Ex presidente peruano Toledo busca un abogado en EEUU para evitar su extradición
Alejandro Toledo busca abogado a fin de impedir extradición de Estados Unidos
Contra el tiempo. El prófugo ex presidente Alejandro Toledo está buscando contratar a un abogado en Estados Unidos para afrontar el pedido de detención y luego el proceso de extradición que pedirá el Perú, en donde se le imputan cargos por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de la empresa Odebrecht.
Fuentes de Perú21 en la Fiscalía indicaron que Toledo prepara su defensa legal en el país norteamericano ante el pedido de detención que ya presentaron las autoridades peruanas a sus pares estadounidenses.
El ex mandatario tendría que tomar una decisión en las próximas horas porque el Departamento de Estado de EE.UU. ya tiene la documentación complementaria que sustenta la solicitud de captura preliminar, el paso previo a su eventual extradición.
Tras ser admitida en esta instancia, y de cumplir con los requisitos formales, el pedido pasará a ser evaluado por un juez federal, quien decidirá si la detención del líder de Perú Posible procede o no.
Fuentes de este diario en la Cancillería peruana estimaron que la audiencia judicial para evaluar el arresto de Toledo podría darse esta semana.
“Para empezar, (Toledo) necesita un abogado para la audiencia con el juez sobre el pedido de detención, si es que el Departamento de Justicia hace la solicitud”, señalaron.
Perú21 también conoció que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, en coordinación con el FBI de Estados Unidos, tiene ubicado al ex presidente y le sigue los pasos.
Un reporte de Panorama reveló anoche que Toledo se encuentra en Palo Alto, California, y el 14 de febrero fue fotografiado en un restaurante de la zona. El informe periodístico no descarta que el ex presidente pueda estar alojado en un ambiente de la Universidad de Stanford.
Defensa extranjera
El abogado de Alejandro Toledo en Perú, Heriberto Benítez, no quiso confirmar si su patrocinado ya contrató a un abogado en EE.UU., pero indicó que este debe contar con una defensa legal.
“Toda persona tiene el derecho a defenderse; puede ser (con) un letrado contratado, puede ser una ONG, puede ser uno de oficio; es evidente que alguien debe asumir la defensa (de Toledo) en el país que fuera”, señaló a este diario.
Le alistan presión
Por otro lado, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, adelantó en el programa Agenda política de Canal N que Toledo podría ser internado en el penal de la Diroes, donde se encuentra preso el ex presidente Alberto Fujimori.
Pérez Tello dijo que esta posibilidad la está analizando con el INPE.
“(Toledo) tendría un régimen especial porque él está siendo investigado por crimen organizado y le correspondería visitas de entre dos y tres horas”, anotó.
Tenga en cuenta
El ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata señaló que la empresa pagó US$20 millones en sobornos a Alejandro Toledo a cambio de ganar la licitación de la carretera Interoceánica Sur.
Desde el extranjero, Toledo negó haber recibido “un centavo” por la concesión del megaproyecto.
El escritor Mario Vargas Llosa indicó en su columna del diario El País que espera que Toledo “regrese al Perú ‘motu proprio’ o lo regresen”.
“Lo traté mucho en esos días y me parecía un hombre sincero y honesto”, dijo.
Estado de Panamá reclamará indemnización
La querella presentada por el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, en contra de la empresa brasileña Odebrecht tiene, entre otros, el objetivo de poder repatriar los fondos cautelados en otros países y que se compruebe que fueron parte de las coimas que la constructora pagó para beneficiarse de contratos en el istmo.
Una fuente ligada al proceso dijo, además, que el Estado también podrá reclamar una indemnización a las personas naturales o jurídicas que resulten condenadas por esta investigación.
El ministro Bethancourt presentó la querella este lunes ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, a cargo de Tania Sterling.
‘Ser la víctima querellante nos permite recuperar el patrimonio robado; si no hay una víctima, por más que el Ministerio Público llegue a encontrar a los responsables no hay nadie que represente al Estado para realizar los reclamos’, amplió el ministro.
De esta manera, el Estado se convierte en querellante de esta investigación que se abrió de oficio, por parte del Ministerio Público, y por la cual mantiene procesadas a 17 personas, incluyendo a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.
Sobre los hermanos Martinelli Linares pesa una alerta roja internacional en la Interpol, que fue acogida el pasado martes 14 de febrero. Los hermanos Martinelli Linares, incluso, mantienen cuentas congeladas en Suiza por la suma de $22 millones.
El ministro Bethancourt fue recibido por la propia fiscal Sterling durante la presentación de la querella. ‘Hay que defender al Estado, hay una lesión al Estado y nosotros nos convertimos en defensor del Estado, a través de la resolución que nos designa como responsable de presentar la querella’, dijo el ministro a los medios de comunicación que lo esperaban en la entrada del edificio Avesa, que alberga la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción.
El ministro deberá coordinar con las instituciones afectadas por el escándalo de corrupción para recopilar las pruebas que se presentarán durante el proceso, aunque, reconoció Bethancourt, el Ministerio Público ya ha recopilado ‘bastantes pruebas’.
El titular de Seguridad aseguró que la querella fue ‘bien preparada y pensada’ y es en contra de personas naturales y jurídicas que hayan cometido una lesión al Estado.
El 25 de enero pasado, el Consejo de Gabinete aprobó convertirse en querellante contra la empresa Odebrecht y el 14 de febrero designó a Bethancourt como el ministro que presentaría la querella.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, justificó la designación de Bethancourt en su experiencia en el tema, en vista de que fue director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad relacionada con los sistemas financieros.
Al mismo tiempo que el ministro Bethancourt presentaba la querella, un grupo de trabajadores de la empresa Odebrecht se reunía con el secretario y subsecretario general de la Procuraduría, respectivamente, Rolando Rodríguez y David Díaz. Los trabajadores entregaron una carta a las autoridades judiciales, en la que piden que se les respete y garanticen sus derechos y la continuidad de los puestos laborales. Además, piden a las autoridades judiciales y a las organizaciones de la sociedad civil, actuar responsablemente y con apego a la ley.
