En la mañana de este jueves, la Corte Constitucional analizó el caso de la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y decidió que se anula el llamado a urnas para que los capitalinos definan la suerte política del mandatario local.
La decisión es respuesta a un recurso instaurado por la Registraduría Nacional que pedía que se revocara una sentencia de esta misma corporación que le ordenaba a la entidad electoral reactivar el proceso de revocatoria de mandato de Petro.
Quien ordenó reabrir el caso del alcalde fue la magistrada Gloria Ortiz, en marzo pasado. Ante el nuevo anuncio, la Registraduría indicó que programar unas elecciones atípicas afectaría de manera sensible el erario.
Se estima que el llamado a urnas tendría un valor cercano a los 338.000 millones de pesos, monto que muchos consideraron desproporcionado a sabiendas que en octubre próximo se conocerá el nombre del nuevo mandatario de los bogotanos.
En el análisis, que se hizo este jueves, la Corte indicó que pudo existir una presunta negligencia por parte de la Registraduría al no llamar a urnas en el plazo que fijó el alto tribunal en su sentencia de marzo pasado.
El tiempo que se fijó en ese momento era de dos meses para organizar los comicios.