Colombia: el año en que se firmó la paz pero aumentaron los asesinatos a líderes sociales
Protagonistas del año 2016: Santos, el Nobel que firmó dos veces la paz
El 2016 será recordado en Colombia como el año en que se firmó la paz con las Farc tras 52 años de conflicto armado. Para lograrlo se requirió de un proceso largo y difícil, que en muchos momentos estuvo a punto de caerse, pero que avanzó, entre muchos otros factores, gracias al compromiso y convicción, algunos dirían que obsesión, del presidente Juan Manuel Santos por llevarlo a buen puerto.
La paz significa para el presidente la gran apuesta de su Gobierno, el propósito al que invirtió todo su capital político y la seguridad de hacerse con su lugar en la historia, tanto nacional como mundial. Por eso, por la perseverancia que lo caracterizó para lograr su propósito, se hizo merecedor de un Premio Nobel de Paz y ser el personaje del año.
Pero el 2016 no fue un año fácil para Santos, a pesar de los logros conseguidos gracias al proceso de paz, los aplausos de la comunidad internacional y el respeto que se ha ganado de las Farc, su contraparte, el presidente cierra un año con los peores índices de aceptación desde su reelección.
Además, tuvo que enfrentar la peor derrota de su carrera política, el fracaso del plebiscito por la paz en el que el ‘No’ se impuso en las urnas y que echó al traste el primer acuerdo de paz que firmó en este año.
Ese acuerdo se rubricó el 26 de septiembre en Cartagena, en medio de un amplio acompañamiento de presidentes latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y que tuvo como hechos memorables una perdida de perdón público de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, comandante en jefe de las Farc, a nombre de su organización para todas las víctimas del conflicto.
Ese día en la Heroica Santos dijo confiado ante el país: “Cesó la horrible noche”, solo para ver como una semana después los colombianos rechazaban un acuerdo que tomó 4 años de negociación en La Habana para que pudiera ver la luz.
Pero Santos perseveró y el mismo día en que se conoció el resultado del plebiscito manifestó decidido: “No me rendiré, seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato”.
Esa persistencia fue determinante para abrir el “diálogo nacional” con los sectores del ‘No’, en medio del cual tuvo su primer encuentro en seis años con el máximo contradictor de su Gobierno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y también lo fue para que el Comité del Nobel anunciara en Oslo (Noruega) que el premio a la Paz era suyo.
Ese Nobel que Santos definió “como caído del cielo” le dio el crédito político para adelantar una negociación a tres bandas: el diálogo con los líderes del ‘No’ en Bogotá, la renegociación con las Farc en La Habana y la interlocución con la ciudadanía que respaldó el ‘Sí’ y que se volcó a las calles en multitudinarias marchas.
Un mes de conversaciones e incertidumbre terminaron dando sus frutos el pasado 12 de noviembre, cuando el humo blanco salió del cónclave que santos había mandado a instalar con sus negociadores en la capital cubana y que produjo un nuevo acuerdo de paz reforzado con la mayoría de propuestas hechas por los sectores del ‘No’. Ese acuerdo, el definitivo, será recordado como el del Teatro Colón, lugar donde fue firmado, una vez más por Santos y ‘Timochenko’, en una ceremonia más sobria y breve que la de Cartagena, el 24 de noviembre.
Después de esa segunda firma, el siguiente paso de Santos era recoger su galardón. Lo hizo el 10 de diciembre en Oslo, con la venia de la comunidad internacional que nunca ha dejado de respaldarlo.
En esa ceremonia, el presidente colombiano se convirtió en el sexto Nobel de paz para América Latina, y el segundo para el país después de que Gabriel García Márquez recibiera el de literatura en 1982.
En el año y medio que le queda al frente de la Casa de Nariño, el presidente deberá enfrentar un reto igual de grande al de firmar la paz, lograr que lo pactado se cumpla y no pase a ser letra muerta.
En ese propósito ya se embarcó, tirando de habilidades más políticas y menos humanitarias tiene a sus mayorías en el Congreso trabajando en modo fast track para implementar el acuerdo. La primera piedra ya fue puesta, este miércoles el Congreso aprobó la Ley de Amnistía, condición para que las Farc entren a las zonas veredales designadas para su tránsito a la vida civil.
Gracias al nuevo acuerdo de paz, y al acompañamiento que la ONU brinda al proceso, Santos podrá capitalizar en 2017 otro gran logro, el desarme definitivo de la guerrilla, lo que deberá darse a más tardar el 1 de mayo.
Con esto el presidente habrá logrado lo que ninguno de sus predecesores desde Belisario Betancourt pudo, acabar con la guerrilla más longeva del mundo, asegurando así su lugar en la historia.
Entre la impopularidad y el respaldo al acuerdo
Según la última encuesta publicada por Gallup, el presidente cierra el año con un 35% de aprobación y un 60% de rechazo. En diciembre de 2016, habiendo firmado el punto de víctimas y justicia con la Farc y con la promesa de una pronta firma definitiva, Santos marcaba un 52% de aprobación.
La impopularidad del presidente ha sido su talón de Aquiles y algo que le ha dado vida a sus principales enemigos políticos, con el expresidente Álvaro Uribe a la Cabeza.
Las cifras de aceptación del presidente le jugaron una mala pasada el pasado 2 de octubre cuando por una pequeña mayoría el ‘No’ se impuso en las urnas y rechazó el acuerdo.
Sin embargo, junto con el Nobel al presidente le llegó otro galón de oxigeno que supo usar hábilmente para salvar el proceso de paz, las multitudinarias marchas en respaldo al acuerdo que se tomaron las principales ciudades del país y que en Bogotá llenaron la Plaza de Bolívar, instalando ahí un campamento permanente hasta que se renegociara un nuevo acuerdo.
Ellos también fueron escuchados en el “diálogo nacional” como representantes de la ciudadanía que le dijo ‘Sí’ al acuerdo y se convirtieron en un elemento de presión para encontrar una pronta salida al fin del conflicto.
La paz con Uribe todavía falta por llegar
Álvaro Uribe es a Juan Manuel Santos lo que Laureano Gómez era a Mariano Ospina Pérez, aliados al momento de llegar al poder y grandes enemigos cuando uno sucedió al otro en la presidencia.
Uribe es el gran contradictor de las políticas del presidente Santos, incluida la paz, su bandera y la razón por la que mentor y pupilo se enemistaron en primer lugar.
Comandando su partido, Centro Democrático, Uribe se hizo con la segunda bancada del Congreso, montó una dura pelea en cuerpo ajeno a la reelección de Santos en 2014 con la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, le ganó el pulso en el plebiscito por la paz al apoyar el ‘No’ y enfila con convicción a la carrera presidencial de 2018.
Lograr la paz con Uribe es quizá la tarea más difícil del Nobel, que ha buscado cómo convencer a su contradictor que se sume al proceso llamando a un “pacto por la implementación”.
La enemistad entre estos dos líderes, que han polarizado y dominado la última década de la política colombiana, ameritó incluso la intervención del papa Francisco, quien los citó en el Vaticano para mediar en su disputa.
Esa reunión, además de dejar una de las fotos más curiosas y memorables del año, no cumplió, al menos de inmediato su cometido.
Asesinatos de líderes sociales, el lunar que deja el 2016
Es una paradoja. El año en que se firmó la paz en Colombia, en apartadas regiones siguen los asesinatos contra anónimos dirigentes campesinos.
Mientras se apagaban los ecos de la Nochebuena, el domingo 25 fue muerto Anuar José Álvarez Armero, integrante de la Asociación Campesina de Argelia en Cauca.
Distintas organizaciones de derechos humanos cifran entre 90 y 116 las personas muertas durante este 2016 con patrones similares. Aunque difieren en los números, en la mayoría de casos hay coincidencias: líder social, votó Sí en el plebiscito y estaba ligado a los reclamantes de tierras.
Sin embargo, la Fiscalía tiene un grupo de sus investigadores en terreno, por lo que pide aún no sacar conclusiones definitivas. Además, creó una unidad para combatir esa modalidad criminal y establecer con precisión si los casos corresponden a motivos políticos o en estos hay hechos relacionados con otros orígenes.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, muestra su preocupación no solo por la serie de homicidios sino por el señalamiento que se hace de las víctimas: “No podemos seguir permitiendo que se estigmatice la función que cumplen estas personas en todo el país”, dijo este martes. “Con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas seguiremos trabajando en el 2017 en este objetivo; vamos a hacer una red de defensores de derechos humanos para visibilizar el trabajo de estas personas y así evitar más atentados contra ellos”, prometió.
Inquietud en La Habana
Esta situación, precisamente, era uno de los grandes temores durante la negociación en La Habana de la dirigencia de las Farc: que no se fuera a repetir el exterminio de sus miembros ni de sus simpatizantes, como ocurrió con la Unión Patriótica (UP).
Naturalmente, la situación no es comparable. La primera experiencia de las Farc de hacer política con un partido terminó en un baño de sangre. Dos candidatos presidenciales –Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo –, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 4.000 de sus militantes fueron asesinados a plena luz del día en los campos y las ciudades.
En un alto porcentaje de los hechos ocurridos este año, se trata de personas con reconocimiento, pero en sus veredas o pueblos. Ninguno con trascendencia nacional. “Lo que ocurre es muy grave. Se mata en lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de que nada malo está pasando”, dice Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.
Y claro que el fenómeno sí ocurre, pero con efectos silenciosos. Imelda Daza, una de las personas con silla en el Congreso para velar por la implementación de los acuerdos, considera que los asesinatos golpean la moral de los militantes de izquierda.
“Se trata de una situación gravísima, muy delicada porque derrumba el ánimo de quienes defendemos la firma. Día a día vemos que nos matan y no pasa nada”, sentencia.
De los 116 muertos, según la Fundación Paz y Reconciliación, 14 eran militantes activos de Marcha Patriótica, uno de los movimientos que más se la ha jugado para que las Farc puedan convertirse en un partido político legal.
Distintos observadores creen que ahí está el quid del asunto. Se trata de que a nadie lo maten por defender de manera legal una bandera política.
“El paso a la modernidad es que podamos administrar esos conflictos en democracia, de manera razonable, con canales de diálogo, sin necesidad de acudir a la fuerza”, es la tesis que defiende Humberto de la Calle Lombana, quien fue el jefe negociador del Gobierno durante los diálogos de La Habana.
El llamado de la ONU
Esta ofensiva choca precisamente con el deseo de las partes que estuvieron negociando durante casi cinco años en Cuba. Por eso, el llamado urgente de la ONU a ponerle fin a esta violencia. “El Acuerdo Final de Paz prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones sociales y defensores de derecho”, dice un comunicado de la ONU.
La pregunta que gravita ahora es la incidencia que pueden tener estos hechos en las Farc. Para ellos es una demostración de que el paramilitarismo no ha muerto: “Es hora, después de tanta amenaza y muerte, de que el Presidente exija a quien corresponda identificar ya a los promotores del paramilitarismo”, dijo Iván Márquez, en Twitter.
Para el investigador Ávila, las consecuencias, si no cesan los asesinatos –y si no se aclaran y se castiga a los responsables–, serán enormes. “Pueden convertir el proceso de paz en un gran fracaso, en una frustración política, entendiendo el proceso de paz como un todo, más allá de la desmovilización de esta guerrilla, sino como una profundización de la democracia”, dijo.
El ejercicio democrático va más allá de votar: vivir sin miedo. Y estos crímenes tienen atemorizados a los pobladores de ese país distante de los núcleos urbanos.
Este 2016 pasará a la historia como el año en que se firmó la paz, pero también en el que unas 116 personas consideradas líderes sociales fueron asesinadas.
La última muerte fue en Cauca
La red de derechos humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes denunció que en la mañana del pasado 25 de diciembre, en la vía que comunica al corregimiento de El Plateado con la cabecera municipal de Argelia, en el sur del Cauca, fue asesinado Anuar José Álvarez Armero, líder campesino de la vereda Mirolindo y quien pertenecía al Comité Cocalero de esa localidad.
De acuerdo con el informe entregado por el colectivo social, Álvarez se movilizaba en una motocicleta y fue alcanzado por dos hombres, quienes lo perseguían en otra moto y le dispararon en el pecho tres veces, con arma corta.
El ataque fue en el sector de Chamuscado, de la vereda Desiderio Zapata.
Hasta el momento no se tienen pistas sobre los móviles del hecho.
Colombia: la Cumbre Agraria presenta informe sobre asesinatos de líderes sociales
Sigue la preocupación por la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, tras haberse logrado un acuerdo de paz con las Farc.
Esta vez por cuenta de un informe de la Cumbre Agraria, plataforma que reúne a organizaciones campesinas, étnicas y populares. Esa organización documentó 31 asesinatos más, respecto al año pasado, ocurridos durante el 2016.
En el registro de afectados desde el 1.º de enero hasta el 4 de diciembre de este año aparecen 94 casos de homicidio de dirigentes rurales, indígenas, estudiantiles y afrocolombianos. Esta cifra es la más alta en los últimos seis años, según la base de datos de la comisión de derechos humanos de esa organización.
El más reciente asesinato reportado ocurrió el 4 de diciembre pasado. Rubiela Coicué, del resguardo indígena López Adentro en Caloto, Cauca, fue la víctima. Aún no se tienen pistas de los autores.
A pesar de que el proceso de paz de La Habana trajo consigo la reducción del número de afectados por el conflicto, la Cumbre sostiene que “se incrementaron los índices de violencia sociopolítica” contra esos líderes.
¿Los factores de la persecución? El informe señala la reconfiguración del paramilitarismo, la oposición a megaproyectos en los territorios y la estigmatización de los líderes por su defensa del diálogo como salida al conflicto armado.
“El accionar paramilitar en el territorio nacional se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre las Farc y el Gobierno, y a los diálogos con el Eln, que eventualmente iniciarán su fase pública en los próximos días”, destaca el informe.
De los 94 casos de asesinatos se tiene como presuntos responsables a los paramilitares en 73 casos, al Ejército en 3, a la Policía en 4, y 14 a desconocidos.
El Cauca y Antioquia son los departamentos que encabezan –confirmado por otros informes, como el de Somos Defensores–, la lista donde más se presentan los asesinatos de líderes: 25 y 15, respectivamente. Le sigue Nariño, con 8.
Además de los homicidios, el informe también da cuenta de 46 atentados, 302 amenazas y 5 desapariciones forzadas de líderes sociales durante este año.
En medio del encuentro que sostuvo la Cumbre Agraria durante cuatro días en Bogotá, la semana pasada fue radicado dicho texto ante el presidente Juan Manuel Santos.
“Estamos muy preocupados. Necesitamos que el Gobierno nos garantice la seguridad. Por eso es muy importante que se ponga en marcha la mesa técnica de protección del acuerdo de paz”, dice Aída Quilcué, vocera de la Cumbre.
