Colombia: renuncia el asesor de campaña de Santos acusado de vínculos con el narco
Santos aceptó la renuncia que JJ Rendón le presentó tras escándalo
El estratega político venezolano Juan José (JJ) Rendón no resistió el escándalo en el que se vio inmerso esta semana y este lunes, de manera intempestiva, renunció a seguir siendo el asesor general de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. El Presidente-candidato le aceptó la dimisión.
Rendón resultó salpicado por su mediación en un fallido intento de sometimiento de ‘los Comba’ y otros narcos a las autoridades colombianas, en el segundo semestre del 2011. Según la versión de uno de los Calle Serna, capos de ‘los Rastrojos’ –hoy presos en Estados Unidos–, por esa gestión se habrían pagado 12 millones de dólares. Todo esto fue revelado por Daniel Coronell en su columna de la revista Semana.
El escándalo hizo que este lunes, por medio de un comunicado, el estratega venezolano anunciara su retiro de la campaña de Santos, a la que llegó formalmente el pasado 27 de abril como figura clave para esas aspiraciones.
“Lo último que quiero es hacerle daño a la campaña del doctor Juan Manuel Santos, a quien admiro y respeto profundamente. Es obvio que este escándalo obedece a un complot para conseguir ese cometido”, señaló Rendón en su comunicado.
Agregó que se marginó de su labor para no convertirse en un “instrumento de los enemigos de la paz que pretenden minar la credibilidad del señor Presidente”.
Rendón también anunció que está a disposición de las autoridades, e incluso aseguró que le pidió a su apoderado que solicite el inicio de una investigación formal. Insistió en que su mediación no fue subrepticia.
El presidente Juan Manuel Santos, en el programa Hora 20, de Caracol Radio, dijo que “lo importante es que la presentó (la renuncia) y se la acepté. En un gesto gallardo, dijo que no quería perjudicar la campaña, y ya no es parte de ella”.
Santos destacó que Rendón ha dicho que no recibió ni un solo peso, “y hasta que no se demuestre lo contrario hay que creerle”.
“No le pregunté si estaba cobrando; nunca me imaginé que estuviera cobrando, y hasta ahora no sé si cobró o no”, dijo el Jefe de Estado.
Para Santos, no es “extraño” que estos delincuentes hayan contactado a Rendón. “Esta gente ha hecho ofertas para entregarse, para someterse a la justicia muchísimas veces”, dijo el Presidente, quien fue tajante al señalar que no negocia con narcotraficantes.
De acuerdo con el Jefe de Estado, tras conocer la petición de ‘los Comba’ se la entregó a la entonces fiscal Viviane Morales y al director de la Policía de la época, general Óscar Naranjo, para que decidieran las condiciones de ese eventual sometimiento a la justicia.
“Esa gente aparentemente no aceptó los términos que la Fiscal les impuso, y algunos prefirieron entregarse a las autoridades norteamericanas y otros fueron capturados por la Policía”, dijo.
En la polémica por los 12 millones de dólares también resultó salpicado Germán Chica, exconsejero presidencial. Sobre el exfuncionario, Santos dijo que terminó involucrado en esos acercamientos porque el exguerrillero ‘Pacho Galán’ fue el que lo contactó.
Rendón negó haber recibido esa plata y señaló que si realmente hubo dinero de por medio, quien pudo haberse quedado con él fue Chica. Este último anunció que demandará penalmente al venezolano.
El estratega político
El venezolano Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, es psicólogo, comunicador y publicista de profesión.
Su firma asesoró la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Cuando llegó a ella, tenía en su haber el diseño de la estrategia que llevó a Porfirio Lobo a conseguir el poder en Honduras.
Después de haber logrado que Santos llegara la Presidencia, hizo lo propio para Enrique Peña Nieto en México y para Juan Orlando Hernández, en Honduras.
Es un ferviente opositor del chavismo y durante los más de 20 años que tiene de experiencia, ha recibido varios títulos ‘honoris causa’ por instituciones como la International University de Panamá y la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa.
En Venezuela tiene una investigación en curso por violencia sexual.
Los hermanos Calle Serna siguen buscando acuerdos con la Fiscalía
En septiembre del 2012, EL TIEMPO informó que, como parte de los compromisos de ‘los Comba’ en Estados Unidos, anunciaron la entrega de varias de sus estructuras.
Un mes después, en Trujillo (Valle del Cauca), se sometieron a la justicia varios ‘Rastrojos’.
Un año antes monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, había anunciado que los jefes de las principales bandas del país le habían manifestado la intención de entregarse a las autoridades.
Hace un mes este diario reveló que los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, presos en una cárcel de Nueva York, buscaron nuevos acercamientos con la Fiscalía, esta vez para entregar bienes a cambio de que algunas de las propiedades de su mamá y hermana no fueran tocadas.
Aunque en principio ofrecieron 19 bienes las autoridades terminaron por ocupar 66 en una primera fase. Esa investigación continúa para dar las propiedades que ‘los Comba’ tendrían en el exterior.
Los capos además buscan con la justicia de Estados Unidos un acuerdo para alcanzar una pena corta.
http://www.eltiempo.com/politica/jj-rendon-renuncia-a-la-campana-de-juan-manuel-santos_13938416-4
La oferta secreta de los narcos para entregarse
El Espectador conoció un documento de 109 páginas en el que capos de la talla de Daniel el ‘Loco’ Barrera, los hermanos ‘Comba’ y ‘Diego Rastrojo’ propusieron hace tres años entregar sus estructuras y someterse a la justicia a cambio de la no extradición. ‘Comba’ declaró que se le entregaron US$12 millones al asesor del presidente, J. J. Rendón.
El pasado 10 de diciembre, ante una fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, confesó desde Estados Unidos que entre 2010 y 2011 él y otros capos del narcotráfico, como Diego Rastrojo, Cuchillo y el Loco Barrera, adelantaron aproximaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos para desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico en el país. La propuesta fue remitida a través de un documento con las huellas de los mafiosos y un video, pero finalmente no cuajó porque, según Comba, se exigió un acompañamiento del gobierno americano que nunca llegó y “el Gobierno colombiano dilató el proyecto y empezaron a capturar a mi gente; al ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada tomo la decisión con el gobierno americano y me entrego”.
Lo grave de su declaración, conocida por El Espectador, es que Comba sostuvo que a J. J. Rendón, hoy asesor del presidente Juan Manuel Santos, estos narcos le entregaron US$12 millones para que desarrollara la fórmula de esta propuesta de sometimiento a la justicia y se la transmitiera al jefe de Estado. Consultado por este diario, Rendón desmintió la entrega de cualquier dinero, pidió a la Fiscalía ser investigado y recalcó que por su cercanía con el presidente Santos en 2011 unos abogados, que representaban a estos capos, le pidieron que sirviera como puente para hacerle conocer al alto gobierno una propuesta para desmovilizarse, entregar sus rutas y buscar salidas alternativas para ellos. Rendón aseguró que simplemente ofició como un canal para llevar esa correspondencia y que él mismo la entregó a la Fiscalía para su análisis.
“Ahí no hubo nada escondido. Todo quedó sobre la mesa. No estoy ni en licitaciones ni en componendas, y el que tenga algo concreto que denunciar que lo haga, pero con pruebas, no con chismes. Hubo una gestión. Me reuní con el presidente, le entregué eso y me fui. El presidente dijo que la Fiscalía se encargaría de eso. Esta denuncia parece otro complot en mi contra. Que abran una investigación y que prueben eso que dicen”, explicó Rendón. Su abogado Abelardo de la Espriella manifestó: “Le sugerí antes que nada poner el asunto en conocimiento del presidente y la entonces fiscal (Viviane Morales). Ambos funcionarios sabían de los acercamientos de J. J., que tenían como único propósito la entrega de un grupo significativo de narcotraficantes y generar un hecho político favorable al Gobierno. Entiendo que jamás se ventilaron acuerdos económicos, pero como apoderado de Rendón solicitaré una investigación para que la Fiscalía establezca el papel de mi representado en este bochornoso asunto”.
El Espectador investigó este asunto y accedió a un extenso documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera”, elaborado en junio de 2011, en el que se establecía que J. J. Rendón oficiaba como estratega general de esta propuesta, que tenía como facilitadores al exguerrillero del Eln Francisco Galán y Jorge Castañeda; y como mediadores a los abogados José Ignacio Londoño y José Mira. Varias fuentes consultadas por este diario confirmaron que este proyecto fue conocido por el alto gobierno, la exfiscal Morales, la dirección de la Policía, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los intermediarios del proceso y el presidente Santos. En esencia, el documento es un completo abecé del plan para que el 90% de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio de la no extradición y la exclusión de sus familias de procesos penales.
El proyecto comenzaba así: “Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno, la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental”. En las primeras páginas de esta propuesta de sometimiento se comparan otros procesos de negociación, como los ocurridos con el capo Pablo Escobar, los narcos Henry Loaiza, alias El Alacrán; Víctor Patiño Fómeque; Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; el propio proceso con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, y la entrega del jefe de la Oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, a la justicia de Estados Unidos.
Al revisar este cuadro comparativo se evaluaron si en esos procesos hubo aval de Estados Unidos, normas o leyes especiales, cuáles fueron los compromisos de los gobiernos de entonces, la entrega de las estructuras, rutas, armas, tierras, bienes y dinero de los ilegales y dónde cumplieron su pena. A renglón seguido se resalta en el documento que para la seguridad de las partes se debía crear un mecanismo de verificación que no descartaba veedores internacionales y un compromiso inamovible: no volver a delinquir. El proceso estaría sustentado en cinco premisas. La primera era que como resultado “de la fuerza disuasiva del Estado” estos actores debían desmontar el narcotráfico y sus estructuras, y entregarle al Estado toda la información sobre cultivos, laboratorios, informantes, enlaces con el Estado y toda la cadena del negocio. La segunda premisa era dejar sin su principal combustible a la violencia que generan “las guerrillas y las bacrim, así como las bandas y los combos en las ciudades”.
El tercer pilar señalaba que la entrega de miles de hectáreas de tierra por parte de estos capos le serviría al Estado para financiar proyectos productivos en las zonas de desarticulación de esta actividad ilegal. En ese contexto, el cuarto punto analizaba el impacto global en el mercado de drogas en Norteamérica y otros destinos de consumo. La última premisa concluía que era quizás esta negociación la última oportunidad para alcanzar la paz con estos actores del conflicto. En esta bitácora de aproximaciones aparece un documento titulado “Iniciativa Punto Final”, elaborado en octubre de 2010, en el que los capos firmantes señalaban su voluntad de contribuir a un proceso de reconciliación nacional, conscientes de que el narcotráfico “constituye un negocio rentable, pero cada vez más riesgoso”, que “ha generado una cultura de la violencia que ha dejado miles de muertes”.
En el documento en poder de El Espectador se leen los cálculos estimados para desmantelar sus organizaciones. Por ejemplo, los hermanos Comba y Diego Rastrojo prometieron sacar del negocio a 3.000 de sus hombres; alias Sebastián de la Oficina de Envigado, 2.000; los hermanos Úsuga, hoy jefes de los Urabeños, le manifestaron al obispo de Montería su intención de someter a 1.000 de sus miembros, lo mismo hizo alias Valenciano, quien dijo estar en capacidad de desmovilizar esa misma cantidad de hombres. Al final, Daniel el Loco Barrera y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, hablaron en conjunto de 1.200 integrantes. Lo curioso es que nunca se formalizó este proyecto de sometimiento y todos estos capos terminaron capturados, extraditados o negociando su entrega a Estados Unidos. En el documento se dejó constancia de que el narcotráfico se había atomizado y la única salida colectiva para frenar su expansión era un proceso así.
Tan detallada era la propuesta, que había análisis sobre cómo se movían las mafias del narcotráfico entre Urabá y Ecuador, las zonas de mayor riesgo y cultivos ilícitos e ideas concretas para suspender el negocio por el Pacífico, que según sus cuentas reduciría en un 60% las exportaciones de droga por esta zona; así como el compromiso de desarticular los corredores de la guerrilla de las Farc, la ubicación de sus cultivos e información sobre las rutas de salida de lanchas rápidas, submarinos y barcos con coca. La propuesta para detener el tráfico en el corredor entre Urabá y La Guajira, en donde hacen presencia los Urabeños, los Rastrojos y los Paisas, era lograr la reducción de un 50% de la circulación de la droga, al tiempo que se debían entregar datos confidenciales sobre los patrocinadores y sus enlaces con la Fuerza Pública.
Más adelante esta iniciativa aseguraba que los capos estaban en capacidad de entregar bienes y empresas, nombres de proveedores, socios y recursos en efectivo generados por esta actividad ilegal que serían puestos en custodia de un delegado oficial del Gobierno. Con otra garantía: la elaboración de un censo “de miembros directos e indirectos” de cada organización y bloquear cualquier intento de disidencia entre sus hombres con el objetivo de que ninguno se apoderara del negocio o se saliera del redil. En ese contexto se contempló la posibilidad de invitar a otras organizaciones a someterse a este proceso de “cooperación extraordinaria” sobre la base de dos condiciones: que el Estado retomara el control de las regiones donde se desmontaría la actividad ilegal y el aval de Estados Unidos y la comunidad internacional.
“Solicitamos la suspensión temporal de órdenes de captura y de cualquier orden de extradición con cualquier país con el que se tenga convenio, y solicitamos sus buenos oficios (se refiere al Gobierno) para alcanzar cualquier otra disposición que requiera el proceso para dar paso a los procedimientos que nos permitan llegar a la conclusión de estos compromisos”, reza uno de los apartes del documento. En el capítulo sobre el “Análisis de los actores” se especula que en principio podrían convertirse en aliados o apoyar este proceso el vicepresidente Angelino Garzón, dirigentes liberales de la talla de los expresidentes César Gaviria o Ernesto Samper, el electo congresista Horacio Serpa, el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera, los congresistas Jesús García, Mauricio Lizcano y Roy Barreras, representantes de la Iglesia como Rubén Salazar y monseñor Julio César Vidal, y hasta el hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En ninguna parte se especifica que todas estas personas hubieran sido consultadas para tal propósito.
En contraste, se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las Farc, los carteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que seguramente “pedirían renegociación”. Se proyectaron cuatro fases del proceso. La primera de exploración, en donde se concretaban manifestaciones voluntarias y unilaterales de los capos a través de cartas y mensajes directos enviados a monseñor Vidal y al jefe guerrillero Francisco Galán. La fase dos consistía en una carta de intención formal de lo que ellos denominaron “Plan de sometimiento y cooperación extraordinaria para el desmonte del narcotráfico en Colombia”. El tercer paso era la apertura del proceso de diálogo directo y reservado, que constaba de dos partes: la definición de un equipo mediador y de los interlocutores del Estado, así como de la elaboración del censo de hombres en armas, bienes y recursos dispuestos a entregar. A su turno debía estar lista una solución jurídica definitiva con Estados Unidos y la Fiscalía, y unos modelos socioeconómicos para erradicar el narcotráfico.
La última fase consistía en desarrollar una agenda conjunta de conversaciones, establecer tiempos y metodologías, definir unas rutas jurídicas y políticas, y elaborar unos escenarios y planes de comunicación para hacerle oficial al país estas negociaciones. Incluso se pensó en un Estado extranjero como Honduras para facilitar estos encuentros y la posibilidad de otorgar visas, de ser necesario, salvoconductos y autorizaciones, un grupo de seguridad y acompañamientos de organismos como la ONU. El documento es concreto en la obligación de los capos de ubicar caletas, acciones e inversiones en la bolsa y en el extranjero, de entregar casas, edificios, terrenos y hasta obras de arte, así como rutas y puntos de embarque, y un listado de sus colaboradores, georreferenciación de cultivos ilícitos y puntos de venta. También se analizó la posibilidad de que se acogieran a un principio de oportunidad para obtener rebajas procesales.
Además, se consideró el escenario de repatriar algunos extraditados a cambio de información y desmonte de sus estructuras e incluso un período de gracia de 90 días, que podía ser anunciado por el Gobierno una vez se hicieran públicos estos acercamientos, con el fin de atraer el mayor número de narcotraficantes a este acuerdo. Fue tan milimétrica la propuesta, que se aventuraron escenarios entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos, para “construir una alianza continental contra el narcotráfico”. En la semana 12 ya se habría anunciado un acuerdo de punto final, concretado la capitulación de estas organizaciones y se daría inicio a la etapa del posconflicto.
Se llegaron a considerar tres nombres de esta gigantesca operación que nunca se concretó: ‘Operación Punto Final’, ‘Operación Torrente’ y ‘Operación Caída y Mesa Limpia’. Y se definió que el gobierno Santos socializara esta iniciativa con el Congreso y las altas cortes, que se concretara un acuerdo de protección de testigos con Estados Unidos en Panamá y la eventual colaboración del gobierno de Honduras para acompañar la negociación. Además se dejó claro que cualquier filtración de este documento o las intimidades de estos posibles acuerdos pondría en riesgo el proyecto. Sin embargo, éste jamás vio la luz, al parecer como declaró Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría.
A pesar de que J. J. Rendón le dijo a este diario que nada de secreto tenían estas aproximaciones, lo cierto es que sólo hasta hoy el país se entera de la propuesta en detalle que en el año 2011 le formalizaron los mayores capos de la droga al gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, sí tomó forma el proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Justamente, hoy se discute en La Habana el tercer punto de la agenda relacionado con el narcotráfico. Fuentes consultadas por El Espectador aseguraron que se frustró este proyecto de sometimiento con los barones de la droga por múltiples razones y confirmaron que J. J. Rendón sí participó activamente en la gestación del plan. Él sostiene que ofició como un simple mensajero y que poco se enteró de las minucias del proceso. Ahora deberá responder a la acusación de que se le entregaron US$12 millones para cabildear esta propuesta, un señalamiento que él redujo a un nuevo complot en su contra.
Las negociaciones con ‘narcos’ en los 80
En medio de la crisis política que vivía el país, azotada por la mano oscura del narcotráfico, los medios de comunicación dieron a conocer supuestos documentos en los que se proponía un preacuerdo entre los gobiernos de la época y los más temidos narcotraficantes: Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Según se conoció, la primera reunión se dio en 1983 con miembros del gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, los capos del cartel de Medellín le entregaron una propuesta al expresidente Alfonso López Michelsen, quien se la hizo llegar al Presidente. Sin embargo, todos los intentos se vinieron abajo en 1984 cuando en julio de ese año El Tiempo público un reportaje llamado “Narcotraficantes formulan propuesta al Gobierno nacional”, en el que ofrecían el desmonte de su negocio, con entrega de laboratorios, pistas clandestinas y repatriación de capitales, entre otras concesiones, a cambio de neutralizar la extradición de los narcotraficantes y suspender los operativos contra sus bienes materiales y sus familias. Pese a ello, con el escándalo mediático todo quedó sepultado hasta cuatro años después.
El segundo intento de sometimiento
El baño de sangre no cesaba y los narcotraficantes del cartel de Medellín buscaban por todos lados la posibilidad de evitar ser extraditados a través de una negociación con el Gobierno en 1988. Algo parecido a lo que hicieron en el 83 y 84. Todo parecía ir por buen camino, pero la publicación de una columna de opinión en el diario ‘La Prensa’, el 7 de octubre de 1989 en la que relataban en detalle la negociación que habían adelantado el exministro antioqueño Joaquín Vallejo, el secretario de Presidencia Germán Montoya Vélez, el abogado Guido Parra, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, reversó las pretensiones de los ‘narcos’. Todo quedó en el olvido y la propuesta de retirarse del negocio de la droga y desmantelar otras organizaciones, a cambio de acabar con la extradición y gestionar una amnistía patrimonial para sanear sus capitales, jamás se concretó.
La oferta del cartel del Norte del Valle
El 23 de diciembre de 2002, monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, obispo de la Diócesis de Buga, le comentó al entonces ministro de Justicia y del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, que los máximos jefes del cartel del Norte del Valle estaban dispuestos a iniciar una negociación con el Gobierno con el fin de no ser extraditados.
Se trataba de una oferta realizada por Hernando Alberto Gómez, alias Rasguño, Diego León Montoya, alias Don Diego y Wílber Varela, alias Jabón, quienes a través de la iglesia intentaron hacer llegar sus pretensiones al gobierno Uribe, que desde esa época ya empezaba los primeros diálogos con los paramilitares.
El Espectador reveló esta información el 12 de enero de 2003 y en esa ocasión las fuentes le advirtieron que no se podía hablar del tema porque apenas estaban en etapa exploratoria, pero que los ‘narcos’ se habían comprometido a desmontar el negocio, entregar rutas, laboratorios y cultivos, el sometimiento a la justicia colombiana, a cambio de que sus penas fueran purgadas en cárceles del país y la garantía de no ser extraditados.
Carlos Castaño y la DEA
Una de las principales hipótesis sobre la muerte de Carlos Castaño es que todo se produjo por su acercamiento a las autoridades norteamericanas, especialmente a la DEA. Era el año 2004 cuando el máximo jefe del paramilitarismo colombiano empezó a darse cuenta de que los nexos de las autodefensas con los carteles de la droga tarde o temprano se conocerían. Sin embargo, lo que supuestamente ocasionó que el menor de los Castaño fuera asesinado por orden de su propio hermano Vicente fue que se opuso a que narcotraficantes se colaran al proceso de Justicia y Paz. Cosa que terminó sucediendo, ya que en mayo de 2008 varios jefes paramilitares y narcotraficantes terminaron en cárceles de Estados Unidos porque se demostró que siguieron delinquiendo desde prisión y traficando droga a Europa y Estados Unidos.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/oferta-secreta-de-los-narcos-entregarse-articulo-490272
Pruebas que vinculan a JJ Rendón con el narcotráfico serán consignadas a la AN
El presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, informó que este martes serán consignados ante el Poder Legislativo, los documentos que vinculan al asesor político de derecha JJ Rendón con el narcotráfico.
La información la dio a conocer en su programa Con el Mazo Dando, transmitido todos los lunes por Venezolana de Televisión (VTV), tras referirse a las pruebas que ofreció el pasado viernes, en rueda de prensa el ministro de Interior , Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre los planes de sedición de grupos antichavistas.
«Todo el mundo sabe que recibiste 12 millones de dolares del narcotráfico», indicó el parlamentario al referirse a JJ Rendón.
En días pasados el diario colombiano El Espectador publicó documentos que precisan cómo Rendón recibió 12 millones de dólares de manos de tres capos para, presuntamente, conseguirles con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia un acuerdo de rendición a cambio de la no extradición.
Tras divulgarse esta información Rendón presentó su denuncia al equipo de campaña del actual mandatario colombiano, que aspira a ser reelecto.
La manipulación como estrategia
Juan José Rendón ha asesorado durante los últimos 27 años campañas presidenciales de Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Porfirio Lobo, entre otros, teniendo como principal estrategia el descrédito y desprestigio de los adversarios de sus clientes.
Una de ellas, y que abiertamente Rendón ha admitido aplicar es «Estrategia: Las tres eses», en la cual crea falsas informaciones relacionadas con el sexo, la salud y sueldo de quien sea el blanco de su campaña de descrédito.
El posicionar la idea de un supuesto «fraude electoral» fue otra de las ideas de Rendón y fue esa precisamente la que lo dio a conocer en 2004, como impulsor de esa matriz luego del revés opositor en el referendo revocatorio de 2004.
Fue asesor de la campaña del derechista Henrique Capriles Radonski, durante las pasadas elecciones presidenciales y los rumores sobre la salud del Presidente Hugo Chávez, fueron su «estrategia».
En algunos correos enviados por Rendón, él asegura que «cae de maravilla» la muerte de la actriz Mónica Spear, que se produjo a comienzos de año y fue utilizada para el juego mediático.
«Esto lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional, vamos a solicitar una investigación y vamos a consignar estos documentos», resaltó Cabello, que leyó algos correos enviados por Rendón.
Asimismo en las pruebas y correos que se develaron se muestran mensajes enviados por este asesor al secretario de Estado de los Estados Unidos, Jhon Kerry, durante el mes de febrero, donde habla de que la desestabilización en Venezuela les convenía a todos.
Es tiempo de justicia
Con respecto a la Fiesta Mexicana, génesis del plan sedicioso denunciado por el ministro Miguel Rodríguez Torres, el presidente de la AN indicó que es fundamental la aplicación de medidas justas por parte del Estado.
«Nosotros vamos a investigar, no vamos a descansar, no es la situación del 2002, esta es la hora de la justicia, el pueblo clama justicia», afirmó Cabello
Indicó también que el encuentro, efectuado en 2010 para diseñar un plan golpista contra el gobierno venezolano, evidenció los nexos de sectores derechistas con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Parte de los objetivos del encuentro se detallan en un correo electrónico enviado por Gustavo Tovar Arroyo, financista de grupos guarimberos, para el derechista Pedro Burelli, con fecha del 20 de octubre del año 2010.
En ese sentido, Cabello señaló que Tovar Arroyo también ha propiciado la creación de supuestas organizaciones no gubernamentales «que son utilizadas para conspirar, para arreciar los planes de los organismos norteamericanos que se encarguen de la conspiración de los países».
Durante todos estos años de planes, embestidas y ataques contra el Gobierno de Venezuela, Gustavo Tovar Arroyo ha mantenido constante conexión con Leopoldo López, quien a su vez hace enlace con Manuela Bolívar, Yon Goicoechea, David Smolansky, Vilka Fernández, Daniel Ceballos, Freddy Guevara, Roderick Navarro, Juan Requesens, entre otros.
Además, Tovar Arroyo sostiene permanente comunicación con el ex presidente de México Vicente Fox, y con José Antonio Colina Pulido, un militar retirado involucrado en la colocación de bombas en la Embajada de España y el Consulado de Colombia, en Venezuela, en febrero del año 2003, cuando el Presidente Hugo Chávez presidía las mesas de diálogo con la oposición venezolana, tras el golpe de Estado fallido de 2002.
