Colombia: gobierno niega persecución política tras la detención del hermano del ex presidente Álvaro Uribe
Gobierno niega persecución judicial al uribismo
La decisión de la Fiscalía de ordenar la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, por su presunta relación con los paramilitares, generó la inmediata reacción del Centro Democrático que se declaró como perseguidos políticos. Ante estos señalamientos, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, afirmó que el Gobierno de ninguna manera interviene en las decisiones de la Fiscalía y esa es la principal garantía para la oposición.
“El gobierno no tiene que ver con esta decisión ni con ninguna que tome la Fiscalía o cualquier instancia de la justicia. En general cuando se dan estos casos el país se divide, a veces elogian la decisión, a veces la critican. Lo importante es tener claro que la justicia y la Fiscalía actúan de forma independiente y con base en criterios estrictamente jurídicos que el Gobierno respeta. La garantía que da el Gobierno es que respeta profundamente la independencia de la rama”, afirmó Reyes.
Pese a esta declaración, el representante a la Cámara del centro Democrático, Samuel Hoyos, afirmó que “Es propio de la mafia meterse con la familia, pero no me extraña viviendo del fiscal Eduardo Montealegre. Era de esperarse que antes de salir de la fiscalía se despachara con otro atropello contra Uribe. Ojalá que cuando salga podamos tener una fiscalía independiente y no al servicio de los intereses de un fiscal corrupto que inventa teorías para salvar a criminales de lesa humanidad de ir a la cárcel, manipula a la justicia para someter a la oposición”.
Presidente Santos se pronunció sobre el caso de Santiago Uribe
La noche de este lunes, al término de una reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Fiscalía “abrir las puertas a una veeduría internacional como observadores del proceso” contra Santiago Uribe Vélez.
En la misma vía, el Jefe de Estado le pidió también al procurador Alejandro Ordóñez que constituya una agencia especial para el caso. “Solicito al Procurador acompañar el proceso contra Santiago Uribe para rodearlo de todas las garantías constitucionales y legales”, escribió Santos vía Twitter.
Las dos acciones se enmarcan en la respuesta del Gobierno a la orden de captura, que fue recibida por el uribismo como una supuesta persecución política. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, había dicho que el Gobierno respetaba la “decisión autónoma” de la Fiscalía.
Protesta en el Congreso
Voceros del Centro Democrático (CD) –principal partido de oposición al Ejecutivo– aseguraron este lunes que se trata de un nuevo ataque contra el expresidente Álvaro Uribe y su entorno más cercano.
En señal de protesta, esa bancada se retiró de las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde se debatía el proyecto de ley de orden público.
Al comienzo de la sesión, la senadora Paloma Valencia leyó una constancia del CD en la que ese partido se declaraba en “rebeldía” e invitaba a protestar. Tras esto, los nueve congresistas abandonaron el recinto del Senado antes de la votación.
El expresidente Álvaro Uribe estuvo en Estados Unidos, donde en varios escenarios criticó el proceso de paz y aseguró además que él y su movimiento son supuestamente perseguidos por la justicia colombiana.
El senador Alfredo Rangel, otro reconocido uribista, manifestó su solidaridad con el exmandatario y dijo que “la detención del hermano del expresidente es un capítulo más de la persecución contra la oposición democrática en Colombia”. Iván Duque, también senador del CD, afirmó que lo que se quiere es “acallar la voz del Centro Democrático persiguiendo a la familia” de Uribe.
Por su parte, Ernesto Macías, también senador de esa colectividad, aseguró que Eduardo Montealegre supuestamente habría dicho que no se iría de la Fiscalía “sin meter a la cárcel a Santiago Uribe”.
El temblor político se sintió también en el Concejo de Bogotá, donde la bancada uribista anunció para este martes un pronunciamiento público sobre el tema.
Estos señalamientos del uribismo al Gobierno hacen que ahora la tensión sea más fuerte. Si bien el diálogo es inexistente en este momento, es claro que este hecho dificultará aún más la posibilidad de que se tiendan puentes.
A ese respecto, el representante de ‘la U’ Hernán Penagos dijo que se debe “garantizar el debido proceso y la legítima defensa”, pero que no “por ser hermano del expresidente puede dejarse de investigar” la actuación de Santiago Uribe. Y Alexánder López, senador del Polo, expresó que “es muy importante que el país conozca la verdad de lo que pasó con el paramilitarismo”.
Uribistas se declaran perseguidos políticos
La decisión de la Fiscalía de ordenar la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, levantó ampolla en el país y como era los parlamentarios de la bancada del Centro Democrático se declararon perseguidos políticos.
Además de las declaraciones en contra de decisión de la Fiscalía, teniendo como escenario el Congreso en donde se discutía la prórroga a la Ley de Orden Público, el Centro Democrático con vocería de la senadora Paloma Valencia declaró la persecución y se rehusó a participar en la discusión.
“La detención infame del hermano del expresidente Álvaro Uribe en medio de este debate, oscurece el ambiente, limita las libertades públicas y deja sin garantías a la oposición. Esa captura viene a corroborar las graves denuncias que acaba de realizar el presidente Uribe ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los congresistas de Estados Unidos”, afirmó Valencia.
La vocera del Centro Democrático agregó que esta detención hace parte de la estrategia de este gobierno para perseguir judicialmente al uribismo como mecanismo para que acepte la impunidad de los narcoterroristas de las Farc. Esta nueva villanía es una muestra más del ánimo persecutorio de este gobierno y su incondicional aliada, la Fiscalía”.
Ante estos duros señalamientos, el ministro de Justicia, Yesid Reyes afirmó que “el gobierno no tiene que ver con esta decisión ni con ninguna que tome la Fiscalía o cualquier instancia de la justicia. En general cuando se dan estos casos el país se divide, a veces elogian la decisión, a veces la critican, pero lo importante es tener claro que la justicia y la Fiscalía actúan de forma independiente y con base en criterios estrictamente jurídicos que el Gobierno respeta. La garantía que da el Gobierno es que respeta profundamente la independencia de la rama”.
¿Qué hay en la Fiscalía y qué viene en el proceso de Santiago Uribe?
El caballista Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, se convirtió en el cuarto preso por un proceso que está a punto de cumplir 20 años en la justicia colombiana: el de los asesinatos y desapariciones cometidos por ‘los 12 Apóstoles’, la banda que dio origen a los grupos paramilitares del centro-norte de Antioquia.
Santiago Uribe fue capturado al mediodía del lunes en Medellín por agentes del CTI en medio de fuertes tensiones con su grupo de escoltas. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que lleva su caso ordenó la detención bajo cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Como consideró que había alto riesgo de fuga, decidió que la detención se cumpla en un centro de reclusión con custodia. En la noche del lunes fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá.
El concierto para delinquir tiene que ver con su supuesta responsabilidad en la conformación y financiación de la banda, que operó desde Yarumal y cuya violencia se extendió a otros municipios como San Roque, Campamento y Santa Rosa de Osos.
El cargo de homicidio agravado es por el asesinato de Camilo Barrientos Durán, sucedido el 25 de febrero de 1994.
Barrientos era un conductor de bus escalera y su nombre aparecía en una ‘lista negra’ de la Policía de la zona. Dos de los autores del crimen, el mayor Juan Carlos Meneses y el agente Alexánder de Jesús Amaya Vargas (ambos, acusados por ese caso), señalaron que sus actos correspondían a directrices de Santiago Uribe Vélez.
El agente Amaya fue quien puso al mayor Meneses en la mira de la Fiscalía. Este último se entregó a las autoridades en enero del 2014 y desde entonces se ha mantenido en su versión contra el caballista. Lo que dice Meneses –que ha sido negada por Santiago Uribe y su defensa– es que el ganadero y otras personalidades de la región “emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla”.
En el proceso hay un tercer testimonio, el del extrabajador de la finca La Carolina (una de las propiedades de Santiago Uribe) Eunicio Pineda, quien afirma que su exjefe supuestamente colaboraba con armas para el grupo ilegal.
Por el caso de ‘los 12 Apóstoles’ fue condenado el capitán del Ejército Rafael Herney González, quien paga 23 años de prisión por una ejecución extrajudicial cometida en colaboración con la banda.
El sacerdote Gonzalo Javier Palacio es otro de los señalados por los testigos como parte de ‘los 12 Apóstoles’. Ese religioso aparece en decenas de versiones como parte del grupo que decidía los asesinatos y desapariciones.
La Fiscalía investiga crímenes cometidos entre 1993 y 1995 y su tesis es que se trató de una estrategia sistemática que buscaba el exterminio de personas a las que señalaban de ser “guerrilleros, drogadictos o delincuentes comunes”.
Por esto, considera que se trata de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El pasado 18 de febrero se tomó la decisión al contrastar la información del caso del caballista con el que desarrolla la Dirección de Contexto sobre la violencia en la zona. Allí, dice la Fiscalía, hubo al menos 164 muertos o desaparecidos por cuenta de ‘los 12 Apóstoles’ y sus cómplices.
La banda recibió apoyo del Ejército y, sobre todo, de la Policía, situación que ha llevado a varias condenas en contra de la Nación.
“Resulta incontrovertible que las fuerzas armadas del Estado –puntualmente la Policía– auspiciaron y favorecieron dichas operaciones de ‘limpieza social’, objetivo original que dio pie al nacimiento y conformación de grupos paramilitares en la región”, dice uno de los fallos del Consejo de Estado sobre ‘los 12 Apóstoles’.
Las investigaciones de la Fiscalía contra Santiago Uribe se reactivaron en el 2010 y desde entonces se recibieron varios testimonios contra el ganadero, incluido el del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, ‘don Berna’.
‘Berna’, extraditado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el 2008, aseguró dentro del proceso que Vicente Castaño, el poder detrás de la temida ‘Casa Castaño’, aseguró en varias oportunidades que Santiago Uribe era amigo suyo. Alias ‘el Alemán’ y ‘don Mario’, ambos cercanos a los Castaño, también dijeron haber escuchado esas afirmaciones.
Qué viene en el polémico proceso
A lo largo de todo el proceso, la defensa de Santiago Uribe ha reiterado su inocencia y disposición a atender los llamados de la Fiscalía. El abogado Jaime Granados, que lo representa, ha cuestionado la confiabilidad y motivos de los testigos contra su cliente. La orden de captura se hizo para definir la situación jurídica de Santiago Uribe, quien ya había sido escuchado en indagatoria.
Como es una medida cautelar, puede ser apelada ante un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía tiene pendientes nuevas pruebas, entre ellas la declaración del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso en EE. UU. Uribe tiene pendiente otra investigación, la de la masacre de Las Guacharacas, cometida por ‘paras’ en una de sus fincas.
