El gobernador asegura que la isla está lista para reestructurar su deuda y volver a crecer
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, defendió ayer en Washington que la isla está ya «en el camino correcto» para reestructurar su deuda y «recuperar el crecimiento económico», perdido hace más de una década.
Así lo argumentó durante la quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales organizada por el Centro Hutchins sobre Política Pública Monetaria y Fiscal de la Institución Brookings, en la que participó como orador y repasó las circunstancias que llevaron a que la isla se viera inmersa en la crisis económica y fiscal que le he llevado a dejar de pagar la deuda.
Según el resumen ofrecido después por La Fortaleza en un comunicado, García Padilla defendió que la reciente aprobación de la ley federal conocida por el acrónimo de «Promesa» otorga a la isla «herramientas de reestructuración que le permiten dirigirse en la actualidad hacia su recuperación económica».
«La situación fiscal de Puerto Rico ha estado en el escenario mundial desde hace varios meses», dijo, ya que «es de conocimiento público que el país no puede pagar la deuda de 70.000 millones de dólares que fue generada por pasadas administraciones y sus acreedores, y por consiguiente, dicha deuda debe ser reestructurada».
Sin embargo, defendió que gracias a las gestiones de su Gobierno, «Puerto Rico se presenta hoy a un nuevo comienzo», desde el que ya se trabaja «en la construcción de una sólida economía».
Explicó que las medidas de austeridad que tuvo que tomar por no poder acogerse a la protección de la Ley federal de Quiebras, como el recorte del gasto público y la retención de pagos a contribuyentes y proveedores por más de 2,000 millones de dólares, «ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas».
Según defendió, la ley «Promesa» fue la única solución disponible para atender «la crisis fiscal que atravesaba la isla y las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña», aunque «no es una medida perfecta, ya que crea una junta de control fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del Estado Libre Asociado».
«Fue la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del Gobierno federal en nuestra democracia», argumentó García Padilla.
Tras su aprobación, «los retos no han acabado y la solución no llegará de la noche a la mañana, pero nuestros planes nos aseguran un futuro más brillante», prometió.
