ONU reitera al gobierno de Uruguay objeciones por normativa para el uso de la marihuana no medicinal
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas reiteró en su más reciente informe anual sobre control de drogas que la regulación del uso no medicinal de la marihuana que pretende implementar Uruguay va en contra de los tratados acordados en ese organismo.
La JIFE señala que «si bien esta política aún no se ha aplicado plenamente, la Junta desea reiterar su posición de que tal legislación es contraria a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas».
Se señala en primer lugar el artículo 4 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, en su párrafo C, que indica que los Estados están obligados a “limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos».
En segundo lugar, la Junta citó el artículo 3 de la Convención de 1988, en el que se indica que un Estado debe adpotar “las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno […] la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente […] en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961”.
Desde la JIFE aseguran que se continuará el diálogo con el gobierno uruguayo para «alentar al país a cumplir con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas».
El informe revela también que se envió una misión al país para tratar la situación de la regulación del mercado del cannabis en noviembre de 2015, llevándose a cabo reuniones con los ministerios de Interior, Salud Pública y Relaciones Exteriores, así como con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y el Comité Científico Asesor.
Durante las conversaciones, los representantes de la JIFE resaltaron la incompatibilidad entre la ley que regula el consumo y producción del cannabis en Uruguay y la Convención de 1961, y solicitaron que el gobierno proporcione información sobre las consecuencias para la salud pública derivadas de la aplicación de la ley.
