacionales:
- Reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política.
- Abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización.
- Facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones, y cooperar con los organizadores de las manifestaciones para que desempeñen su función, sin discriminación por razones de opinión política. En el caso que la acción de personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contramanifestantes, tenga el propósito de perturbar o dispersar reuniones, los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones afectadas por estas prácticas.
- Abstenerse de impedir el paso, registrar o detener a los participantes que se estén dirigiendo a una reunión a menos que exista un peligro claro y manifiesto de violencia inminente.
- Abstenerse de realizar amenazas y hacer uso arbitrario de la justicia penal en contra de manifestantes, activistas o referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte de grupo o entidad organizadora o convocante.
- Excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.
- Excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y que no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud o grupo de personas en estos contextos.
- Adoptar e implementar estrictamente protocolos específicos de uso progresivo y proporcional de armas menos letales, y sancionar su uso indiscriminado.
- Abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas y cumplir con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales en las detenciones que las fuerzas de seguridad efectúen en contextos de protesta social, particularmente para asegurar que las personas detenidas y sus familiares reciban información precisa respecto de los motivos de la detención y del sitio del alojamiento.
- Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
- Abstenerse de utilizar medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones, críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.
- Iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Almagro sobre Venezuela: No podemos aceptar que el régimen sacrifique vidas
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la represión por parte de efectivos policiales en las manifestaciones que se han realizado en los últimos días en Venezuela, y exhortó nuevamente al gobierno a realizar elecciones generales.
«No podemos aceptar que el régimen sacrifique vidas para perpetuarse en el poder. Día tras día la represión va en aumento en Venezuela. Es autoritario reprimir a manifestantes que reclaman democracia, el régimen ha sumado el criminal hábito de lanzar bombas lacrimógenas vencidas, cuya peligrosidad se multiplica y hasta de hacer uso de un helicóptero para arrojarlas indiscriminadamente sobre los manifestantes. En uno de los episodios más repudiables, esta práctica criminal alcanzó un hospital de Caracas, donde pacientes y personal de la salud fueron afectados por los gases», condenó Almagro desde un video publicado en su cuenta en Twitter @Almagro_OEA2015.
Destacó que «a pesar de estos abusos y agresiones el pueblo de Venezuela ha demostrado su altura moral y su capacidad para fortalecerse ante la adverisdad, ha demostrado su capacidad para seguir reclamando lo que es de justicia y le fuera arrebatado».
Almagro afirmó que seguirá condenando «enérgicamente cada vez que la población sea objeto de semejantes atropellos. No podemos admitir que la GNB y demás efectivos policiales continúen con la represión, siguiendo instintos criminales. Los demócratas de la región no aceptamos convivir con un régimen que ha vaciado el contenido a la palabra democracia, paz, diálogo».
«Realizo nuevamente un llamado para que se lleven a cabo elecciones generales en paz, para que la gente vuelva a ser dueña de su destino como país. Hoy exigimos que el gobierno responda a su gente lo que el pueblo está reclamando en las calles, el gobierno sabe que la solución a esta crisis está en sus manos», destacó el secretario general de la OEA.
Día tras día represión aumenta en #Venezuela. No podemos aceptar que el régimen sacrifique vidas xa perpetuarse en el poder @OEA_oficial pic.twitter.com/bNNKSQi12J
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 12, 2017
MP designó dos fiscales para investigar muerte de un joven en Valencia por impacto de bala
Este lunes el Ministerio Público comisionó a dos fiscales para que investiguen todo lo relacionado con la muerte de Daniel Alejandro Queliz Araca, de 20 años, quien falleció el lunes 10 de abril.
El fallecimiento ocurrió en la parroquia Miguel Peña de Valencia, estado Carabobo, y los fisclaes destinados a realizar la investigación son el 34° nacional y 28° del estado Carabobo, Ramón Diamont y José Antonio López, respectivamente.
Los fiscales coordinan las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Según información preliminar, Queliz se encontraba en una manifestación frente al conjunto residencial Los Parques, lugar al cual se presentaron funcionarios de la policía del estado Carabobo. Durante la situación, el joven resultó herido en el cuello por un impacto de bala. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde ingresó sin signos vitales.
