Legisladores hispanos piden a fiscales de EEUU medidas contra las políticas migratorias de Trump
Legisladores hispanos piden a fiscales ataque frontal contra política migratoria de Trump
El Caucus Hispano del Congreso (CHC) instó este miércoles a 22 fiscales generales demócratas a que tomen las medidas necesarias, incluso demandas, para defender a los inmigrantes de cualquier posible atropello de la Administración de Donald Trump, en vísperas de la primera “cumbre” de su tipo en torno a las ciudades “santuario”.
En una carta dirigida a los 22 fiscales generales, la presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC, en inglés), Michelle Luján Grisham, instó a los fiscales a que “escudriñen las nuevas políticas y tácticas” de los agentes de Inmigración y, de ser necesario, tomen medidas legales para frenarlas.
Luján Grisham se refirió en particular a las órdenes ejecutivas migratorias que emitió el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero y que, entre otros elementos, estipulan la construcción de un muro en la frontera sur con México, agilizan la deportación de inmigrantes indocumentados, y eliminan fondos para las ciudades “santuario”.
Estas medidas “minan las protecciones” respecto al debido proceso, crean desafíos para la seguridad comunitaria, y dividen a las comunidades, explicó la congresista de Nuevo México.
“Como presidenta del Caucus Hispano del Congreso, los aliento a que exijan cuentas a la Casa Blanca cuando ocurran violaciones a los derechos civiles en sus estados… de ser necesario, tomen acción legal en nombre de sus estados”, dijo.
La legisladora enumeró casos en que las medidas migratorias han logrado la deportación de madres indocumentadas con hijos nacidos en EEUU; la detención de “DREAMers” y el trato discriminatorio contra residentes legales e inmigrantes naturalizados.
“Estos individuos merecen una defensa rápida desde los más altos niveles de las autoridades policiales”, enfatizó.
Por otra parte, Luján Grisham aplaudió que varios fiscales generales hayan entregados documentos en los tribunales de los estados de Washington y Minnesota para apoyar el bloqueo de la veda a inmigrantes de países mayoritariamente musulmanes.
Su oficina dijo a este diario que elogia en particular al excongresista demócrata y nuevo fiscal general de California, Xavier Becerra, quien afirmó en enero pasado que su estado “no está buscando una pelea” con Trump, pero las autoridades estatales estarán listas, de ser necesario.
“No creo que California piensa dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ya sea que tengamos que defendernos contra una fuerza externa hostil, o tengamos que avanzar algo nuestro”, aseguró Becerra, cuyo estado encabeza la lista de los más afectados por las medidas migratorias.
La organización MALDEF ha dejado en claro que los inmigrantes indocumentados sí tienen derechos legales en EEUU bajo las leyes federales y la Constitución, incluyendo el derecho al debido proceso y protección contra todo tipo de discriminación.
“Cumbre” inédita de ciudades santuario
Como parte su combate contra la población indocumentada, la Administración Trump ha propuesto eliminar ciertos fondos a las “ciudades santuario”, es decir, las jurisdicciones que se niegan a colaborar en la persecución de inmigrantes indocumentados.
En la actualidad, se calcula que más de 600 condados limitan el uso de sus recursos públicos para el cumplimiento de las leyes migratorias del país, una tarea que recae sobre el gobierno federal.
La presidenta del concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito y “Local Progress”, una red nacional de legisladores progresistas han convocado para los próximos 27 y 28 de marzo la primera conferencia de su tipo para estudiar estrategias de defensa de la población inmigrante.
En declaraciones a este diario, Mark-Viverito dijo que Nueva York puede servir de ejemplo para que otras municipalidades protejan a la comunidad inmigrante “de las políticas divisivas de la Administración”.
“Desde limitar nuestra cooperación con ICE hasta proveer recursos legales para los más vulnerables—nuestro concejo municipal está llevando a cabo una agenda muy agresiva para defender la dignidad de los inmigrantes neoyorkinos. A través de esta conferencia, esperamos tener discusiones productivas que sigan informando los pasos que las ciudades tomarán para resistir a la Administración”, precisó.
El encuentro en Nueva York congregará a decenas de legisladores y activistas pro-inmigrantes de todo EEUU que evaluarán asuntos como las presiones legales y presupuestarias de ciudades en la mira de Trump; tácticas para litigios y movilización comunitaria, y estrategias publicitarias.
El pasado 13 de marzo, 292 profesores de leyes y académicos enviaron una extensa carta a Trump explicando por qué la propuesta de eliminar fondos a las ciudades, condados y municipios “santuario” es “anticonstitucional” y, por lo tanto, debe revocarla.
Según los expertos, las ciudades y estados tienen la “autoridad constitucional”, bajo la Décima Enmienda, de promulgar políticas por el bienestar y seguridad de sus poblaciones, y esas políticas –que varían de un estado a otro- no interfieren con la labor de los agentes federales de combatir la inmigración ilegal, pero con sus propios recursos.
Este martes, el fiscal Jeff Sessions consideró que las ciudades santuario están actuando fuera de la ley al no ayudar al Departamento de Seguridad Nacional con la detención de inmigrantes con antecedentes criminales.
Carta de la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Michelle Luján Grisham
March 22, 2017
[Name] Attorney General[State] [Address]
Dear [Name],
I am reaching out to you, on behalf of the Congressional Hispanic Caucus, to express the concerns of our members over President Trump’s executive orders to target immigrants for removal from the United States and build a border wall. President Donald Trump’s executive orders undermine due process protections, create community policing challenges for law enforcement, and divide communities making us all less safe. As Chair of the Congressional Hispanic Caucus, I encourage you to hold the White House accountable when civil rights violations occur in [State].
I applaud the attorneys general who filed an amicus brief supporting legal efforts in Washington and Minnesota to block the President’s discriminatory executive order banning certain individuals from entering the United States. Unfortunately, this work is not over. Immigrant communities continue to suffer unfair and unnecessary consequences from all of the President’s immigration executive orders. Mothers with U.S. citizen children have been deported, DREAMers have been detained, and permanent legal residents and citizens alike have been profiled. These individuals deserve swift defense from the highest levels of law enforcement.
I urge you to scrutinize these new policies and tactics by immigration officials, particularly the impact on communities in your state, and if necessary, take legal action on behalf of your state.
Sincerely,
Michelle Lujan Grisham
Congressional Hispanic Caucus Chairwoman
