Panamá conforma una fiscalía especial y Perú le impedirá a la empresa participar en nuevas licitaciones
Ministerio Público de Panamá conforma grupo de fiscales para investigar a Odebrecht
El Ministerio Público (MP) anunció la instalación de una “ fiscalía especial anticorrupción” que investigará exclusivamente las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht, que involucran la supuesta comisión de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y crimen organizado.
Esta fiscalía estará a cargo de Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleika Moore, fiscales anticorrupción. Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, respectivamente, informó el MP a través de una nota de prensa, este miércoles 28 de diciembre.
Al equipo se unirán los fiscales Ricardo Muñoz y Thalia Palacios y cuatro más, cuyos nombres no han sido precisados. Además, contarán con un traductor del idioma portugués. En consecuencia, los funcionarios Adelcio Mojica, Javier Mitre, Lizzie Bonilla y Heydi Cedeño han sido promovidos como encargados de las fiscalías anticorrupción Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, respectivamente.
Actualmente, hay dos delegaciones del MP en Estados Unidos y Ecuador, buscando información sobre las coimas de Odebrecht. En Estados Unidos está el subsecretario general del MP, David Díaz, y en Ecuador, el fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó la creación de una fiscalía especial exclusivamente para el caso Odebrecht, con participación de auditores de la Contraloría General de la República y forenses de la Unidad de Análisis Financiero.
Jefe de Gabinete de Perú: Odebrecht no podrá volver a participar en nuevas licitaciones del Estado
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, informó ayer que se realizarán cambios en la Ley de Contrataciones con el Estado para que Odebrecht y las empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción no participen en nuevas licitaciones.
Luego de culminar el Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial, remarcó que el Gobierno es consecuente con la lucha contra la corrupción y por ello ha adoptado una serie de medidas orientadas a ese fin.
“Hemos acordado implementar mecanismos en la nueva Ley de Contrataciones del Estado, para impedir que empresas que han sido sancionados por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones o concurso convocados por el Estado”, refirió en conferencia de prensa.
“Así, en el caso de Odebrecht y otras no van a poder participar en nuevas licitaciones, siempre y cuando hayan existido sanciones por actos de corrupción, o como en este caso en la que ellos mismos han admitido este tipo de prácticas (…)”, agregó.
Al ser consultado sobre los actuales contratos de Odebrecht, remarcó que las investigaciones determinarán en qué casos, proyectos o licitaciones hubo actos de corrupción “y sobre eso se tendrá que intervenir”.
“Sobre las obras en ejecución, nosotros vamos a asegurar que se puedan dar las investigaciones del caso y vamos a asegurar que se den las condiciones para continuar con determinados servicios que ver con la ciudadanía (…)”, añadió.
Asimismo, invocó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que realicen todas las investigaciones y diligencias que correspondan a ese caso, en el plazo más breve para sancionar a quienes resulten responsables.
Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador indagará caso Odebrecht
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) investigará con la Fiscalía el caso de presuntos sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de contratos.
El pleno del Consejo resolvió que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción coordine las investigaciones con la Fiscalía para determinar a los autores, cómplices y encubridores de los hechos revelados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo, afirmó que con esta resolución se busca ayudar en la determinación de los nombres de los funcionarios públicos y de la transnacional involucrados en la supuesta red de entrega y recepción de las coimas.
Añadió que para ello, primero se busca identificar los contratos por los que se habrían pagado sobornos y no solo en el período de la denuncia (2006–2010), sino durante todo el tiempo de permanencia de la compañía en el país.
Entre tanto, hasta la tarde de ayer la Alcaldía de Quito no había incluido el tema del contrato de la segunda fase del Metro, en el que participa Odebrecht, en la agenda de la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano previsto para hoy.
La edil Daniela Chacón (exvicealcaldesa) se declaró sorprendida de que el tema no figure en el orden del día. Aunque la firma del contrato para la ejecución de la obra (noviembre de 2015) no corresponde al período de la denuncia, los ediles piden información para descartar la posibilidad del cometimiento de acciones similares respecto al proyecto.
La construcción de la Fase II implica la creación del túnel de aproximadamente 22 kilómetros y obras complementarias como talleres y el centro de control del sistema de transporte subterráneo. Estos trabajos requerirán una inversión de $ 1.538 millones y el contrato fue adjudicado al consorcio conformado por la firma española Acciona y Odebrecht.
Actualmente, la empresa brasileña tramita su salida del grupo constructor, lo que no detendría el proyecto, de acuerdo con las cláusulas del convenio de construcción. Hasta ahora, la única reacción de la Alcaldía sobre este tema ha sido un comunicado emitido el jueves anterior, en el que hacía un recuento del proceso precontractual y contractual de la obra.
Añadía que el Cabildo estaba a la espera de la entrega de más información sobre el tema por parte de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas. Ayer, durante su enlace radial de los miércoles, el alcalde Mauricio Rodas no se refirió al tema.
Mientras tanto, la concejala Ivone von Lippke (exaliada de Rodas) propuso ayer la inmediata conformación de una comisión especial que fiscalice el contrato de la línea uno del Metro, instancia que -plantea- esté conformada por 5 representantes de distintos bloques.
Chacón recordó que “la negociación del contrato con el consorcio Acciona-Odebrecht es responsabilidad directa del Alcalde”, por delegación del legislativo local. La exvicealcaldesa capitalina recordó que el año pasado, el Concejo “pidió que el contrato del Metro tenga seguridades para la ejecución de la obra si se encuentran actos de corrupción”.
Entidades dominicanas comienzan a entregar datos relacionados con la constructora Odebrecht
Instituciones estatales de la República Dominicana comenzaron a entregar informaciones requeridas por el Ministerio Público del país tras una investigación abierta por los supuestos sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en la nación caribeña.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, dio ayer un plazo de 48 horas para que varias dependencias estatales entregaran los contratos “en detalles” de “las personas que sostuvieron negociaciones, entiéndase, que fueron enlaces con Odebrecht y que, además, pudieron participar en los procesos de licitación con esta empresa”.
Entre esas entidades figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), indicó.
La Cdeee informo que remitió a la Procuraduría General copias certificadas de los documentos referentes a sus relaciones contractuales con la empresa brasileña Odebrecht.
La entidad es parte de un consorcio integrado por otras dos empresas, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
La Cdeee explicó que envió una caja en cuyo interior hay cuatro tomos que conforman la Gaceta Oficial 10763, año CXLVI, “que recoge de manera inextensa en versión física y digital el contrato firmado por la empresa estatal con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella para la referida planta con capacidad para generar 720 megavatios”.
Asimismo, dijo que entregó a la Procuraduría General de la República otro pliego de documentos contractuales de años anteriores mediante los cuales la firma Odebrecht trabajó en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pinalito y Palomino, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
A través de un comunicado, el vicepresidente ejecutivo de la Cdeee, Rubén Bichara, aseguró al procurador general, estar “en la mejor disposición de colaborar en todo lo que esté a su alcance” con las informaciones que requiera en lo relativo a su investigación sobre las acciones de Odebrecht relacionadas con la Cdeee
La Procuraduría General de la República Dominicana anunció ayer que investigará los supuestos sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en el país.
En una rueda de prensa, el procurador general aseguró que “serán investigados y procesados todos aquellos a los que se le compruebe haber participado en un hecho ilegal como el que ha sido mencionado”. “No importa de qué Gobierno sean, si del antepasado, si del pasado o del actual, del que sea” aseguró el funcionario.
Según documentos publicados el miércoles pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de la República Dominicana, desembolsó 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 a funcionarios e intermediarios del Gobierno y, como resultado, obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares.
