Argentina: la justicia denuncia que el presidente Macri demandó al Estado previo a la condonación de la deuda de su familia
La Justicia acusa de «mala fe» al Grupo Macri
La fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín emitió este viernes un nuevo y duro dictamen contra el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado, calificó la conducta de la concursada como «contraria a la buena fe», al considerar que la sociedad a cargo «posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado Nacional, es decir al mismo acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva».
La fiscal advirtió que tomó conocimiento de una acción entablada por Correo Argentino contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada, expediente promovido en junio del año pasado, es decir 15 días antes de la audiencia en la cual el Estado prestó conformidad a la propuesta reformulada por la concursada.
Este nuevo reclamo que tramita en el fuero contencioso no fue denunciado por la concursada, quien según la fiscal «adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella».
La fiscal Boquín, dictaminó días atrás que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo por ser abusiva.
Para la fiscal, la posición de Correo en el expediente contencioso «convierte aín en más abusiva la propuesta formulada al Estado porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 mas los intereses correspondientes hasta el efectivo pago». «Mantiene una conducta desleal hacia el acreedor», remató la fiscal en su dictamen.
Aunque pague, Macri igual gana
Por Ari Lijalad
Mientras el gobierno de Mauricio Macri le perdonaba a su familia 70.000 millones de pesos de deuda con el Estado, ésta demandaba al mismo Estado por 2.365 millones. En este juego de pinzas, los Macri salen ganando y por mucho: mientras el Estado aceptó que paguen 600 millones de pesos de deuda, ahora le reclaman casi cuatro veces más al mismo Estado. Ergo, aún si pagan su deuda, de prosperar esta demanda los Macri terminarán con un saldo positivo de alrededor de 1.700 millones de pesos.
La cronología durante 2016 de esta estrategia, que la fiscal Gabriela Boquín definió como contraria a la buena fe procesal y que a la luz de los hechos, parece coordinada entre el Estado y la familia Macri, es la siguiente:
El 19 de mayo el Estado pidió una audiencia en la causa por la deuda del Correo y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. El 13 de junio Correo Argentino demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3 por ciento. Quince días más tarde, el 28 de junio, el Estado aceptó la propuesta de Correo Argentino de pagar su deuda con una quita del 98,82 por ciento a 15 años y con un interés del 7 por ciento, lo que da un ahorro para la familia Macri de más de 70.000 millones de pesos, tal como denunció este miércoles en exclusiva Nuestras Voces. El 12 de agosto, los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubro, como que pagaron de más el canon del correo. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.
Insaciables
Las sumas que pide Correo Argentino al Estado son, según el escrito presentado el 12 de agosto pasado, a valores del 2 de julio de 2009, pero el abogado de los Macri aclara que deben ser actualizados desde su origen y hasta la fecha de pago y también se les tienen que sumar bienes que no se contaron en ese momento. O sea: los 2.365 millones que reclaman los Macri son de mínima.
¿De dónde sale esta cifra y qué le reclama la familia Macri al Estado? Por un lado, una compensación por las inversiones apropiadas por el Estado, según ellos, indebidamente. Esto incluye bienes muebles e inmuebles y las mejoras sobre esos muebles, que engloban en la categoría “Inversiones”. Bajo este concepto reclaman exactamente 1.794.929.993 pesos, y plantean que “esta suma deberá se actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Es decir, piden para ellos lo que el Gobierno salió a desmentir respecto del cálculo de la deuda con el Estado: los intereses. Más aún: mientras en la propuesta que aceptó el Gobierno los Macri pagarán un 7 por ciento de interés, le reclaman al Estado un 11 por ciento del mismo concepto. “Se procura por medio de este reclamo que, a la luz de lo acordado en el Contrato de Concesión, el Estado Nacional cumpla con su obligación de pagar a Correo Argentino S.A. la compensación pecuniaria correspondiente por la apropiación indiscriminada y generalizada, dispuesta a su favor, de las Inversiones efectuadas por dicha empresa mientras fue Concesionaria del servicio de correo oficial”, demanda la familia Macri.
Por otra parte, aseguran que el Estado les debe exactamente 570.313.666 pesos con 90 centavos por distintos rubros. Hay uno que llama particularmente la atención: según Correo Argentino, no sólo pagó el canon por la concesión sino que lo pagó en exceso. Según la demanda, los Macri pagaron 110.478.064 pesos de más por el canon y los quieren de vuelta. Es más: “ajustados y repotenciados” les da un total de 200.280.628 pesos. El segundo rubro importante que compone esta cifra es el de servicios impagos por parte de organismo públicos, donde reclaman 178.320.827 pesos. Los otros rubros completan la cifra que supera los 570 millones de pesos.
Cara de piedra
La última demanda contra el Estado, la del 12 de agosto, la presentó el presidente de la empresa, Jaime Cibilis Robirosa, patrocinado por los abogados Jaime Kleidermacher y Sebastián Castro Cranwell. Pero el control de Correo Argentino sigue en manos de Sideco, que a su vez es controlada por Socma. Con todas ellas en control de la familia Macri, los demandantes no son más que sus personeros.
En esta demanda, los Macri aseguran que en realidad la empresa Correo Argentino S.A. no funcionó por culpa del Estado. Según su versión, desde que se otorgó la concesión del correo en 1997, fue el Estado el que incumplió los términos del contrato. Dice el abogado en su escrito: “Esta situación llevó a mi mandante a tener que solicitar la apertura -en el año 2001- de su propio concurso preventivo. Se reitera, la gran razón que motivó esta decisión fue -como se ha dicho- el grave daño patrimonial que le impusieron a la sociedad los sucesivos incumplimientos del Estado Nacional”. Es más: unas líneas más adelante, aseguran que “bajo ningún punto de vista, la presentación concursal tuvo su origen, por ejemplo, en la responsabilidad o mala gestión del negocio por parte de su dirección”. Insisten luego con la misma idea: “Este actuar del Estado Nacional -incumplimiento de las obligaciones a su cargo- hizo que la situación contractual perdiera su equilibrio y la gravedad sobreviviente rompiera la ecuación económica y financiera del contrato”. Los empresarios no tienen ninguna responsabilidad si el negocio no funciona: el Estado sí.
Ahora, ¿cuáles son los incumplimientos del Estado que, según los Macri, hicieron que el negocio no funcionara? Primero, dicen textualmente, “el no ejercicio del Poder de Policía comprometido para evitar la proliferación de correos espurios e ilegales”. Es decir que, supuestamente, la existencia de correos truchos puso en riesgo a la familia Macri. Segundo incumplimiento: “La falta de exclusividad en la prestación del servicio de Carta documento”. En otras palabras, empresarios que no quieren competencia sino monopolio y negocio asegurado. Tercero, “la falta de exclusividad en la prestación del servicio postal al Estado Nacional, entre nacionales autónomos, centralizados o descentralizados”. Es decir, el Estado como cliente cautivo. Cuarto, y que define bien la ideología de los Macri empresarios y en el gobierno: “La ausencia de una armonización del régimen laboral y sindical existente”. O sea, flexibilización laboral, en una empresa donde los Macri produjeron miles de despidos. Quinta y última que detallan, supuestamente entre otros incumplimientos: “La falta de cumplimiento de la creación de una cuenta única de pago para la cancelación de la prestación de los servicios postales a todos los entes gubernamentales y descentralizados”.
En síntesis, según la demanda, hay “ausencia de culpa de Correo Argentino SA en su empobrecimiento”. La responsabilidad fue del Estado, no de los Macri.
Estrategias de uno y otro lado del mostrador
En la ampliación de su denuncia contra el Estado de 2016, donde piden 2.365 millones de pesos, los Macri son tajantes al decir que esto no cambia nada respecto de la otra causa donde hicieron la propuesta abusiva del pago de su deuda. Dicen: “Corresponde señalar que esta demanda judicial no puede ni debe ser interpretada como una retracción o cambio de términos de la propuesta de acuerdo formulada por dicha empresa al Estado Nacional en ese proceso, propuesta que fuera aceptada por el Estado Nacional”. El 12 de agosto de 2016 la familia Macri ya sabía que el gobierno les aceptó la quita de 70.000 millones de pesos y sin embargo denunciaba al Estado por 2.365 millones planteando que una y otra cosa no tenían relación. A todo esto, en la propia propuesta de pago los Macri especulaban con cobrar este dinero para saldar su deuda. Un circulo virtuoso. O, más bien, un perverso. Al final del cuento, los Macri salían ganando siempre.
Más aún. En su intento de salvataje del presidente, desde el gobierno deslizaron que, tras el acuerdo por su deuda, Correo Argentino podía desistir de otras demandas judiciales. Pero los desmiente la propia demanda de la empresa, donde dice que el acuerdo con el Estado por la deuda “no implicó desistimiento de ningún planteo judicial o administrativo”. Clarito.
Mala fe
Toda esta situación, en la que la familia Macri acuerda por un lado y demanda por el otro, fue tenida en cuenta por la fiscal general Gabriela Boquín, la misma que rechazó el acuerdo que proponía la quita de más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. En una nueva presentación ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que tiene que definir si homologa la quita de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial, la fiscal Boquín sumó la información sobre esta demanda. La fiscal advirtió que Correo Argentino “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción”, mientras por el otro lado acordaba la quita de la deuda con el Estado. Y, señala la fiscal, que esta actitud de Correo Argentino de demandar al Estado mientras le perdonan deuda, “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado Nacional”ya que los Macri le quieren pagar al Estado con un interés del 7 por ciento pero quieren que el Estado les pague con uno del 11 por ciento.
La fiscal Boquín advierte: “Si bien no puedo afirmar que los funcionarios involucrados conociesen el expediente en cuestión, no cabe dudas que sí tienen conocimiento del mismo la concursada y sus accionistas”. En criollo: Correo Argentino y la familia Macri no pueden desconocer esta situación. De hecho, no la desconocen: en los balances de Sideco, la empresa controlante de Correo Argentino, anticipan este juego a dos puntas de negociar su deuda con el Estado y además ganarle juicios por la quita de la concesión del correo. Y el agravante actual es que, valga la redundancia, el apellido Macri está en ambos lados de la mesa. Otra vez y al revés. En la quita de deuda, la familia Macri logra que el gobierno de Macri le ahorre dinero; ahora, la familia Macri quiere que el Estado les dé dinero.
Para la fiscal Boquín la situación es clara: “la sociedad (Correo Argentino) posee activos: créditos con expectativa de cobro contra el mismo acreedos al cual se le ofrece una forma de pago abusiva” y “exista una conducta de la concursada (Correo Argentino, de nuevo) que puede ser calificada como de mala fe procesal”.
La demanda recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, cuyo titular es el juez Pablo Cayssials. Y no es la única: además de la demanda de 2016, Correo Argentino tiene al menos 5 causa contra el Estado donde reclama indemnizaciones. La mala fe, parece, no es de ahora.
