Sexto cuadro electoral: desafíos de la Revolución Democrático-Popular – por Eduardo Paz Rada
Ante la crisis del capitalismo metropolitano, el debilitamiento electoral de los procesos antiimperialistas en varios países de la región, la pausa en los procesos de integración y las iniciativas intervencionistas del gobierno de Washington, sea por la vía militar o por la vía de la Alianza del Pacífico; el próximo mandato de cinco años de Evo Morales Ayma y el MAS, que se inicia el 22 de enero de 2015, tiene importantes desafíos que enfrentar para profundizar el proceso antiimperialista iniciado el año 2003 con la Guerra del Gas y continuado desde el 2006 con la Revolución Democrática y Cultural.
Pendientes de solución en la nueva gestión están los temas de la administración de justicia, que se encuentra en una crisis profunda debido a su retardación, a los millares de casos pendientes y a las prácticas venales que afectan sobre todo a la población más sencilla; la corrupción en algunas reparticiones del Estado que provoca malestar social y reclamos al gobierno; la inseguridad y violencia creciente en las ciudades más grandes del país, en muchos casos vinculadas al narcotráfico; la precaria atención de la salud que afecta a los sectores más empobrecidos; y las manifestaciones de insubordinación en sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Otras tareas están planteadas en la Agenda Patriótica 2025 y en el Plan de Gobierno establecen desafíos fundamentales vinculados a la conquista de la soberanía alimentaria que, sin embargo, choca con los intereses de los grupos latifundistas del oriente; la industrialización de los recursos naturales del litio de Uyuni, el hierro del Mutún y el gas del Chaco —industrialización que no podrá avanzar efectivamente si no se construye una red interna de gasoductos que favorezca a la población y a las empresas—, y también la revolución educativa, científica y tecnológica.
También se ha identificado la necesidad de profundizar el proceso de integración interna con la construcción de carreteras y vías de comunicación en el extenso territorio boliviano, así como la prioridad de mayor inversión en salud, educación y vivienda social.
En esta perspectiva, el fortalecimiento del Estado en la economía, del mercado interno y del capitalismo de Estado, junto a la unidad nacional, son prioritarios en la perspectiva de una industrialización integral que permita superar la condición de país primario-exportador y priorice la complementación económica y comercial con los países de la región.
Al respecto, Evo Morales ha reiterado su total respaldo y compromiso para fortalecer los procesos de unidad a través de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), Unión de Naciones Sudamericanos (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), siguiendo la línea dejada por el Comandante Hugo Chávez. A estos procesos se agrega el compromiso de Bolivia con el G-77 más China y la Organización de Países No Alineados.
Asimismo, las políticas de nacionalización de los hidrocarburos, de recuperación de empresas estratégicas de energía, telecomunicaciones, electricidad y fundiciones, de inicio de los procesos de industrialización de materias primas, de redistribución de los excedentes económicos entre los sectores más empobrecidos de Bolivia y de participación de los movimientos populares en respaldo al proceso se han consolidado y fortalecido, con una gestión económica que tuvo excelentes resultados en los últimos años, con un promedio del 5% en el crecimiento del producto interno.
Estas fueron acompañadas con la recuperación de la dignidad y la soberanía frente a la intervención directa del gobierno de Estados Unidos en las políticas internas y con la derrota de las fuerzas de las oligarquías regionales del oriente boliviano que pretendieron, en 2008, fraccionar el territorio nacional apoyados por el entonces embajador norteamericano Philip Goldberg. El respaldo del pueblo boliviano a Evo Morales, a través de las organizaciones populares de campesinos, colonizadores, juntas vecinales, mujeres campesinas, sindicatos, indígenas y ahora la Central Obrera Boliviana (COB), con movilizaciones y con votos, han potenciado su liderazgo y abierto nuevas posibilidades a un programa de emancipación nacional y social.
El dilema central que enfrentará el gobierno, al iniciar el tercer mandato, se encuentra: en profundizar el proceso antiimperialista con la afectación a los intereses de las transnacionales mineras, de los terratenientes, de los consorcios mediáticos y de la banca privada que aún son poderosos, con la consolidación de la industrialización de recursos estratégicos como el gas natural, el litio, el hierro y otros minerales, con la integración del territorio nacional y con la formulación de un programa estratégico de liberación nacional y de socialismo latinoamericano, acompañado de una organización política sólida; o en institucionalizar las transformaciones ya realizadas, liberalizar la política y la economía, desmovilizar a los movimientos populares, burocratizar la política, hacer concesiones a los sectores sociales y económicos conservadores y oligárquicos a nombre de construir hegemonía y fortalecer un reformismo socialdemócrata.
La inexistencia de una oposición política fuerte y alternativa es una ventaja para el gobierno, sin embargo esto puede generar una situación de inercia que desmovilice al pueblo, impulse políticas parciales y sectoriales que pongan en riesgo la perspectiva estratégica y se fortalezcan las posiciones conciliadoras con los sectores de las oligarquías regionales.
