Por primera vez la Justicia condena a funcionarios públicos por una represión
Una represión con responsables políticos
El ex secretario de Seguridad del Gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov y la cúpula de la Policía Federal en aquellos años, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, se convirtieron ayer en los primeros funcionarios públicos de la historia argentina en ser condenados penalmente por las consecuencias de una represión que ordenaron, implementaron y debieron haber controlado. El Tribunal Oral Federal número 6 los halló culpables del “homicidio culposo” de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cinco provocadas por el operativo policial que arrasó las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001, y las “lesiones culposas” provocadas a unas decenas de sobrevivientes tras aquellos sucesos. Las condenas fueron bajas -entre tres y cinco años-, pero fueron reconocidas por los familiares de esas víctimas y sus abogados como históricas. Sin embargo, no fueron todos festejos en la sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, ya que los jueces absolvieron a seis de los otros 13 policías acusados en el juicio: la mayoría estaba imputado por el asesinato de Alberto Márquez, quien falleció en la Avenida 9 de Julio de dos tiros en el pecho. A los efectivos sentenciados, los condenaron por “homicidio en agresión” (ver aparte).
El presidente del tribunal, José Martínez Sobrino, y los vocales Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Anzoategui se sentaron en el estrado apenas unos minutos después del horario que habían fijado para la tarea que tenían por delante: dar sentencia en la –por el momento– única causa que investigó las consecuencias criminales de la represión con la que Fernando De la Rúa se despidió de la presidencia el 20 de diciembre de 2001. Una sala repleta de sobrevivientes, amigos de las víctimas y varios integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre ellos su presidente, Horacio Verbitsky, tragó saliva y se dispuso a escuchar, con el peor de los pronósticos en la cabeza. “Por fin llegó el día. Nos hubiera gustado que llegara antes, porque pasaron 15 años, pero llegó y solo tengo en mi corazón que si no hay Justicia terrenal, espero y sé que habrá Justicia divina”, resumió Marta Almirón –su hijo, Carlos Almirón, falleció a sus 23 años de un tiro en el pecho– poco antes de ingresar al recinto audiencias.
Al momento de sus últimas palabras, Santos le dedicó una advertencia al tribunal: “Midan las consecuencias, los violentos y la inseguridad ganaron la calle”. Las primeras condenas no solo contradijeron el deseo del ex titular de la federal, sino que también revirtieron el presagio generalizado: una sentencia condenatoria para ex funcionarios políticos por su responsabilidad en el control de una represión, algo que nunca había pasado en la historia del país. “La condena, cercana a lo que pedíamos, se dio para los cuatro imputados. No hay antecedente similar”, remarcó Rodrigo Borda, abogado del CELS y querellante por los casos de Arena y Lamagna. Ningún funcionario político fue enjuiciado por las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, acribillados en una represión en la estación de Avellaneda en junio de 2002; por el asesinato del docente Carlos Fuentealba o por las víctimas fatales del ataque policial tras la toma del Parque Indoamericano, bastante más acá en el tiempo. “Con este fallo queda claro que la Policía no actuó como oveja descarriada de un gobierno que se preocupaba por lo que pasaba en la calles, sino que las muertes fueron las conclusiones de decisiones que ese gobierno tomó”, culminó Borda.
Algunos aplausos surgieron desde el público cuando Martínez Sobrino leyó “penalmente responsable” en referencia a Mathov. Lo culpó por las muertes de Lamagna, Almirón y Riva, y las lesiones ocasionadas a un puñado de heridos, y lo penó con cuatro años y nueve meses de prisión. La pena para Santos, quien entonces dirigía la Policía Federal, fue de cuatro años por el mismo delito. A Gaudiero, lo penaron con tres años y seis meses de prisión. Entonces, era titular de la Dirección General de Operaciones (DGO). A Andreozzi, jefe de la Superintendencia de la Federal al momento de la represión, lo condenaron a tres años de cárcel en suspenso. Los cuatro llegaron al juicio acusados de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La fiscalía, representada en el debate oral por Mauricio Viera, Santiago Vismara, Mariano Domínguez y José Piombo, solicitó que se los condene por el homicidio culposo de las cinco víctimas fatales que cayeron entre la Plaza de Mayo y la 9 de Julio producto del operativo represivo de aquel 20 de diciembre, las lesiones culposas a 48 heridos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los ex funcionarios públicos debían ordenar, implementar y controlar la represión que precedió la caída del gobierno de la Alianza: “Ninguno puede evadir esa función, aunque así lo pretendan de acuerdo a la escala jerárquica”, había planteado el Ministerio Público Fiscal durante su alegato. El TOF 6 tomó la calificación, pero no la cantidad de casos: solo los condenó por tres de las cinco muertes. El CELS y el abogado Rodolfo Yanzón, en una querella conjunta, los habían responsabilizado de “no prevenir las consecuencias nefastas de la represión que no solo no controlaron, sino que aplicaron e incrementaron aquel día”. Esa querella había pedido penas de cinco años para Santos y Mathov, y de cuatro años y algunos meses para Gaudiero y Andreozzi.
María Arena oyó el fallo desde una punta de la sala. También ubicada en primera fila. La acompañaron sus hijos, que eran pequeños cuando mataron a su papá, Gastón Riva. Lloraron con ella cuando oyeron las condenas y gritaron “presente” tras cada uno de los cinco apellidos mencionados ayer, cuando la lectura había culminado y los familiares de Márquez y Almirón protestaron las absoluciones de algunos de los imputados. Y, “a pesar de la pena” y de lo resuelto en los casos de Márquez, Almirón y Benedetto, celebró las condenas a la cúpula política. “No creo que alcance ni que termine de reparar y eso lo veo en los ojos de mis hijos, pero es importante que nos vayamos con sus condenas”, destacó. Karina Lamagna recordó aquello y por eso se enojó durante la lectura. “No es lo que esperábamos en cantidad de años, pero se temía lo peor, así que haber llegado a esta instancia, a un juicio con un secretario de gobierno imputado y a partir de hoy condenado es histórico y un pequeño triunfo”, reflexionó más tarde. El “pequeño” lo atribuyó a “lo que falta”: “Falta una condena a De la Rúa, una condena a los policías que fueron absueltos”.
En mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento de De la Rúa en la investigación sobre las muertes y los heridos de la represión que él había ordenado horas antes de renunciar a la presidencia. Borda planteó la posibilidad de que la sentencia de ayer permita avanzar en el análisis de la responsabilidad del ex presidente a nivel internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo denunciaron en noviembre pasado.
