El boom de Monsanto y las semilleras estalla en el sur de Puerto Rico
Las aspas de los molinos de viento giran sobre cultivos de soya y maíz modificados genéticamente, platanales y fincas aplastadas por la fiebre del cemento. Aparece el mar Caribe, áreas verdes a la izquierda, y a la derecha una salida que conduce a un territorio ocupado: las semilleras multinacionales como Monsanto controlan el 31% de las tierras con mayor potencial para la agricultura en el municipio de Juana Díaz. Es el epicentro transgénico de Puerto Rico.
De norte a sur, de este a oeste, las semilleras ya dominan alrededor de 10,000 cuerdas públicas y privadas. Eso equivale al área destinada en 2016 a la siembra de plátano, que el Departamento de Agricultura identifica como el cultivo vegetal de principal importancia económica en el País.
Nadie sabía del boom silencioso de las corporaciones de agroquímicos y transgénicos en las mejores fincas de la Isla, hasta que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) inventarió las propiedades tras visitas de campo y consultas a documentos públicos, y luego analizó el área con información geográfica digital suministrada por la Junta de Planificación. Con el avance de las semilleras en Puerto Rico, la Isla se convirtió entre 2006 y 2015 en la localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo Estados Unidos y sus territorios
En Juana Díaz aparecen camiones militares color khaki tras las rejas del Fuerte Allen de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, y al doblar a la derecha, en el barrio Capitanejo, caminan empleados de las semilleras vestidos con trajes protectores blancos de pies a cabeza. Son clara señal de los trabajos intensivos con sustancias químicas en el paisaje repetitivo de soya y maíz. La colonia estadounidense es el paraíso de corporaciones que dominan la industria global de las semillas transgénicas y los agroquímicos: Monsanto, Bayer CropScience, DuPont Pioneer, Syngenta, Dow AgroSciences, AgReliant Genetics e Illinois Crop Improvement.
Este sector industrial recibió más de $526 millones en subsidios y exenciones contributivas entre 2006 y 2015, según un análisis de esos beneficios que consta en documentos gubernamentales. Fueron los años en que Puerto Rico se sumía en el impago de su deuda de $69 mil millones, lo que provocó que el Congreso de Estados Unidos le impusiera una Junta de Control Fiscal.
En esa misma década, las multinacionales acapararon el 14% del área de las fincas públicas de la Autoridad de Tierras con mayor potencial para producir comida, en el corredor agrícola de Guayama a Juana Díaz. Así lo indican los cálculos con sistemas de información geográfica que hizo David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, a petición del CPI. Puerto Rico solo produce el 15% de sus alimentos, según el Departamento de Agricultura. Las multinacionales no usan esas tierras para producir comida, sino para experimentar. Envían las semillas fuera del país para continuar el proceso de investigación y desarrollo, y luego las venden en el mercado global. Las semilleras no sólo alquilan, sino que han comprado alrededor del 50% del área de todas las fincas que controlan. Monsanto ya es dueña de unas 1,762 cuerdas, mientras que la alianza Dow AgroSciences y Mycogen Seeds posee 1,748.
A la izquierda de la carretera #1, antes de llegar al río Bucaná, se levanta una cerca de tela metálica coronada de alambres de púas. No exhibe un letrero con el logo de Monsanto, a la que pertenece, según el Registro de la Propiedad. Entre los huecos de la verja se ve una tierra sin hierba, camiones que vierten una sustancia química sobre el terreno, y un cobertizo blanco a lo lejos. Con 1,061 cuerdas, equivalente a 600 campos de fútbol, esta es la finca más grande de todo el inventario de las semilleras. Al norte, en el barrio Sabana Llana, comienza otra propiedad de 509 cuerdas de la misma multinacional con sede en el estado de Misuri. Al este, se extienden campos de experimentación alquilados por las semilleras Illinois Crop Improvement, una asociación que trabaja por los intereses de la agricultura del estado de Illinois, y la suiza Syngenta Seeds.
En medio de toda la actividad de experimentación está enclavada Arús, una comunidad de apenas siete calles, una barbería, una capilla católica, un templo evangélico, una escuela y un bar.
José Ramón Campos, que lleva 51 años viviendo en Arús, se levanta a las 5 a.m. para caminar en el parque de pelota y mantenerse en forma. “Pero ahora es lo contrario. Hay una pestilencia”, dice Campos, preocupado por su salud. “Yo me he tenido que meter allí, para llamarles la atención”, indica señalando al otro lado de la calle, donde Monsanto tiene su campo de experimentación. “Tiran químicos durante el día y la noche. Nos da mucho ardor en los ojos”, añade Leonor Campos, su esposa. “Siempre uno está con dolores de cabeza y dolores de garganta”.
Las ventanas y las puertas de las casas están cerradas. No sólo para protegerse de las sustancias químicas, sino para evitar el polvorín que levantan los camiones y el viento, porque la tierra está descubierta por causa del herbicida. La tierra se pega a las ventanas, las cortinas, las mesas. De entre un grupo de 10 vecinos reunidos para discutir cómo la semillera los afecta, Héctor Luis Negrón Cintrón da un paso al frente, ayudándose con el bastón. “Me da problemas respiratorios. Tengo que estar rascándome todo el cuerpo”. Antonio Avilés Pacheco, quien vive hace diez años en Arús, asegura tajantemente que los vecinos han desarrollado un olfato detector de pesticidas y herbicidas. “Es notable cuando utilizan los productos químicos. Al respirar podemos percibir que están en el ambiente”.
