Penas de entre 3 y 6 años a involucrados en la represión de diciembre de 2001
Condenas por las muertes de diciembre de 2001
El Tribunal Oral Federal número 6 resolvió condenar al ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, a la pena de 4 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Fue por tres de las cinco muertes que se juzgaban y por los más de 100 heridos durante la represión del 20 de diciembre de 2001.
Las penas también alcanzaron a los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, que recibieron 4 años, 3 años y seis meses y 3 años, respectivamente.
En tanto, el subcomisario Carlos José López fue condenado a 6 años de prisión; el sargento primero Roberto Juárez a 4 años y seis meses de prisión; y los agentes Gonzalo Firpo Castro Víctor Belloni a 3 años de prisión en suspenso. El subcomisario Omar Bellante recibió también la pena de 3 años en suspenso, al ser hallado culpable del delito de encubrimiento de una de las muertes. A pesar del fallo, los jueces dispusieron que hasta que las condenas no queden firmes no se efectivice la pena de prisión.
Entre los absueltos, casi todos fueron efectivos policiales de menor rango: Eugenio Figueroa, Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián Saporiti y Horacio Berardi. Entre las absoluciones también fue beneficiado el comisario inspector Orlando Oliverio, mientras los efectivos Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte fueron sobreseidos.
El ex presidente radical Fernando De la Rúa, quien dictó el estado de sitio que dio marco a la represión, estuvo procesado en la causa pero luego fue sobreseído, por lo que no llegó al juicio oral. Tampoco llegó al debate el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, fallecido en 2003.
El juicio
Fueron 140 audiencias de testimonios, análisis de videos y fotos, escuchas telefónicas y de modulaciones policiales. Más de 300 testigos aportaron su versión de los hechos. Entre ellos, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el ex diputado Luis Zamora y el ex presidente Fernando De la Rúa, cuyo sobreseimiento en la causa fue confirmado por la Corte Suprema.
Dos jueces federales, María Romilda Servini de Cubría y Claudio Bonadio, investigaron lo sucedido en Capital aquel 20 de diciembre de 2001 durante una década y en 2012 empaquetaron testimonios y pruebas en varias centenas de fojas y las elevaron a juicio oral y público. Dos años más tarde, el presidente del TOF número 6, José Martínez Sobrino, y los vocales Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Anzoategui –luego reemplazado por el cuarto juez, Adrián Martín– comenzaron a juzgar a Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi por haber cometido negligencias en sus funciones públicas: las acusaciones en la elevación a juicio solicitaron que se los juzgue por su responsabilidad penal en las muertes y los heridos durante la represión que ellos, como funcionarios públicos, condujeron. O no. Afrontan penas de entre tres y cinco años de prisión, según los pedidos de las partes acusadoras.
La muerte evitó que quien al momento de los hechos era ministro del Interior, Ramón Mestre, tuviera que afrontar los mismos cargos. La ausencia de De la Rúa en la nómina de los acusados es responsabilidad de la propia Justicia: en mayo de 2015, la Corte dejó firme su sobreseimiento, a pesar de haber sido quien ordenó el estado de sitio que, según la Fiscalía y las querellas, significó un “cheque en blanco” para las fuerzas policiales.
Los policías que integraban el departamento de Control de Integridad Profesional de la Federal llegaron al juicio acusados de disparar balas de plomo contra las personas que en aquella tarde estaban ubicadas sobre la plazoleta de Cerrito, entre Sarmiento y Perón. Allí cayó muerto Márquez, y resultaron gravemente heridos Martín Galli y Paula Simonetti, quienes sobrevivieron. Para el comisario inspector Orlando Oliverio, la Fiscalía pidió una condena de 16 años de cárcel; para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro pidió 14; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia; y cinco años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi. Los efectivos Jorge Toma y Carlos Loforte afrontan pedidos de condena por vejaciones, mientras que Víctor Belloni, acusado de intentar asesinar a los manifestantes Marcelo Dorado y Sergio Sánchez en Avenida de Mayo y 9 de Julio, puede terminar una década tras las rejas.
El subcomisario Omar Bellante llegó al debate acusado de encubrir a los responsables de la muerte de Benedetto, que cayó sin vida en Avenida de Mayo y Chacabuco. Es el único imputado por ese asesinato, mientras que no hay acusados directos de matar a Lamagna, Almirón y Riva.
Familiares y víctimas de la represión de 2001: «El juicio sentará precedente»
Familiares de las víctimas y un sobreviviente de la represión de diciembre de 2001 destacaron que el juicio oral, cuyo final está previsto para hoy, «puede sentar un precedente sobre un hecho de represión que involucra a altos mandos».
El Tribunal Oral número 6 tiene previsto dar a conocer hoy a las 16 el veredicto en la causa en la que se juzga la represión policial en las inmediaciones de Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco, que provocó 5 muertos y más de 100 heridos, en una audiencia que comenzará a las 9.30 con las últimas palabras de los imputados.
Los familiares y las víctimas resaltaron que esperan que haya condenas para los 17 imputados, entre los que se encuentra el entonces secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
Télam dialogó con tres víctimas de los episodios de violencia ejercida desde el Estado, quienes expresaron su expectativa por el veredicto y pusieron en palabras su experiencia como querellantes en el juicio que tardó 13 años en comenzar y duró otros dos.
«El juicio es una especie de victoria» porque «quedó explicitado que los tipos dispararon, que hubo un plan, que respondieron órdenes, y que del presidente (Fernando) De la Rúa para abajo se siguió la línea de mando», sostuvo Martín Galli, que aún tiene una bala de plomo alojada en la cabeza, producto del disparo que recibió aquella tarde de protesta.
María Arena, la viuda de Gastón Riva, el motoquero asesinado sobre Avenida de Mayo, también resaltó que en ese final del gobierno de la Alianza «hubo una orden de reprimir» y puso de relieve que «es la primera vez que se puede juzgar a un alto funcionario como Mathov en un hecho de represión en democracia».
Karina Lamagna, la hermana de un joven ejecutado a metros de la Plaza de Mayo, sostuvo que en estos años «todo tuvo que ser muy denso, peleado» y destacó que el proceso «sigue siendo violento porque todo lo que pasó en este tiempo no se repara».
«Por ejemplo, mi vieja resistió un cáncer que tenía para llegar a la sentencia y ese cáncer se desencadenó al mes de la muerte de mi hermano y no puedo llegar a escuchar el veredicto porque falleció hace semanas», aseveró.
Los tres repudiaron el sobreseimiento de De la Rúa y coincidieron en advertir que «eso sucedió porque hubo connivencia del poder judicial», ya que recordaron que fue el juez federal Claudio Bonadio el primero en dictar el sobreseimiento que luego fue ratificado por la Cámara Federal la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Corte Suprema de Justicia.
«De la Rúa declaró como testigo en el juicio y fue un cínico, un estratega», destacaron.
La hermana de Diego contó que antes del sobreseimiento tuvieron una reunión con Bonadio en la que demostró «vehemencia y emoción y se comprometió a juzgar a De la Rúa y a menos de dos meses de ese encuentro lo sobreseyó».
Al repasar las audiencias, Lamagna resaltó que «la mirada de los imputados y sus abogados fue muy despectiva y muy violenta» hacia las víctimas y familiares.
Galli recordó que durante su declaración, que duró más de cuatro horas, «los abogados de la defensa de los policías imputados no pararon» de hostigarlo sobre las razones que lo habían llevado a manifestarse en contra del estado de sitio declarado por De la Rúa.
«No me dejaban hablar y me preguntaban si estaba a dos metros de la calle o de la vereda cuando me dispararon, me preguntaban por la primera declaración, todavía tengo una bala en la cabeza y fui recuperando la memoria de a poco sobre lo que pasó pero además no quita ni aporta porque están los videos que demuestran como nos disparaban desde los autos», describió.
María Arena se cruzó a lo largo del juicio varias veces con Víctor Manuel Belloni, policía de la comisaría 4ª, uno de los imputados y recordó que la primera vez que Belloni declaró lo esperó y «cuando salió de declarar le hicieron una rueda enorme para cuidarlo» pero igual se acercó y le dijo «que no iba a dormir tranquilo porque no iba a parar hasta hacer justicia», le dijo que se lo decía «por Gastón y por sus tres hijos».
«En otra oportunidad, en la que por suerte no estaba sola, Belloni se me acercó en un pasillo y me dijo que yo estaba equivocada, que él no había matado a mi marido. Yo le dije que hable en el juicio y también le grité ‘a mí no te me acerques más, andá y declará lo que sabes'», manifestó sobre lo que recuerda como «uno de los momentos más fuertes del juicio».
La audiencia comenzará a las 9.30, será transmitida en vivo por el Centro de Información Judicial y se espera que la sentencia se conozca después del mediodía.
