Modelo extractivista: el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica – Por Giorgio Trucchi
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Hace siete meses, en marzo de 2016, la noticia se regó como relámpago y el mundo se estremeció. Balas asesinas habían acabado con la vida de la dirigente indígena Lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, recién galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2015. Junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual era coordinadora, la activista llevaba adelante una incansable lucha contra la implementación y profundización del modelo extractivista en Honduras, en particular contra la proliferación de proyectos hidroeléctricos y mineros, y la expansión de monocultivos de agroexportación.
En una entrevista que realicé para una revista alemana unos siete meses antes de su asesinato, Cáceres advertía que, tanto en Honduras como en todo Centroamérica, los pueblos originarios se estaban enfrentando a un “proyecto hegemónico impulsado por el gran capital nacional y transnacional”, que tiene sus intereses puestos en el sector energético, en la minería y la agroindustria. “Los impulsores de esta estrategia han impuesto un modelo profundamente neoliberal basado en la invasión y la militarización de territorios, y en el saqueo y la privatización de recursos. Avanzan con la transnacionalización de nuestras tierras, en el marco de un proyecto más amplio de dominación regional”, advertía Cáceres (1).
Datos en la mano, la lideresa indígena hondureña mostraba como, tras el golpe de Estado de 2009, se habían aprobado unos 300 proyectos hidroeléctricos y no menos de 870 proyectos mineros, al tiempo que se despejaba el camino para la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “ciudades modelo” (2), se entregaba a la British Gas Group miles de kilómetros cuadrados de plataforma continental para la exploración petrolera. También se impulsaron megaproyectos turísticos y se fomentó la expansión descontrolada de monocultivos a gran escala, en particular de caña de azúcar y palma africana. Hoy en día, organizaciones sociales y populares hondureñas aseguran que el 35% del territorio nacional ya está concesionado a empresas nacionales y transnacionales, y denuncian que en ningún momento se ha respetado el derecho de los pueblos al Consentimiento previo, libre e informado, como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
“Honduras es un país totalmente militarizado y hundido por la corrupción institucionalizada. Lo que queda de sus instituciones sirve solamente a garantizar los intereses de los grupos oligárquicos nacionales y los grandes grupos transnacionales, es decir aquellos sectores que orquestaron el golpe en 2009”, señalaba Cáceres durante la entrevista. Estados cómplices que no solamente implementan y profundizan el modelo neoliberal poniendo a la venta bosques, ríos, valles y territorios, sino que se encargan de criminalizar, perseguir y hasta asesinar a quienes se oponen a ese proyecto explotador. La aprobación de leyes en casi todas las naciones centroamericanas que limitan el derecho de reunión y movilización y que endurecen las políticas de control social es prueba de ello.
“No me cabe la menor duda que se trata de una política de Estado que criminaliza y reprime aquellas personas que están comprometidas con esta lucha y con la vida. Los pueblos indígenas, negros, campesinos que vivimos en carne propia la represión, sabemos que hay toda una estructura organizada, planificada y financiada para perseguir, reprimir y asesinar a luchadores y luchadoras ambientales“, denunciaba Cáceres pocos meses antes de su asesinato.
La denuncia constante y la lucha determinada contra el modelo extractivista y contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa de capital nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con fondos de bancos europeos y organismos multilaterales, le costó la vida a ella y a cuatro miembros más del Copinh. En julio pasado, la activista defensora de los bienes comunes de la naturaleza Lesbia Yaneth Urquía, cercana al Copinh, también fue brutalmente asesinada.
Una estela de sangre y muerte que se extiende por toda la región centroamericana.
Centroamérica en la mira
Un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señalaba que en Guatemala había 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes (3). Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos, tales como la extracción de cuarzo, marmol, arenas y gravas, yeso, entre otros, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertaban que, en 2014, el área total concesionada a empresas mineras superaba los 32 mil km², es decir casi el 30% del territorio guatemalteco. A eso habría que agregar la enorme cantidad de territorio concesionado por otro tipo de megaproyectos y por la expansión de los monocultivos de agroexportación.
Similar es la situación de Nicaragua. En el informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013” (4), la organización ambientalista Centro Humboldt revelaba que la superficie total concesionada era de casi 18 mil km², es decir el 13,5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros. El posible desarrollo del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, de 278 kilómetros de longitud -105 de los cuales bajo las aguas del Lago Cocibolca-, un ancho de entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad, es decir tres veces más grande que el canal de Panamá, y de otros proyectos hidroeléctricos y mineros, así como la expansión de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana en el occidente y el sur-oriente del país, han venido incrementando ese porcentaje.
Si bien fuera y dentro de sus fronteras a Costa Rica se le conoce como “el país más verde y feliz del mundo”, los conflictos ambientales y por la tierra han dejado un saldo de terror y muerte. En su artículo “De Jairo Mora y el terrorismo en Costa Rica”, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) señala que son varios los defensores y defensoras del ambiente asesinados en las últimas décadas (5). “En este pequeño país, el Estado ha cometido terrorismo una y otra vez. Sembrar el miedo y usar la represión por medio de la fuerza ha terminado en el asesinato de personas. Esta realidad clara y concreta no tiene nada que ver con la imagen idílica de postales turísticas. Decirlo no es cómodo, es incluso peligroso”, advierte.
En su otro artículo “Berta Cáceres y 50 asesinatos más”, el catedrático y ecologista costarricense se pregunta si acaso puede ser “limpia” una energía como la hidroeléctrica, cuya generación tiene como “daño colateral” la criminalización, persecución y hasta la muerte de activistas y defensores medioambientales y la represión contra pueblos originarios y comunidades campesinas en todo Centroamérica (6). De acuerdo con su investigación, 17 activistas guatemaltecos y 15 hondureños habrían sido asesinados en los últimos años, todos comprometidos con la lucha contra la explotación hidroeléctrica y la privatización de la energía. Otros asesinatos se dieron en El Salvador y Panamá por la explotación minera e hidroeléctrica.
“No es coincidencia que los actores sociales más afectados por estas formas de terrorismo sean ecologistas, campesinos e indígenas. El problema es estructural. Conflictos por tierras, por tenerlas o defenderlas, y conflictos ambientales, han sido parte de un círculo de violencia que nos aleja de cualquier mito de paz y respeto a los derechos humanos”, profundiza en su análisis Álvarez.
Uno de los casos más emblemáticos de represión contra aquellos sectores que se organizan para contrarrestar el avance del modelo extractivista y agroindustrial es el del Valle del Aguán, al noreste de Honduras. Según las organizaciones nacionales e internacionales que, entre 2010 y 2013, realizaron un minucioso monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en esta zona, no menos de 60 campesinos habrían sido asesinados por el conflicto agrario generado por la expansión del monocultivo de la palma africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas (7).
“Estas muertes son sólo la ‘punta del iceberg’ de una dinámica de impunidad y terror que envuelve a cada una de las comunidades detrás de estos nombres que viven en violenta represión. Se han instaurado las prácticas de estigmatización, judicialización, acoso, torturas, desapariciones y otros instrumentos para evitar que las comunidades hagan valer sus derechos de acceso y decisión sobre los recursos naturales y sobre todo, de llevar adelante su resistencia y oposición”, señala con fuerza Álvarez. “Estos son los costos reales de la imposición de lógicas brutales de muerte bajo la consigna del ‘desarrollo’, sobre los pueblos indígenas y campesinos de la región. ¿Puede ser limpia la energía de estos proyectos con tanta sangre derramada?”, es la pregunta retórica que el presidente de la Fecon dirige al lector.
Un drama de resistencia e indignación regional
Un modelo, entonces, que saquea la naturaleza, arrincona y expulsa a poblaciones y pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad.
El informe “¿Cuántos más?» de la organización Global Witness, documenta que en 2014 fueron asesinados por el mundo 116 defensores y defensoras ambientales y de la tierra, un promedio de dos a la semana (8). Tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica. Honduras resultó ser el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014. Un 40% de estas víctimas era indígena y las principales causas de su muerte fueron la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria. “Las disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra fueron el trasfondo de casi todas estos asesinatos… Los verdaderos artífices de estos crímenes generalmente se libran de las investigaciones, pero la información de la que se dispone indica que, detrás de la violencia, generalmente se esconden grandes propietarios de tierras, intereses comerciales, actores políticos y agentes del crimen organizado”, señala Global Witness.
En 2015 fue peor. El nuevo informe “En terreno peligroso” señala que el total de defensoras y defensores del ambiente y la tierra asesinados fueron 185, el 66% de los cuales en América Latina (9). Más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas. Se trata de la cifra más alta registrada hasta el momento, con un aumento de casi el 60% respecto a 2014.
Global Witness advierte que debido al acaparamiento de tierras, los pueblos originarios y comunidades campesinas son desplazados, y esto provoca graves enfrentamientos. “El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como madera, minerales y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes explotan la tierra desdeñando a la gente que en ella vive”, advierte el último informe.
Pese a la represión, la resistencia crece y clama al mundo solidaridad. “La conflictividad social y política y la indignación están creciendo, producto también de una renovada capacidad de diálogo y articulación entre sectores de la sociedad hondureña y centroamericana. Lo que se está generando es una bomba de tiempo. Es importante que, desde Europa y otras regiones del mundo, las organizaciones solidarias se articulen con esta lucha, la respalden y presionen a su gobierno y empresas involucradas en estos procesos explotadores”, concluía Berta Cáceres.
(*) Periodista italiano radicado en Nicaragua, corresponsal en Centroamérica de Rel-UITA.
