Honduras: indígenas marcharon contra la «criminalización de la lucha social»
Indígenas y campesinos hondureños marcharon este miércoles en Tegucigalpa para rechazar la «criminalización de la lucha social», que ha provocado la muerte de más de 250 dirigentes desde 2009, según los manifestantes.
«Estamos rechazando la criminalización de la lucha de los campesinos, indígenas y obreros por la tierra y la defensa del medioambiente (frente a las) compañías hidroeléctricas y mineras», dijo a la AFP la activista Olivia Zúñiga, una de las organizadoras de la protesta.
Unas 1.500 personas participaron en la marcha a las oficinas de la fiscalía, en el este de la capital.
Zúñiga es hija de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza.
La dirigente deploró que cualquier protesta social puede llevar a los hondureños a la muerte o a la cárcel porque las autoridades buscan acallar a los líderes de las organizaciones sociales.
«También estamos exigiendo justicia para los mártires de la lucha, como Berta Cáceres y Margarita Murillo, y que se suspendan las concesiones a los proyectos hidroeléctricos y mineros», añadió.
Recordó que las autoridades capturaron a cinco sospechosos de la muerte de su madre, supuestamente enviados por la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), pero advirtió que falta detener a los autores intelectuales de los crímenes.
Cáceres tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber denunciado amenazas de muerte de parte de DESA a causa de las movilizaciones contra la construcción de una represa en el río Gualcarque, dentro de territorio de los indígenas lencas.
Por su parte, Murillo era una dirigente campesina que luchaba por la dotación de tierra para los pequeños agricultores de la región norte del país, y fue asesinada en agosto del 2014.
Zúñiga estimó que más de 250 luchadores sociales han sido asesinados después de la destitución del presidente Manuel Zelaya, en junio de 2009, hecho al que presentó como un golpe de Estado.
