El impacto de la gratuidad en la calidad – Diario La Tercera, Chile
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Acuerdos políticos y concesiones de último momento han permitido al Gobierno sacar adelante su anhelado proyecto de gratuidad para la educación superior. No se trata, por cierto, de una reforma que aborde esta materia de forma integral, sino simplemente de una glosa presupuestaria que financiará en 2016 las carreras a un limitado grupo de alumnos de menores recursos que opte por las instituciones que cumplan con los requisitos aprobados por el Congreso de la República.
Como consecuencia, tanto el sistema de educación superior como los propios estudiantes enfrentan ahora un proceso de admisión cargado de interrogantes y sin ninguna claridad sobre los lineamientos que definirán el financiamiento de esta nueva institucionalidad en el mediano y largo plazo.
A pesar de ello, algunas universidades privadas han optado por adherir al sistema. Se trata de anuncios que llaman la atención, considerando que sus máximos representantes ejercieron un público y relevante rol cuestionador del proyecto oficialista, tanto por sus deficiencias técnicas como por objeciones al fondo de una política que traslada el subsidio desde la demanda a la oferta, con los consecuentes desincentivos a la calidad y al libre albedrío de los estudiantes.
Ninguno de estos cuestionamientos resultó debidamente atendido durante la acelerada tramitación del proyecto que siguió al rechazo del Tribunal Constitucional a la iniciativa original. Por el contrario, representantes de al menos dos de los planteles privados que optaron por sumarse a la gratuidad han planteado un escenario deficitario en sus ingresos que pone en riesgo sus respectivas apuestas por la calidad educacional.
Sin embargo, los directivos de estas universidades privadas deberán reconocer que se trata de un riesgo inherente a un concepto de educación superior que, más allá del debate sobre las fórmulas de financiamiento, siempre estuvo presente en el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Porque la política de gratuidad está muy lejos de garantizar o fomentar la calidad y así lo confirmó el propio Gobierno al excluir del requisito de acreditación mínima de cuatro años a las universidades estatales.
El arancel de referencia determinará, a partir de ahora, el estándar de calidad que el fisco estará dispuesto a financiar y las universidades que integren el sistema no tendrán más alternativa para subsistir que recurrir a una suerte de subsidio interno permanente o rebajar sus costos a los niveles promedio de los planteles que integran el Consejo de Rectores.
Suponer que el Estado se hará cargo de esta diferencia, como reclaman algunos directivos de las casas de estudio que optaron por la gratuidad, implica desconocer la raíz ideológica de una reforma que no solo persigue otorgar educación sin costo para estudiantes de menores recursos, sino principalmente moldear el sistema educacional chileno y colocar trabas para la existencia de planteles de excelencia que compitan por captar a los egresados de mejor rendimiento.
Este es el impacto que debieron considerar aquellos centros de estudios superiores que optaron por las facilidades financieras y comunicacionales de corto plazo que supone la adherencia a un sistema del cual, difícilmente, podrán renunciar ni tampoco criticar con la coherencia de quienes defienden la vigencia de un modelo educacional que ha permitido a miles de estudiantes acceder a la educación superior.