Plan Cóndor: dictan sentencia en Italia a 27 represores suramericanos tras nueve años de juicio
Italia dicta sentencia sobre el Plan Cóndor, con Troccoli como único presente
La Justicia italiana dictará hoy sentencia sobre la muerte de italianos por la represión del llamado Plan Cóndor en América Latina, tras un juicio en el que el uruguayo Jorge Troccoli ha sido el único de los imputados presente, ya que reside en Italia.
Se espera que la presidenta de la III Corte Penal del Tribunal de Roma, Evelina Canale, pronuncia su sentencia tras un complejo proceso que siguió a una década de investigaciones y que ha sumado sesenta audiencias en esta fase de primera instancia.
La vista de hoy comenzará a las 9.30 horas locales (8.30 GMT) y el veredicto se conocerá previsiblemente durante la tarde, después de que los jueces se reúnan a puerta cerrada.
Asistirán el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, la exfiscal uruguaya Mirtha Guianze y, en representación del Gobierno italiano, la subsecretaria de la Presidencia, Maria Elena Boschi.
La vista tendrá lugar en el aula búnker de la penitenciaría romana de Rebibbia, debido a su dimensión, ya que son numerosos los actores que participan en el proceso.
Los imputados son veintisiete antiguos militares de las dictaduras de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay que, según la acusación, participaron en la desaparición y asesinato de 42 jóvenes de izquierdas, entre ellos veinte italianos.
Los acusados son dos bolivianos, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos. El número se ha visto reducido por las trabas burocráticas presentadas por algunos países a la hora de notificar las imputaciones o por la muerte de algunos de los señalados.
El último en fallecer, el pasado diciembre, ha sido el exdictador Gregorio «Goyo» Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen y que fue presidente «de facto» de 1981 a 1985.
La práctica totalidad de los imputados no han participado en el juicio y han estado representados por abogados de oficio, con la excepción del uruguayo Troccoli, que reside en libertad en Italia tras escapar en 2007 de la Justicia de su país.
Es el único que ha acudido a alguna de las vistas y para él, como para otros veinticinco imputados, la fiscal Tiziana Cugini ha reclamado la cadena perpetua.
La organización «24 di Marzo» se ha ocupado de los testigos y los familiares de las víctimas durante todo el proceso y su presidente, Jorge Ithurburu, explicó a Efe que aunque «la expectación es muy alta», no hay que descartar absoluciones.
La fiscal ha pedido absolver a uno de los enjuiciados, el piloto Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
En opinión de Ithurburu, uno de los aspectos clave de la vista de hoy será conocer la sentencia para Troccoli, que ha debido responder sobre el asesinato de una veintena de uruguayos después de que Italia no permitiera su extradición a Uruguay.
Ithurburu expresó su deseo de que Troccoli sea condenado a la cadena perpetua, ya que una pena inferior supondría la libertad del imputado, pues sus delitos no serían condenables al considerarse prescritos.
De acuerdo con el artículo 157 del Código Penal italiano, solo los delitos condenados con una cadena perpetua no prescriben.
La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de la década de 1980.
El juicio en Italia comenzó el 12 de febrero de 2015 después de una dilatada indagación de Capaldo, que en un primer momento llegó a acusar a 140 personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Uruguay: Sendic está en Roma para escuchar fallo sobre Plan Cóndor
El vicepresidente, Raúl Sendic, junto a un representante de la Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, escuchará hoy en representación del país la sentencia para los militares uruguayos que son juzgados en Roma por su implicación en el Plan Cóndor.
Junto a ellos también viajaron representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, del PIT-CNT y familiares de víctimas y víctimas de los crímenes.
En octubre de 2016, la Fiscalía de Roma reclamó la cadena perpetua para 27 imputados por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980. Entre esos 27 hay dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruano y 14 uruguayos.
Los uruguayos son Gregorio Álvarez, quien murió recientemente, José Arab, Juan Carlos Blanco, José «Nino» Gavazzo, Juan Carlos Larcebeay, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
El fiscal pidió la misma pena para Jorge Troccoli, quien fue el único de los imputados que se apersonó en el juicio. Troccoli reside en libertad en Italia desde 2007, cuando se escapó de la justicia uruguaya.
Durante el juicio se escucharon los testimonios de los sobrevivientes de las purgas, así como el de los familiares de algunas de las víctimas.
Entre las voces que se escucharon en el proceso estuvo la de la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y condenada a cinco años de cárcel en Uruguay por oponerse a la dictadura.
También aportó elementos el investigador del National Security Archive (NSA) de Washington, Carlos Osorio. «Yo les conté que existen 281 documentos que tienen que ver con descripciones de lo que fue la Operación Cóndor a través de elementos desclasificados» dijo Osorio a la agencia Efe en mayo del año pasado.
La mayoría de los imputados rechazaron defenderse, ni siquiera por videoconferencia, y muchos de ellos ya cumplen condena en sus respectivos países
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En su visita al Vaticano a principios de diciembre del año pasado, el presidente Tabaré Vázquez le solicitó al papa Francisco la apertura de los archivos del Vaticano sobre la dictadura militar en Uruguay (1973-1985).
«Le planteamos –algo sobre lo que ya tenía posición– la posibilidad de desclasificar los archivos que tiene el Vaticano con respecto a los tiempos de la dictadura en Uruguay. El papa se mostró totalmente dispuesto a apoyar la posición de Uruguay y a dar a las instrucciones correspondientes», dijo Vázquez ese día en una rueda de prensa.
El gobierno continúa con la búsqueda de información dentro del seno de las Fuerzas Armadas, y lleva adelante excavaciones en los predios militares para hallar restos de cuerpos de desaparecidos durante la dictadura militar.
Compromiso con verdad y justicia
El vicepresidente Raúl Sendic dijo que el gobierno uruguayo está comprometido con la búsqueda de verdad y justicia, y por esta razón es que fue una delegación importante a Roma.
«Lo que el gobierno pretende es dar una señal de respaldo a la búsqueda de verdad y justicia, y también a un hecho trascendente como es el veredicto que pueda dar el tribunal de justicia italiano», aseveró el vicepresidente a fines del año pasado.
