Fiscales de Colombia y Ecuador firman acuerdo para investigar la corrupción de la constructora
Los fiscales de Colombia y Ecuador firmaron este miércoles 22 de febrero un acuerdo de cooperación judicial internacional destinado a investigar el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, con énfasis en los proyecto del río Magdalena en Colombia y del Metro de Quito.
El fiscal general, Galo Chiriboga, y su homólogo de Colombia, Nestor Humberto Martínez, aprobaron un memorando de entendimiento cuyo objetivo es fortalecer las dinámicas de cooperación y facilitar la obtención de elementos materiales para lucha contra la corrupción en ambos países, según explicaron ambos en una rueda de prensa.
El enfoque de este acuerdo se centrará en investigar y recabar evidencias relacionadas con los casos de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, especialmente en los proyectos de recuperación del río Magdalena, un proyecto de la empresa Navelena, y el Metro de Quito.
“Con esta cooperación binacional, el fortalecimiento de los casos que se llevan desde el día siguiente que estalló el escándalo de Odebrecht será una constante, lo que permitirá llevar a los responsables a la justicia de nuestras naciones”, aseguró el fiscal ecuatoriano.
A su vez, Chiriboga felicitó al fiscal Martínez por sus avances en el caso Odebrecht, y recalcó que Colombia es el país que más ha avanzado en las investigaciones relacionadas con el caso.
El acuerdo, que entra en vigencia hoy, busca conformar equipos conjuntos de investigación en los casos mencionados, pues según los funcionarios “tienen puntos en común”.
“La idea principal es definir la creación de equipos conjuntos de investigación en los casos mencionados, los cuales requerirán un intercambio de información permanente con Colombia sobre cualquier prueba que obtengamos por ambos lados”, afirmó Chiriboga.
Por su parte, Martínez aseguró que esta es una cooperación promisoria desde el punto de vista de cooperación judicial, pero también recalcó que la investigación que realizarán ambos países será una “carga pesada”, pues el acceso a la evidencia inculpatoria de una “empresa criminal”, como consideró que es Odebrecht, es “complicado”.
“Ante la dificultad de los procesos, es necesario operar con responsabilidad e informando cualquier hallazgos, los cuales deben ser hechos fácticos y demostrables”, agregó.
Asimismo, Martínez aseguró que en el plan de trabajo trazado por ambas fiscalías ha surgido una “teoría del caso” conjunta, lo cual catalogó como “algo inédito” en la historia de la cooperación internacional y que les permitirá alcanzar importantes resultados en poco tiempo.
A su vez, el fiscal colombiano aseguró que, además del proyecto de recuperación del río Magdalena, enfocará sus investigaciones en los proyectos del tramo dos de la Ruta del Sol, la vía Ocaña-Gamarra y la vía Tunjuelo-Canoas, por el cual fue detenido el contratista Andrés Cardona hace dos días.
Durante su intervención, los dos fiscales resaltaron la poca cooperación que ha tenido el Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a los nombres y a las pruebas que pueden aportar, aunque aseguraron que “no tienen duda en que podrán resolver el caso sin su ayuda”.
Al finalizar la reunión de hoy, Chiriboga anunció el viaje de Martínez a Quito la próxima semana, momento en el que se presentarán los primeros resultados de las tareas acordadas y se proseguirá con las mismas.
El pasado 16 de Febrero se reunieron en Brasilia once fiscales de América Latina y Europa con el fin de establecer una cooperación jurídica total en relación al caso de Odebrecht.
Como producto de estas intenciones, la Fiscalía de Brasil hará públicas sus evidencias sobre el caso Odebrecht el próximo 1 de junio con el fin de contribuir a las investigaciones relacionadas con la empresa constructora.
Las investigaciones de la Fiscalía colombiana sobre Odebrecht llevaron hasta el exviceministro de Transportes Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula, detenidos por los sobornos de la constructora brasileña en el país.
El escándalo de Odebrecht también salpicó a las campañas electorales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos y el opositor Óscar Iván Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, motivo por el cual la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrieron investigaciones contra ambos.
República Dominicana: Firmas del “Libro Verde” llegan a Palacio Nacional
El colectivo Marcha Verde llevó ayer al Palacio Nacional el Libro que reúne 312,415 firmas en todo el territorio nacional, con las que formalizaron el emplazamiento dirigido al presidente Danilo Medina, para que a más tardar el 27 de febrero conforme una comisión de fiscales independientes, que con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue el caso Odebrecht desde 2001 a la fecha.
En una carta dirigida al mandatario, el grupo puntualizó que la comisión debe ser integrada por fiscales miembros de la carrera en el Ministerio Público actuales, así como abogados en ejercicio que se han incorporado de manera oficial al organismo, que no tengan afiliación partidaria, posean buenos antecedentes, conducta intachable comprobable que garanticen la transparencia en el proceso.
Reiteró además la importancia de hacer acompañar esta comisión por una misión especial de la ONU, amparada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de carácter constitucional, para brindar apoyo técnico y garantizar transparencia en las investigaciones.
María Teresa Cabral resaltó la colecta de firmas como una señal de que la ciudanía aboga por el fin de la impunidad y que el Gobierno no debe ignorar las demandas y reclamos que se les hace.
Las organizaciones de la sociedad civil instaron a Medina a que “asuma como suya la causa y de respuestas inmediatas, reales y profundas a un pueblo que reclama sea revertida la impunidad”.
Caso Odebrecht
Según el acuerdo de culpabilidad entre la constructora brasileña y la justicia de Estados Unidos, El “Empleado 6” de Odebrecht, quien es un ciudadano brasileño y cuya identidad es conocida por Estados Unidos, era el ejecutivo responsable de aprobar el pago de los sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros y dirigentes de partidos políticos fuera de Brasil.
Odebrecht dijo a las autoridades judiciales estadounidenses que los pagos por sobornos que hizo a funcionarios del Gobierno dominicano, entre los años 2001-2014, no fueron documentados y utilizó sus influencias para que en el Presupuesto Nacional de República Dominicana fueran aprobados financiamientos para los proyectos que ejecutaría en el país.
Este informe fue dado por el “Empleado 6” en un amplio expediente de la Corte del Distrito Este de Nueva York, y que se publica en una página de internet a la que tienen acceso investigadores y abogados, previo a un registro, sobre el pago de los sobornos que la empresa hizo a funcionarios de varios gobiernos latinoamericanos para sacar ganancias en la licitación de importantes proyectos.
La información destaca que “para asegurar ciertos contratos de obras públicas en la República Dominicana, Odebrecht pagó sobornos a un intermediario responsable de mediar con el Gobierno”.
LAS REACCIONES DE LOS CONGRESISTAS
Legisladores de distintos partidos se refirieron ayer al informe de la constructora brasileña Odebrecht. Los congresistas dicen que serán las investigaciones del ministerio público las que deben determinar la verdad y establecer las sanciones correspondientes. “Eso es parte de la investigación que tiene que hacer el ministerio público, la justicia y todo el que pueda aportar una prueba”, dijo el diputado Víctor Bisonó (Ito), del Partido Reformista. Dijo que ya con la denuncia, no hay que suponer, porque la empresa admitió el soborno.
Perú: Alejandro Toledo se encuentra en manos del gobierno de Donald Trump
El Departamento de Justicia del gobierno norteamericano decidirá la próxima semana si envía el caso del ex presidente Alejandro Toledo a un juez federal de ese país para que se determine si se procede o no a una detención a fin de que responda a la justicia peruana por el presunto cobro de sobornos a la empresa Odebrecht durante su administración.
Fuentes de la Cancillería informaron a Perú21 que el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump deberá evaluar todos los componentes legales que sustenta el pedido de las autoridades judiciales peruanas.
Las fuentes señalan que, de manera especial, se tendrá que ver la compatibilidad de ambas legislaciones. Agregaron que, de modo especial, se tendrá que ver lo referido a la figura del arresto preventivo, que es una figura particular en la estructura procesal de nuestro país.
Como se recuerda, el Poder Judicial envió la información adicional que pidió Estados Unidos para evaluar la detención de Toledo. La documentación fue remitida por el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía.
De ahí pasó a la Cancillería peruana para su traducción al idioma inglés y luego se envió el expediente al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que lo analice y lo derive a un juez federal.
