La Fiscalía reactiva investigación por abusos de jerarcas stronistas a niñas
La Fiscalía de Derechos Humanos reactivó la investigación sobre los abusos sexuales cometidos a niñas por parte de los ex jerarcas de la dictadura stronista. Esto se da tras las publicaciones de ÚH sobre testimonios que se refieren a los harenes de esclavas sexuales que mantuvieron coroneles cercanos a Alfredo Stroessner.
“Tenemos una causa que había sido iniciada por la señora (Julia) Ozorio. Vamos a pedir la declaración del doctor Joel Filártiga como anticipo jurisdiccional de pruebas por la avanzada edad y también la de (Malena) Ashwell como anticipo jurisdiccional de pruebas porque está fuera del país”, comentó ayer el fiscal Santiago González Bibolini.
Julia Ozorio es la única víctima que se animó a realizar una denuncia formal. La mujer contó a la Comisión Verdad y Justicia haber sido secuestrada en Nueva Italia, a los 12 años, en febrero de 1968, por el coronel Pedro Julián Miers, quien la trajo a una residencia en Laurelty. Ahí quedó recluida como esclava sexual durante dos años, con otras niñas y adolescentes.
Por su parte, Malena Ashwell relató al diario estadounidense Washington Post que en noviembre de 1975 vio los cuerpos inertes de tres niñas, de 9 y 8 años “sangrando de las áreas genitales y con marcas en sus cuerpos, que evidenciaban abuso sexual”. La escena –según su testimonio– se desarrolló en la casa del teniente coronel retirado Leopoldo Popol Perrier, en el barrio Sajonia.
Joel Filártiga, médico perseguido por la dictadura, relató haber ayudado a escapar de aquella casa de Sajonia a una niña que le pidió ayuda a principios de la década de los 70. “Pude ver de cerca que allí tenían a estas niñas de muy corta edad, a las que secuestraban del campo y las traían para que el dictador y sus amigos las violen”, declaró días atrás Filártiga.
Otros testimonios señalan que los abusos a chicas también se perpetraron en residencias de Popol Perrier en Itá Enramada y Caacupé. También mencionan la quinta del coronel Feliciano Manito Duarte en Cabañas, Caacupé.
DELITOS. El fiscal González Bibolini explicó que cada caso deberá ser analizado para determinar una tipificación penal. No obstante, recordó que la tortura es un tipo penal que abarca, entre otras cosas, la violencia a la autonomía sexual sin consentimiento de las personas. De calificarse como tortura, los hechos serían de lesa humanidad e imprescriptibles, señaló.
“Vamos a buscar más declaraciones de gente que nos pueda aportar pruebas para saber si tenemos autores directos vivos. Realmente a donde tenemos que llegar es ver si tenemos autores vivos o no, para el procesamiento y juzgamiento eventual”, indicó el fiscal, quien mencionó que una vez que se recaben más datos, decidirá si abren nuevas causas o incluyen a más personas en la causa de Ozorio.
