La Cámara de Diputados da media sanción al proyecto que declara la Emergencia Social
Más cerca de la emergencia social
Con un debate que incluyó fuertes críticas a la política económica de Mauricio Macri, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de emergencia social que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa le arrancaron al Gobierno con movilizaciones en la calle, como la que ayer se reprodujo frente al Congreso durante el debate. El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado en sesiones extraordinarias, establece que el Gobierno destinará 10 mil millones de pesos mientras dure la emergencia hasta 2019, la creación de un Consejo de la Economía Popular para discutir un salario social complementario, y el incremento de las remuneraciones de los cooperativistas beneficiarios de los planes sociales –de 3200 a 4000 mil pesos mensuales y un medio aguinaldo o bono en diciembre de 2030 pesos–. La propuesta fue respaldada por 227 votos positivos, la abstención de los cuatro diputados del FIT y un solo voto contra.
Desde el oficialismo –que en principio se oponía a la emergencia– valoraron el acuerdo con las organizaciones sociales y el “sinceramiento del nuevo Indec sobre la pobreza en la Argentina”, además de volver a cargar las culpas sobre la “herencia recibida”. El macrista Luciano Laspina calificó a la ley como un “instrumento para terminar con el conflicto social en la calle”.
Los diputados que representan a las organizaciones sociales que lograron el acuerdo con el Gobierno, rescataron “el marco institucional” alcanzado para los trabajadores de la economía popular en “este capitalismo de exclusión”, y sostuvieron que no abandonarán la calle para pelear por sus derechos. “El sector más empobrecido de la clase trabajadora logró, a través de la unidad de la calle, imponerle agenda a este gobierno de grupos económicos concentrados”, sostuvo Leonardo Grosso (PpV-Movimiento Evita). “Los reclamos por esta ley no llegaron por la voluntad de la política, llegaron porque los movimientos sociales inundaron las calles el 7 de agosto”, dijo, en referencia a la movilización por San Cayetano a Plaza de Mayo.
“Hay cinco millones de niños por debajo de la línea de la pobreza, y esos niños en esa situación hace catorce años que lo único que conocen es la cuchara, porque lo único que pueden comer en esta Argentina de la emergencia social es un plato de sopa, un plato de guiso o en el mejor de los casos alguna albóndiga con unos fideos”, sostuvo Federico Masso, de Libres del Sur, mostrando unos cubiertos.
Aunque acompañaron el proyecto con su voto, desde el Frente para la Victoria cuestionaron que el acuerdo con el Gobierno no incluyó la creación de un millón de puestos de trabajo ni los aumentos a las asignaciones por hijo y embarazo que sí contenía la media sanción de la emergencia que había aprobado el Senado. Fernanda Raverta criticó la “extorsión de Macri para exigir en el acuerdo la desmovilización de los movimientos sociales mientras dure la emergencia” y lo acusó de “querer comprar la paz social lo más barato posible”. Edgardo Depetri cuestionó que el Gobierno destine 30 mil millones de pesos en tres años para los sectores más vulnerables de la sociedad y le perdonara 20 mil millones de multas a las compañías eléctricas Edenor y Edesur.
Desde el Frente Renovador y el Bloque Justicialista celebraron el acuerdo, con críticas al Gobierno. “Llegamos a este punto después de haber impulsado un proyecto en el Senado y después de haber comprendido las organizaciones sociales que tenía que haber un proyecto lógico”, indicó el diputado massista Héctor Daer, integrante del triunvirato de conducción de la CGT. El sindicalista pidió “autocrítica” al Gobierno y “terminar con el asistencialismo”.
“No se supera la emergencia social estatizando organizaciones de lucha”, sostuvo Néstor Pitrola (FIT) y agregó: “Contraponemos el derecho al trabajo y la lucha obrera y popular al asistencialismo clientelar y la cooptación de organizaciones sindicales y populares”.
“Les están dando plata por no trabajar y encima les aumentan el subsidio. Paren la mano, prueben laburando. Esta ley fomenta la vagancia”, dijo Alfredo Olmedo, el empresario acusado de tener trabajo esclavo en sus campos de La Rioja. “No hay que darles plata para que tomen droga”, agregó el productor sojero, emulando al radical Ernesto Sanz sobre el destino de los planes sociales.
