Frente a jueces y fiscales de todo el país, reunidos en el XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Cartagena, la Corte Suprema de Justicia le dio este jueves al presidente Juan Manuel Santos un espaldarazo clave para la negociación de paz con las Farc.
Al entregarle la escultura de una paloma que representa la paz, elaborada con 50 piezas que significan a su vez medio siglo de guerra, el presidente de la corte, Leonidas Bustos, le dijo a Santos que “toda la Rama Judicial lo acompaña” en el propósito de ponerle fin a la guerra.
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“La Corte Suprema de Justicia y la justicia en Colombia creen en la paz y confían en su prudente juicio, en su ponderación”, aseguró el Presidente de la corte. Y agregó que “las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición soberana del destino de la nación”, y, que, en cambio, “el derecho ha de servir al fin máximo de conseguir y mantener la convivencia pacífica del país”.
En Cartagena, la justicia ordinaria está reunida para hablar de justicia transicional, paz y posconflicto. En esa línea, el magistrado Bustos le dijo al Jefe de Estado que “tiene en sus manos una misión muy importante para Colombia: devolverles a las víctimas y a todos los colombianos la esperanza y la fe en un país viable”. Según afirmó, “la guerra ha sido la principal causa de negación de derechos humanos” en la Colombia de los últimos 50 años, por lo que corresponde buscar una justicia transicional que permita “terminar la guerra, reincorporar a la vida civil a los combatientes y, por supuesto, dignificar a las víctimas”.
La posición de la cabeza de la justicia penal en el país es clave porque se trata del ente que resolverá, en última instancia, el monto de la pena que deberán pagar los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado. En el pasado, la Corte Suprema cambió radicalmente el panorama de la negociación de paz entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares al considerar, en un fallo determinante, que estos no podían recibir beneficios políticos, y, por lo tanto, en su caso no cabían indultos ni amnistías para sus desmovilizados.
El mensaje de Santos
En Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos insistió en que si en Cuba hay un acuerdo sobre justicia transicional, se podría dar un cese bilateral y definitivo del fuego antes de un acuerdo final.
Según Santos, superar ese “escollo” llevaría a una situación de no retorno en el proceso: “Si ese obstáculo lo superamos, lo digo así de claro, habremos avanzado lo suficiente para pensar en la posibilidad de un cese del fuego bilateral y definitivo. ¿Y por qué? Porque ya estamos prácticamente al otro lado, y nadie justifica seguir una guerra cuando la paz está al alcance de la mano”.
No obstante, advirtió que ese eventual escenario debe estar supeditado a condiciones reales de verificación y cumplimiento, como la concentración de la guerrilla en zonas determinadas, así como la entrega de armas.
“Si miramos el proceso de paz, ustedes lo saben, no cabe duda de que hemos avanzado más que en ningún otro intento realizado con las Farc –dijo– (…). La justicia transicional será el mecanismo que nos ayudará a dar el paso del conflicto hacia una sociedad que convive en armonía”.
Gobierno ya tiene mapa para empezar a implementar el posconflicto
El Ministerio del Interior y la Fundación Ideas para la paz realizaron un exhaustivo estudio en zonas donde tradicionalmente ha existido presencia guerrillera y allí se identificaron las fallas en cuanto a la presencia institucional y las necesidades de inversión para la transformación de estos territorios cuando culmine la negociación de paz.
Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia son los departamentos con mayor número de municipios incluidos en esta meta.
Según los diagnósticos del estudio que se desarrolló durante varios meses a través de diálogos con las comunidades, estos municipios tienen graves problemas de corrupción, inseguridad, fallas en los sistemas de salud y educación y problemas de comunicación vial, lo que hace débil la presencia del Estado.
Llama la atención que dentro de los municipios donde se detectan las problemáticas hay al menos 5 ciudades capitales.
De estos 281 municipios, 38 son de Cauca: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Guapi, Inzá, Jambaló, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Miranda, Morales, Padilla, Paez, Patía, Piamonte, Piendamó, Puerto Tejada, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Santander de Quilichao, Silvia, Suárez, Sucre, Timbío, Timbiquí, Toribio, Totoró.
En Nariño son 37: Ancuyá, Arboleda, Barbacoas, Contadero, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, El Tambo, Guachucal, Guaitarilla, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Magüi, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Policarpa, Providencia, Puerres, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San Pablo, Santa Bárbara, Santacruz, Taminango, San Andres de Tumaco y Túquerres.
En Chocó son 26: Quibdó, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, El Cantón del San Pablo, Carmen del Darien, Condoto, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Río Iro, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía y Unión Panamericana.
En Antioquia son 26: Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Campamento, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El Bagre, Frontino, Ituango, Murindó, Mutatá, Peque, Remedios, San Andrés de Cuerquía, Segovia, Tarazá, Urrao, Valdivia, Yarumal, Yondó y Zaragoza.
En Meta son 14: Cubarral, El Castillo, Granada, Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa.
En Huila son 14: Neiva, Algeciras, Baraya, Colombia, Garzón, Gigante, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Palermo, San Agustín, Santa María y Tello.
En Tolima son 13: Ataco, Cajamarca, Chaparral, Cunday, Natagaima, Planadas, Ortega, Prado, Purificación, Rioblanco, San Antonio, Valle de San Juan y Roncesvalles.
En Valle del Cauca son 12: Buenaventura, Bugalagrande, Calima, Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, San Pedro, Sevilla y Tulúa.
En Norte de Santander son 12: Abrego, Chitagá, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y Toledo.
En Caquetá son 12: Florencia, Belén de Los Andaquies, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Solano.
En Casanare son 10: Yopal, Aguazul, Hato Corozal, La Salina, Nunchía, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sácama y Támara.
Bolívar son 8: Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.
En Arauca son 7: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
En Putumayo son 7: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Leguízamo, San Miguel y Valle del Guamuez.
En Boyacá son 7: Chita, Cubará, Guican, Labranzagrande, Pajarito, Paya, Pisba.
En Cesar son 6: Aguachica, Agustín Codazzi, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego.
En La Guajira 6: Albania, Fonseca, Maicao, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva.
En Cundinamarca son 4: Cabrera, Venecia, Pasca y San Bernardo.
En Santander son 4: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Simacota.
En Guaviare son 4: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.
En Córdoba son 3: Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta.
En Vaupés son 3: Mitú, Caruru y Taraira.
En Vichada son 3: Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo.
En Risaralda son 2: Mistrató y Pueblo Rico.
En Amazonas son 2: La Chorrera y Puerto Alegría.
En Caldas es 1: Belalcázar
En algunos de ellos ya están listos los Centros de Integración Ciudadana y falta el diseño y la implementación de las políticas de seguridad, convivencia, diálogo social y paz territorial.