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Indagación por presunto peculado “sería décimo quinta investigación fiscal ¡ni Al Capone!”, reacciona Rafael Correa
El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, sobre quien la Fiscalía abrió una investigación por presunto peculado, derivado del caso Balda, recalcó que esta se convertiría en la décimo quinta indagación en su contra. Correa insistió en que “me quieren inhabilitar de por vida, porque tienen terror de mi regreso al país”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) dispuso la apertura de una indagación judicial por peculado (malversación de fondos públicos) en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, en relación al caso del secuestro a Fernando Balda.
La disposición se da después de que, el miércoles 7 de noviembre del 2018, el ex mandatario fuera llamado a juicio por el presunto secuestro del activista Fernando Balda.
Este delito estaría vinculado al proceso abierto por la Fiscalía para investigar el Caso Balda y se trata de un delito vinculado a un posible mal uso de fondos del Estado, que según la legislación de Ecuador no prescribe.
“Podría haber la presunción de peculado, en este caso, por lo que se debería analizar toda la información que se tiene”, indicó la Fiscal General subrogante, Ruth Palacios.
La reacción del ex Mandatario llegó, a través de su cuenta en la red social de Twitter, en la que indicó: “Ésta sería DÉCIMO QUINTA investigación fiscal (¡ni Al Capone!), y con ella me quieren inhabilitar de por vida, porque tienen terror de mi regreso al país”.
“Pero no existe persecución política… ¡es pura imaginación! Resistiremos y venceremos”, enfatizó.
Una semana para que la Interpol analice el caso de Rafael Correa
El Tribunal que juzgará el caso Balda quedará conformado mañana (13 de noviembre del 2018). La Secretaría de la Corte Nacional de Justicia realizará un sorteo para elegir a los tres jueces. Ellos conformarán el Tribunal de Garantías Penales, que estará a cargo de dictar sentencia a favor o en contra de Diana Falcón y Raúl Chicaiza, los policías acusados del secuestro de Fernando Balda.
Para el expresidente Rafael Correa y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, también procesados en este caso, el juicio queda suspendido hasta que regresen al país. Esto debido a que el Código Penal (Art. 560) dice que no se podrá instalar la fase de juzgamiento sin la presencia de la persona procesada, excepto en ciertos delitos como el peculado.
Sobre Correa, la Policía Internacional (Interpol) tiene plazo hasta el lunes 19 de noviembre para notificar si acepta o no la difusión roja, es decir si ordena su localización y captura o la rechaza.
Así lo confirmó Enrique Espinosa, director Nacional de la Policía Judicial.
En cambio, sobre Romero, su retorno al país está en manos de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, en España, ya que en ese país reside el exfuncionario.
Según la Procuraduría General, el Ecuador había solicitado la extradición de Romero por medio de una nota diplomática el pasado julio.
Luego de un análisis de los hechos, la semana pasada, el fiscal español concluyó que “procede acceder a la solicitud de extradición de Pablo Romero”. A partir de este pronunciamiento se debe cumplir un plazo de 13 días, para que el fiscal justifique su decisión y luego Ecuador podrá argumentar su pedido.
Investigan a correa por dos delitos más
Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía y se desprende de un documento que incluye numerosos gráficos sobre la causa que ha llevado a un auto de apertura de juicio contra el exmandatario y otros tres exfuncionarios del anterior Gobierno.
“La Fiscalía General del Estado ha dispuesto la apertura de investigaciones por presunto peculado y fraude procesal”, señala el organismo en la red social.
Se trata de un delito relacionado con un posible mal uso de fondos públicos que habría hecho el expresidente para que se llevara a cabo el secuestro del exasambleísta opositor Fernando Balda en Colombia en agosto del 2012, caso por el que se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica.
De acuerdo a la legislación, el delito de peculado no prescribe.
La jueza nacional Daniella Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio contra Correa el pasado miércoles, al concluir la fase previa judicial en un proceso en cuyo expediente se menciona que se emplearon fondos públicos para contratar el vehículo en el que fue retenido Balda en Bogotá por parte de agentes ecuatorianos, antes de ser liberado por las autoridades colombianas.
Balda había anunciado sus intenciones de presentar en los próximos días ante la Fiscalía una demanda por peculado, que de ser aceptada podría obligar a Correa a permanecer en el extranjero permanentemente como prófugo.
El exmandatario, que gobernó en Ecuador entre los años 2007 y 2017, ha asegurado que no tiene intenciones de regresar al país, al considerar que es objeto de “una persecución política” y que no tendría un juicio justo, y estudia solicitar el asilo en Bélgica, donde reside desde julio del año pasado.
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